Pandora Papers: oposición impulsará acusación constitucional contra Piñera y espera votar libelo antes de elecciones de noviembre

A dos días de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore; los diputados de oposición anunciaron que presentarán una Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, uno de los aludidos en el caso.

El pasado domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot-, donde se dio cuenta de que la familia del Presidente Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La indagatoria reveló que en diciembre de 2010 Délano -amigo del jefe de Estado- compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia Piñera-Morel, en US$152 millones; y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión.

Es a raíz de estos antecedentes -que según el Mandatario, no constituyen delito, ya que estaban en conocimiento de la justicia, la que sobreseyó el caso-; que parlamentarios del bloque opositor (PS, FA, DC, PPD y FRVS) resolvieron impulsar la acción.

El diputado Daniel Núñez (PC), informó desde el Congreso: “Como bancada de diputados PC vamos a ratificar el apoyo a esta Acusación Constitucional. No podemos en este minuto darles detalles de la argumentación jurídica, porque evidentemente eso tiene que construirse con el rigor, con el expertice que requiere, y son los abogados los que están trabajando hoy, en este minuto”.

Según Núñez, el equipo jurídico ya está conformado de manera de avanzar en la redacción del libelo, con el objetivo de presentarla “sí o sí” la próxima semana. “Queremos que esto se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, porque consideramos que es importante que la ciudadanía sepa, conozca todo lo que ha pasado y todas las actitudes absolutamente indecorosas que ha tenido Sebastián Piñera como Presidente de la República. Y cómo ha comprometido el honor de la nación al privilegiar el lucro e interés privado sobre la defensa del medioambiente”.

“Uno de los puntos que uno más ha escuchado en la prensa es que estos hechos estarían, entre comillas, prescritos, tanto penalmente como desde el punto de vista político, porque habrían ocurrido en su primer gobierno”, continuó el diputado comunista.

“Sin embargo, yo quiero recordarles algo que está absolutamente probado: Yo tengo en mi poder los documentos del Diario Oficial, que señalan que el 5 de marzo del 2018 el Consejo de Ministros de la expresidenta Michelle Bachelet aprobó la creación de un área costera marina protegida en el borde de la comuna de La Higuera, y que hoy la responsabilidad del Presidente actual, a través de un decreto, es fijar los límites de dicha área, cosa que hasta la fecha no ha hecho. Y ese hecho está absolutamente vinculado a la venta del proyecto Dominga, absolutamente vinculado a esta tercera cláusula y es un acto de este gobierno”, acusó Núñez.

Por su parte, la diputada de Comunes, Claudia Mix, expresó en representación del Frente Amplio: “Como bancada del FA, hoy en una reunión, ratificamos nuestro compromiso de apoyar esta Acción Constitucional. Por cierto no solo van a estar nuestras firmas en el líbelo, si no que también nuestros votos en la sala”. A lo que Gonzalo Winter (CS) agregó: “los comandos presidenciales no están trabajando ni digitando esta Acusación”.

En la misma línea, el socialista Jaime Naranjo, también confirmó el apoyo del PS: “Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo, y también por comprometer gravemente el honor de la patria”.

Andrea Parra (PPD) manifestó que se realiza la Acusación porque “alguien tiene que ponerle un límite a su constante basureo a la República. El episodio Pandora Papers es la gota que rebalsó el vaso. El medio ambiente se protege, no se transa en Islas Vírgenes, Señor Presidente”. Por parte del Partido Radical, la diputada Marcela Hernando dijo: “Estamos absolutamente convencidos de que existen razones suficientes para acusarlo constitucionalmente y por eso es que vamos a estar apoyando este líbelo”.

Mientras que desde la bancada demócrata cristiana, Gabriel Ascencio manifestó que la DC decidió “estar disponible”. “La directiva del partido ha dicho que estos son hechos que se tratan de un escándalo mundial y que el Presidente Piñera figure en portada de varios diarios del mundo o su nombre se repita en medios de alta reputación mundial, lesiona gravemente la imagen de nuestro país”.

Al ser consultado por los votos DC en esta Acusación, el diputado Ascencio respondió: “Eso lo vamos a ver cuando votemos (...) Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la DC. Estoy diciendo que es una apuesta”.

Desde la oposición aseguran que cuentan con los votos de todas las bancadas y que estas pusieron a disposición del líbelo a sus asesores jurídicos, entre ellos, Gabriel de la Fuente por parte del PS, Carlos Musri por parte del PC, y por la DC estará Carolina Allende.

Consultados por La Tercera PM, distintos abogados constitucionalistas analizan el eventual juicio político donde discrepan respecto de si existen o no fundamento técnico para impulsarlo. Mientras el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Javier Contesse, considera que hay una “controversia jurídica” en la temporalidad de la eventual acción acusatoria, ya que “La Constitución señala expresamente que la Acusación Constitucional debe ser interpuesta mientras el Presidente está en funciones o dentro de los seis meses siguientes a la expiración de su cargo. Nada dice, sin embargo, sobre si ese período presidencial debe ser el mismo período en que tuvo lugar la infracción. Esto genera un problema interpretativo”.

Mientras que el abogado socio de Grupo Evans, Eugenio Evans, sentenció: “Esto ocurrió hace 10 u 11 años y no tiene ningún sentido plantear una Acusación Constitucional”.

También desde el Congreso, el ministro Segpres, Juan José Ossa, dijo que la herramienta constitucional “está siendo utilizada para fines políticos y electorales, a pocas semanas de una elección parlamentaria y presidencial”, dijo reiterando la defensa ya realizada desde Presidencia.

“Eso es tan obvio, que cuando se conoció esta noticia el domingo en la tarde, ya el lunes en la mañana se anunciaban acusaciones constitucionales. Sabemos que ninguno de los antecedentes conocidos como los Pandora Papers añadió nada nuevo que no hubiese conocido la justicia ni la opinión pública”, expresó negando que amerite que se impulse un líbelo.

“Lamentamos que diputados de oposición no hayan querido oír que jamás, ni el Presidente ni familiares de él, crearon una sociedad para este propósito en el extranjero. Esta sociedad fue creada por quienes hicieron este fondo de inversiones y son los señores Larraín-Vial. (...) Creemos que estar haciendo uso electoral de esta manera, es realmente es algo que no ayuda a la democracia ni al país”, sentenció Ossa.

Desde el oficialismo, el jefe de la bancada RN, el diputado Leopoldo Pérez, manifestó, en la misma línea del gobierno, que “Es otra maniobra mal utilizando una herramienta que la propia Constitución y las leyes nos otorgan a los parlamentarios para afectar un probable resultado electoral, porque la verdad de las cosas es que el argumento que dieron para la Acusación, no tiene ningún asidero. Yo creo que esto ya es una borrachera, es el colmo de los colmos”.

“Para que la ciudadanía lo tenga claro, se necesitan solo diez firmas para una Acusación Constitucional, o sea se juntan 10 firmas y acusan a un Presidente de la República. (…) es muy fácil acusar, generar el punto político. Desvían la atención del país hacia un tema puntual. (...) Aparecen los partidos de la ex Concentración porque ellos no han podio despegar, y obviamente que el Frente Amplio y el Partido Comunista se van a sumar a cualquier iniciativa que sea desestabilizar un país, desestabilizar un gobierno, porque es parte de su ADN”, agregó Pérez calificando la acción como un “despropósito”.

Mientras que el diputado UDI, Guillermo Ramírez, dijo: “En primera instancia, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema esto se investigó, y en la Corte Suprema por unanimidad se consideró que aquí no había nada irregular. Sería muy raro que la justicia, que es la encargada de investigar y pronunciarse, diga una cosa y que luego la Cámara de Diputados pretenda destituir al presidente por los mismos hechos”.

“Aquí, nuevamente hemos plasmado lo peor de la oposición, que ni siquiera son capaces de interpelar. No son capaces de iniciar una nueva comisión investigadora, sino que lo que buscan es obtener un beneficio electoral”, agregó el también diputado UDI, Juan Antonio Coloma.