Diputados de Chile Vamos acuden a Contraloría para pedir sanciones a funcionarios públicos en paro

A las 11.00 de este viernes, los diputados de Chile Vamos Andrés Molina (Evópoli), María José Hoffmann (UDI) y Diego Schalper (RN) llegarán hasta la Contraloría para solicitar un pronunciamiento del organismo por la paralización de funcionarios públicos en distintos servicios y regiones del país.

A través de un documento –al que accedió La Tercera–, los parlamentarios dicen que algunos funcionarios públicos "llevan más de 32 días de paros y movilizaciones, dando lugar a graves interrupciones de servicios de utilidad pública e inactividad administrativa, generando perjuicios a la población y comprometiendo, a su vez, la responsabilidad patrimonial del Estado".

Por ello, los legisladores solicitan al contralor la aplicación de la normativa legal que impide la paralización de actividades en el sector público y, en caso de ocurrir, sanciona esas prácticas con descuentos en las remuneraciones por los días no trabajados. Esto, en virtud del artículo 19, número 16, incisos quinto y sexto de la Constitución, que dispone la prohibición de huelga a funcionarios del Estado y municipios o a quienes realicen su labor en servicios de utilidad pública "o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional".

Por otra parte, el artículo 72 de la Ley 18.834 dispone que "por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permiso posnatal parental o permisos con goce de remuneraciones".

"La paralización de algunos funcionarios públicos ha traído un enorme perjuicio para las personas. Hablamos de adultos mayores que no han podido realizar sus trámites, vecinos que han perdido sus recursos viajando entre comunas para encontrarse con oficinas cerradas y atenciones médicas que se han postergado", dice el diputado Molina, mencionando la paralización de cuatro centros de Salud Familiar en la Región de La Araucanía. Así, sostiene que "aquellos que hoy están en huelga tienen que entender el daño que están provocando". Y agrega: "Reconocemos la validez de las demandas sociales, pero no podemos permitir que, en algunos casos, se esté dejando sin atención total a comunidades completas. Hay un deber ético que hay cumplir".

En esta línea, la diputada Hoffmann dice que "hay muchos enfermos que no se han podido atender ni operar, familias que no pueden hacer sus trámites", por lo que pide a los funcionarios públicos "entender que la primera prioridad son los chilenos. Las demandas que todos compartimos no pueden ser a costa de las necesidades de los demás".

"Hacemos un llamado a los dirigentes sindicales a entender que las legítimas demandas también tienen que encontrar como contrapeso el derecho de las personas a obtener servicios públicos de calidad. Por lo tanto, nuestra convicción es que la Contraloría se tiene que pronunciar", agrega, en la misma línea, Schalper.