Diputados aprueban y despachan a ley el control policial migratorio en tensa sesión

La oposición inició esta semana una ofensiva en materia migratoria, presionando a La Moneda para pronunciarse respecto a la idea de penalizar el ingreso irregular al país y aplicar urgencia a proyectos que no estaban contemplados en el acuerdo para acelerar la tramitación de una treintena de proyectos en materia de seguridad. Desde el Ejecutivo, el director de Migraciones Luis Thayer dijo que el gobierno está abierto a penalizar faltas graves en materia de ingresos irregulares, sin embargo advirtió en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que la penalización también puede afectar “los procesos de reconducción, puede sobrecargar al Ministerio Público principalmente en las regiones del norte y al sistema penal completo”.

En las propuestas que han hecho está la de habilitar “Centros de Detención Provisoria” para albergar a los migrantes con ingreso irregular.

Hoy, en una tensa sesión en Sala, los diputados abordaron el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. La enmienda necesitaba el voto favorable de 89 legisladores. Se aprobó con 120 votos a favor, tres en contra, de Mónica Arce, Tomás Hirsch y Félix González, además de 13 abstenciones, principalmente de la bancada del Partido Comunista.

La sala, además, respaldó las modificaciones del Senado en el proyecto que modifica la ley que amplía las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería. Así, por 84 votos a favor, 44 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en tercer y último trámite el proyecto.

Ambas iniciativas se despacharon para que sean promulgadas como ley.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, explicó tras la sesión las iniciativas aprobadas.

“Uno de ellos es una discusión inmediata que el Ejecutivo puso a una reforma constitucional que va a habilitar para que posteriormente cambiemos la ley y cuando se hacen procesos de expulsión haya más tiempo para hacer efectivo este trámite. Hoy solo son 48 horas y ese plazo es muy breve. El segundo proyecto le va otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones. En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones”, planteó.

Respecto al el control policial migratorio, según detalla el sitio de la Cámara de Diputados, las modificaciones aprobadas apuntan básicamente a tres aspectos. El primero de ellos suprime el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI, a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.

El segundo suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación.

En tanto que, el tercero dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas; otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello.

La futura ley amplía las hipótesis de control preventivo de identidad y dota a las policías de nuevas herramientas para identificar a personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos.

Si en un control preventivo de identidad la persona no puede acreditar encontrarse en situación migratoria regular, el funcionario deberá registrarla y trasladarla para ponerla a disposición de la PDI, dentro del más breve plazo.

Si al momento de ser puesto a disposición de la autoridad migratoria el sujeto sometido a control mantuviera pendientes notificaciones relacionadas con procedimientos de expulsión se procederá a su notificación inmediata, dejando constancia de la debida recepción mediante firma del extranjero.

Andrés Longton cuestionó la postura del oficialismo. “Uno le pide algo muy simple al gobierno y a sus parlamentarios, convicción en que la migración irregular le está haciendo un profundo daño a nuestro país, independientemente de la situación humanitaria”, dijo.

También criticó a exparlamentarios que ahora son ministros, al Presidente Gabriel Boric por opiniones en sus tiempos de diputado y a parlamentarios del FA que fueron al Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley de Migración y Extranjería para que la norma no operara. “Es decir, para que no hubieran mayores facilidades para expulsar a migrantes irregulares que habían ingresado por pasos clandestinos, muchos de ellos que venían a delinquir como lo hemos visto sobre todo en el último tiempo”, sostuvo.

Sobre lo mismo, dijo que espera que empiece a cambiar la lógica de ver con “romanticismo” a quienes ingresan “por la ventana” al país y no cumplen con las leyes como cumple cualquier nacional o cualquier migrante que ingresa por la frontera de manera regular.

Juan Antonio Coloma, en tanto, lamentó que en ocho meses de tramitación el Ejecutivo no dispuso urgencia al proyecto. “Hoy aprobaremos el control de identidad para migrantes ante un gobierno que ha sido incapaz de movilizarse y de entender lo que le está pasando a Chile. Fue la comisión, el Parlamento y la Cámara de Diputados los que estamos alzando la voz para poder tener medidas concretas”, sostuvo.

Agustín Romero, por su parte, dijo que “la situación migratoria en Chile se encuentra en un momento crítico”.

“Tenemos que decir las cosas como son, los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional y para la seguridad pública (...) esta situación va a terminar muy mal”, advirtió.

Por otro lado, en relación al trabajo del Servicio Nacional de Migraciones, Joanna Pérez puntualizó en que le falta más “musculatura”. Y que, si bien no ha pedido la renuncia de su director, cree que puede “mejorar su gestión”.

“Creo que el traer una persona nueva que se meta en el tema va a ser complejo, por eso yo respaldo la acción del gobierno en estas materias, pero también le pido que podamos ordenar la casa”, señaló.

Lorena Pizarro (PC) manifestó su rechazo a “aquellos discursos de odio, donde se deja leer que la maldad está instalada en la población migrante”.

“Este no es un proyecto de ley que habla de la delincuencia, habla de la migración irregular (…) Me indigna que en este Parlamento de Chile exista tanto odio, tanto repudio a la migración pobre que llega a nuestro país y no así a los migrantes dueños de grandes empresas que por décadas nos han rebatado todo”, expresó en una argumentación que fue cuestionada por el diputado UDI Juan Antonio Coloma, por, según dijo, haber asociado pobreza, migración y delitos.