Durante media hora los diputados Gustavo Benavente (UDI), Ximena Ossandón (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Luis Sánchez (P. Republicano), Joanna Pérez (P. Demócrata), Andrés Jouannet (Amarillos) y Sara Concha (Partido Social Cristiano) estuvieron reunidos con el objetivo de ir aterrizando las ofensivas que han activado desde el sector contra el gobierno.

En particular, apuntan principalmente contra las ministras Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer), en el marco del caso Monsalve. Sin embargo, son por razones distintas, pues en el caso de la jefa de gabinete, la cuestionan por ser la superior jerárquica del exsubsecretario; mientras que a la titular de la cartera de Mujer, está en la mira de los diputados de centroderecha a raíz de una ácida declaración que entregó en la sesión especial de la Cámara en que se analizaron las implicancias políticas del caso Monsalve.

“No van a ser quienes han estado históricamente en contra de los derechos de las mujeres quienes nos van a decir cuándo se acaba nuestro impulso feminista”, dijo la secretaria de Estado, desatando el malestar de los parlamentarios.

La importancia de la cita entre los dirigentes de oposición es porque fue el primer encuentro entre los diputados de todas las fuerzas del sector, con el objetivo de afinar una ofensiva coordinada. La necesidad de aquello, dicen, es el adverso historial de acusaciones constitucionales que tienen, dada la presentación de libelos que no fueron coordinados ni conversados con todas las bancadas.

Respecto de la reunión, la diputada Ossandón aseguró que “quedamos de evaluar todas aquellas herramientas constitucionales que tenemos para hacer fiscalizaciones, que van desde ver a quién se invita a la comisión investigadora, posibles interpelaciones, incluso el día de mañana nadie se cierra a una acusación constitucional”.

El subjefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, agregó que, en primer lugar, van a actuar en la comisión investigadora. “Si siguen apareciendo nuevos antecedentes, nadie va a cerrar la posibilidad de una acusación”, añadió.

Guzmán, en tanto, sostuvo: “Acordamos evaluar cómo los antecedentes avanzan y si son constitutivos de infracciones constitucionales”.

Y agregó: “Seguimos coordinados para una próxima reunión que será la próxima semana, para analizar antecedentes que surjan de aquí a ese día”.

La diputada Concha consideró que esta primera reunión “es un avance importante” en la coordinación de los bloques opositores. “Son varias las alternativas que tenemos sobre la mesa”, sostuvo la presidenta del Partido Social Cristiano, entre ellas, la interpelación.

Sin embargo, en el sector no existe mayor convencimiento respecto de esta última herramienta, pues el análisis que existe es que para el ministro interpelado es relativamente sencillo zafar de las consultas del diputado interpelador, no logrando el objetivo que se busca.

Además, afirma un diputado en privado, para el caso de la ministra Tohá es aún más complicado concretar una interpelación, pues aducen a su tonelaje político para sortear con facilidad esa ofensiva.

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), por su parte, señaló que “nosotros hemos definido converger en un mecanismo de fiscalización eficiente y que no se cometa el mismo error de las acusaciones constitucionales anteriores y que sea una acción que realicen todas las oposiciones”.

Sumado a las ofensivas legislativas, desde las bancadas también reforzaron las peticiones de renuncia de la titular del Interior.

Los últimos días, quienes han intensificado ese emplazamiento fueron los republicanos y el Partido Demócrata.

Los primeros, en un comunicado del martes, señalaron: “Las acciones de la ministra constituyen un acto abierto de obstrucción a la justicia y a la investigación; una infracción grave a la igualdad ante la justicia y la ley; y una afrenta inaceptable para millones de chilenos”.

En el caso de la bancada Demócrata, mediante un comunicado, expresaron: “Los gravísimos hechos del caso Monsalve suman y siguen, lo último que se ha conocido a través de la prensa es que el exsubsecretario activó gestiones con la Policía de Investigaciones tras reunirse con la denunciante, quien le dejó en claro que no hubo consentimiento. Esto se suma a la advertencia que la ministra Tohá hizo a Monsalve respecto a la incautación de su teléfono”.

Al respecto, la diputada Pérez afirmó que “es insostenible que la ministra continúe en el cargo. No sé qué está pensando este gobierno, y sin duda, como oposición, tomaremos una decisión”.

Y añadió: “Nosotros somos una oposición constructiva y dialogante, pero nos obligan a tomar decisiones que el país espera. Si el gobierno no actúa esta semana, se arriesga a que presentemos una acusación constitucional”.

En el marco de las arremetidas contra la ministra Tohá, es que la tarde de este miércoles fue invitada a la comisión de Seguridad de la Cámara para que diera cuenta del proceder de las autoridades de gobierno, previo y posterior a la denuncia en contra de Monsalve.

Sin embargo, la titular de la cartera no asistió, pero sí lo hizo el subsecretario del Interior, Luis Cordero, acompañado de los directores de Carabineros y de la PDI, Marcelo Araya y Eduardo Cerna, respectivamente.

Este último fue sometido a una dura ronda de preguntas por parte de los diputados de oposición, quienes le consultaron distintos aspectos de los hechos y, especialmente, de las dudas que han dejado las declaraciones de las autoridades de gobierno.

En ese sentido, Cerna explicó que “en el llamado del día 15 en la noche, se comunica conmigo el oficial más antiguo del procedimiento que estaba en el lugar de residencia u hospedaje del exsubsecretario y me pregunta si tengo la posibilidad de contactar al exsubsecretario, porque la Fiscalía y el equipo investigador necesitan hacer actuaciones en el lugar”.

Y agregó: “Yo, como ya lo había hecho en el día, mantengo la misma línea de comunicación, le pido a la ministra que lo contacte porque se requiere hacer actuaciones en el lugar de hospedaje, estando la Fiscalía y los detectives en el lugar”.

En la ronda de preguntas, el diputado Andrés Jouanett (Amarillos) le consultó si es normal que las escoltas dejen de custodiar a las autoridades, a lo que Cerna le respondió que había un sumario al respecto y que no todos los protegidos por dichos escoltas aceptan que estén custodiados “24/7″.

Las explicaciones del director de la PDI, sin embargo, no dejaron conforme a los parlamentarios de oposición, que a través de sus preguntas hicieron ver sus dudas de por qué era necesario avisar a la ministra. Incluso, le pidieron dar cuenta de protocolos para implementar estas diligencias.