Diputados de oposición ingresan Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera

Tal como anticiparon el martes, los jefes de bancada de la oposición se reunieron en la Cámara de Diputados la mañana de este miércoles para firmar e ingresar formalmente el texto de la Acusación Constitucional en contra el Presidente Sebastián Piñera tras las revelaciones de los denominados Pandora Papers sobre el proyecto minero Dominga y en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público al respecto.

El libelo fue presentado a 9 de la mañana, con la intención de realizar en la misma jornada el sorteo para determinar a los integrantes de la comisión revisora que deberá estudiar la acusación. “Se va leer en la cuenta de hoy para sortear los integrantes de la comisión. Esperamos tener fortuna y que esté representada la oposición y que se vote antes del 21 de noviembre”, dijo temprano el diputado comunista Daniel Núñez.

A las 10 horas finalmente se dio inicio al trabajo en sala con la lectura de la cuenta, cuyo primer punto fue la acusación. Con ello, se procedió a realizar el sorteo para definir a los integrantes de la comisión revisora. Los parlamentarios que conformarán la instancia serán Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (Ind.-RN) y Maya Fernández (PS). Esta última será la presidenta de la instancia.

Por haber firmado el libelo, estaban excluidos del sorteo los 15 diputados que pusieron su rúbrica en la acusación: Marcelo Díaz (Unir), Félix González (PEV), Marcela Hernando (PR), Tomás Hirsch (AH), Pamela Jiles (PH), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (PC), Emilia Nuyado (PS), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD), Juan Santana (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC), Pablo Vidal (NT) y Gonzalo Winter (CS).

Tampoco podían participar, por liderar la mesa de la Corporación, Diego Paulsen (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Rodrigo González (PPD).

La comisión revisora deberá escuchar a quienes impulsan la acusación, así como también a la defensa del secretario de Estado. El comité deberá emitir un informe, el cual no tiene un carácter vinculante, para cuando la sala deba votar el libelo.

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras -por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado, el Presidente se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación -la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este mandato- se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot-, que dio cuenta de una millonaria compraventa de la minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas realizada entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano.

Según el reportaje, la tercera cuota a pagar por los Piñera Morel habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso.

La semana pasada el organismo dio a conocer la decisión adoptada por fiscal nacional, Jorge Abbott. Así, se indagará una nueva arista que buscará esclarecer si el Presidente realizó u omitió gestiones, en su calidad de funcionario público, que pudieran incidir en la tercera cláusula del contrato y que daba cuenta de la condición de un tercer pago de la transacción entre las familias Piñera y Délano.

“En nuestro país felizmente hay Estado de derecho y las instituciones están funcionando. El Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público están haciendo su trabajo, y también nosotros como Cámara y ente fiscalizador. (...) El Presidente, quien debe dar el ejemplo, atenta contra la imagen del país. Nos causa dolor y pena que Chile viva esta situación por culpa del Presidente de la República”, señaló el diputado Jaime Naranjo (PS) tras la presentación del libelo.

En tanto, Ascencio, jefe de bancada DC, expresó sentirse “tranquilo, contento y satisfecho de participar como jefe de bancada en lo que es probablemente la acción más unitaria de la oposición”.

El texto acusatorio, que consta de 99 páginas, se funda en dos capítulos acusatorios: el primero por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Según detalla el documento, “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, esto es, que cometió “actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación”.

Mientras que el segundo capítulo acusatorio, argumenta que el “Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”.

Además, se insta a que se cite a 54 invitados a la Comisión encargada del estudio preliminar de esta acusación, y que se presenten documentos como los contratos que den cuenta de la venta del Proyecto Dominga, comprobante del pago de la tercera cuota del contrato de compraventa de acciones del Proyecto Dominga con sede en Islas Vírgenes Británicas, el Informe de la Comisión Especial Investigadora N°39, entre otros.

Luego de que la oposición concretara la acusación, desde el Congreso, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, manifestó: “esperamos que los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a este clima de inestabilidad. Los presidentes son elegidos por mandato popular, y su mandato termina después de cuatro años, no cuando un grupo de parlamentarios de ultraizquierda quiere”.

“Cambia el escenario porque estamos frente a un golpe blanco. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y no quieren un traspaso de mando democrático y republicano como corresponde el 11 de marzo”, continuó el vocero.

“No es solamente este gobierno, se daña la institución de la Presidencia. La campaña se ha tornado a lo más sucio, pero no todo se vale, como pretenden algunos de ultra izquierda. (...) Se han dedicado (la oposición) a presentar acusaciones sin fundamentos. Quienes la impulsaron son la izquierda más radical, cuando saben que no tiene ningún fundamento jurídico. El antecedente ‘nuevo’ es una traducción del inglés. Es un tema ya visto por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones donde fue sobreseído”, concluyó Bellolio.

Apuntando también al momento electoral, el titular de la Segpres, Juan José Ossa, expuso por su parte: “desde el día en que aparecieron los denominados Pandora Papers, a las pocas horas, se anunció una acusación constitucional. No se esperó tener ningún antecedente y lo que hemos visto hoy día es lo mismo. Vimos asesores corriendo, literalmente, prácticamente papeles volando para poder llegar en este momento, porque si se presentaba hoy (miércoles) antes de las 9:30 horas se espera que se vote la acusación constitucional en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales”.

Al respecto, agregó: “nos sorprende este apuro, este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Y la verdad es que no habíamos visto en la historia de Chile un premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional.

Una vez sorteados los integrantes de la comisión se debe notificar al acusado -al tercer día de entregado el libelo- quien tiene un plazo de diez días para realizar y presentar su defensa. Posteriormente la comisión tiene seis días para estudiar la acusación y determinar su postura. Luego la Cámara deberá votar.

La defensa puede invocar -o no- la denominada cuestión previa: mecanismo con el que cuestiona que la acusación en su contra no cumple las condiciones reglamentarias. Si los diputados acogen la solicitud se cae la acusación, ya que se da como no presentado el libelo. Eso ocurrió, por ejemplo, con la anterior acusación en contra de Piñera presentada por la oposición en 2019. Si se rechaza, se continúa con la votación para discutir el fondo.

En caso de que no se invoque, se procede derechamente a la votación del libelo. De rechazarse, no se podrá renovar la discusión ni insistir en la acusación. Si es aprobado, el acusado queda suspendido de sus funciones a la espera del resultado en el Senado. Sin embargo, desde el gobierno han dicho internamente, y algunos abogados concuerdan, que eso no correría en el caso de la figura del Presidente.

En caso de llegar al Senado, la Cámara Alta tiene entre cuatro y seis días para fijar la votación de la acusación. Por tratarse del Presidente de la República, se requiere un quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio para aprobar la acusación. Si eso ocurriese, el Mandatario sería destituido del cargo y no podrá ejercer o desempeñar ninguna función pública por cinco años.