Diputado Longton (RN) anuncia acusación constitucional contra jueza que otorgó libertad condicional a único imputado por crimen de Ámbar

El diputado Andrés Longton anunció una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien en el año 2016 -junto a un grupo de magistrados- otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, único imputado por el asesinato de la menor Ámbar Cornejo, ocurrido en Villa Alemana.

Desde su entorno explican que, “haciendo uso de sus facultades, hará la presentación este lunes por notable abandono de deberes, como representante del distrito donde residía la fallecida menor”.

“La juez cometió una negligencia inexcusable ya que omitió y no tomó en consideración un informe negativo por parte de Gendarmería en que se señalaba de forma lapidaria que esta persona no reunía ninguna condición para poder recuperar la libertad”, argumentó el parlamentario.

“Esto amerita acusarla constitucionalmente por notable abandono de deberes y que sea destituida de su cargo”, agregó.

El legislador está preparando el texto y luego comenzaría a recabar los apoyos de los diputados. Para presentar la acusación requiere de al menos 10 firmas de legisladores.

Más tarde y en conversación con Mega, el diputado de Evópoli, Pablo Kast, también anunció “el apoyo a una acusación constitucional contra la jueza que presidió la comisión (...) Esperemos que prospere y esto se convierta en un caso ejemplar para la justicia chilena”. Ésta será respaldada por todos los integrantes de la bancada y el partido.

Respecto a la acusación anunciada por Longton, el ministro del Interior, Víctor Pérez sostuvo que se trata de una atribución de los diputados.

“No voy a opinar de las decisiones que tomen las bancadas que son absolutamente autónomas ni de las atribuciones que tienen”, expresó durante la tarde de este viernes.

El único imputado por el crimen de la adolescente Ámbar fue condenado por homicidio simple -y no calificado- y a una pena de 27 años de presidio tras asesinar en 2005 a su expareja y al hijo de la mujer que era menor de edad.

En ese contexto - y tras solo 11 años en la cárcel- fue uno de los más de 1600 beneficiados con la libertad condicional que en 2016 concedieron distintas Cortes de Apelaciones del país.

Según consignó un reportaje de Revista Sábado publicado en agosto de 2016, la carpeta con los antecedentes de Bustamente -y la de otros 800 reclusos- llegó en abril de ese año a manos de la presidenta de la comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, instancia encargada de otorgar dichos beneficios.

Antes de hacer la revisión caso a caso, Donoso “reunió a los cinco jueces con los que dirimiría, para ponerse de acuerdo sobre los parámetros con los que se otorgarían los beneficios, que suelen variar región a región”, relata el texto periodístico.

En este sentido, los magistrados decidieron ceñirse al pie de la letra de ley, siguiendo el espíritu de varios fallos de la Corte Suprema de años anteriores, que situaban las libertades condicionales “más como un derecho que como un beneficio”, se lee en el texto publicado por Sábado. Es decir, todos los que cumplieran con el requisito de buena conducta y tuviesen la mitad de la pena cumplida saldrían en libertad, como fue el caso de Bustamante.

En particular, al hombre lo favorecía una excepción: el artículo tres del Decreto de Ley 321 sobre libertades condicionales establecía que “a los condenados a más de veinteaños se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho esta quedará fijada en veinte años”.