Diputados de oposición ingresan acusación constitucional contra el ministro de Educación y Figueroa defiende su gestión durante la pandemia

Esta jornada un grupo de parlamentarios de oposición -liderados por la diputada de Comunes, Camila Rojas- ingresaron la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El libelo está compuesto por tres capítulos (ver subtítulo) y 142 páginas donde se fundamenta las faltas a la Constitución y las leyes en las cuales habría caído el secretario de Estado.

Además de Rojas, la acusación fue patrocinada por sus pares opositores de la comisión de Educación: Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Juan Santana (PS), Mario Venegas (DC y presidente de la Comisión), Rodrigo González (PPD), junto a los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS) y Marcela Hernando (PR).

Y en él se acusa al secretario de Estado de haber presuntamente infringido la Constitución en el artículo 19 N° 10, referido al Derecho a la Educación; el 19 N°1, referido al Derecho a la Vida; el inciso segundo del artículo 5, relativo a tratados internacionales, y el artículo 7, relativo al principio de legalidad. Además precisa que se han vulnerado varios textos legales referidos a la subvención escolar y al retiro voluntario, entre otros.

“El ministro Raúl Figueroa no ha respetado la Constitución ni las leyes. El Mineduc no inyectó un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos. Y lo más grave y lo que venimos a denunciar es que muchos establecimientos educacionales, especialmente los municipales, recibieron menos recursos que en año no pandémico”, sostuvo la diputada Rojas.

La militante de Comunes aseguró, además, que “la situación de las escuelas en Chile es tan precaria y el abandono es tan evidente, que si no estuviésemos en pandemia hay quienes no pueden volver. El ministro Figueroa no ha asegurado el derecho a la educación en ninguna de sus modalidad: virtual, presencial o híbrida. En Chile hay niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados, porque no se asegura el derecho a la educación”.

Su par, Juan Santana, en tanto, argumentó que “en el caso del ministro Figueroa hemos constatado que ha batido todos los récords: no hay presupuesto para la educación pública; se han vulnerado leyes que tienen relación con esta línea; hay abandono completo respecto a las mejoras en las condiciones laborales de los docentes, que en un contexto de pandemia debiesen ser completamente distintos; y por otra parte, se ha expuesto profundamente la integridad física y psíquica de las comunidades escolares, no generando las condiciones sanitarias ni de seguridad para que estas puedan realizar un retorno a clases presenciales en completa seguridad”.

Mientras que la diputada PC, Camila Vallejo, aseguró que aquí “se está vulnerando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en lo que respecta a su derecho a la educación y el resguardo de su identidad física y psíquica. El Mineduc no solo no ha puesto más recursos, no ha adecuado las leyes y además ha permitido la disminución de los recursos para dar continuidad y resguardo al derecho a la educación, tanto en el modo virtual como presencial. Hay menores que desde el año pasado no han podido conectarse a las clases. Es decir, no han tenido su derecho a la educación. Y esto es porque no se han destinado los recursos para generar la infraestructura tecnológica que se requiere para dar continuidad al derecho a la educación”.

En tanto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, planteó que “hemos hecho esta acusación porque la respuesta que ha habido por parte del Gobierno, y en particular del ministro de Educación frente a la dificultades que ha tenido la educación, ha sido la más inadecuada de todas las respuestas posibles, pasando a llevar la Constitución y las leyes, y de ninguna manera mitigando los riesgos sanitarios a los que se ve expuesta la comunidad educativa. Lo importante es entender que estas omisiones del Gobierno repercuten y generan la vulneración de garantías fundamentales como el derecho a la educación, a la vida, a la integridad física y psíquica de la comunidad escolar, tanto de profesores y estudiantes, como de las y los asistentes de la educación”.

Temprano, La Tercera informó sobre los tres capítulos que contiene el libelo acusatorio contra el titular de Educación.

• Primer capítulo: vulneración del derecho a la educación

En este capítulo, el más largo, los argumentos se dividen en ocho apartados que “representan ejes temáticos en los cuales se ha evidenciado el actuar negligente y derechamente ilegal del Ministerio de Educación y, en particular, del Ministro Figueroa”. Se refiere a temas como ausencia de recursos adicionales a los ya contemplados en las leyes de presupuestos para enfrentar la pandemia; omisión en la regulación de las clases a distancia; subvenciones que implicaron fuertes disminuciones en el financiamiento de los establecimientos; disminución del porcentaje de alumnos prioritarios; situación de las aulas hospitalarias; brecha digital, etc.

Entre los antecedentes puestos sobre la mesa, se indica que se entregaron recursos para acelerar el retorno a las escuelas “presentados comunicacionalmente como fondos concursables”. Junto con recalcar que no hubo un aumento de fondos, se afirma que “la maniobra comunicacional omitió señalar que los beneficiados corresponden sólo a 389 establecimientos educacionales, lo que representa apenas un 7,56% del total de 5.141 establecimientos de educación pública. La ausencia de recursos ha sido criticada por una serie de alcaldes, algunos de la misma coalición de gobierno, como es el caso del Alcalde de Puente Alto, Germán Codina”.

Asimismo añaden que el Ministerio solo a aquellos colegios que retornaron a clases presenciales a partir de julio del 2020, se les consideró una asistencia media para pagarles la subvención completa anual, lo que -de acuerdo al escrito- derivó en que “el 48,58% de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, recibieron menos ingresos el año pandémico 2020 que lo que recibieron el año 2019 por concepto de subvención general. Por su parte, en el caso de los establecimientos municipales, más de la mitad de ellos, un 54,02%, recibió menos recursos”.

Concluyen que “el abandono ministerial y el perjuicio a la educación pública, especialmente, son hechos probados y demostrables que acusan una negligencia grave en el ejercicio de las funciones a las que, como se verá, el Ministerio y el Ministro están obligados”.

• Segundo capítulo: vulneración de los trabajadores de la educación

En esta sección se enmarcan dos situaciones diferenciadas que, según los autores, constituyen infracciones graves al derecho nacional e internacional, y “tienen en común una vulneración a los derechos y a las condiciones laborales de docentes y de asistentes de la educación. En primer lugar se da cuenta del abandono y desprotección respecto a las condiciones laborales durante la pandemia; y en segundo lugar, respecto al incumplimiento del bono incentivo al retiro”.

Respecto de lo segundo, se sostiene que a “una gran cantidad de profesores” que han postulado al bono al retiro hace cuatro años, aún no se les hace efectivo el pago, “pues el Ministerio no entrega los recursos a los sostenedores para cumplir con este proceso (…) muchos de ellos (docentes) están con serios problemas de salud, algunos incluso están prontos a cumplir 70 años de edad y aún no hay una respuesta de parte del Ministerio”.

• Tercer capítulo: amenaza a la vida e integridad física y psíquica

En el libelo se recuerda la insistencia del ministro en la vuelta a clases, es decir a la presencialidad de manera absoluta. Se despliega un informe de fiscalización de la Contraloría al “Programa de Retorno a Clases Presenciales de los Establecimientos Educacionales”, respecto del cumplimiento efectivo de los protocolos sanitarios en los establecimientos que iniciaron el año escolar en marzo de 2021, el cual -según el documento preliminar- “arroja un sinnúmero de irregularidades, omisiones e incumplimientos, los que evidentemente reflejan la deficitaria situación en los establecimientos que no garantizan un retorno seguro”.

Con este antecedente, se indica en el texto que el ministro Figueroa en “su actuación personal, ha infringido la Constitución en los preceptos señalados, pues, queda en evidencia el grave déficit de las condiciones mínimas y efectivas que se requieren para un retorno a clases presenciales en condiciones seguras, lo que a lo menos configura un aumento del riesgo, es decir, una amenaza a la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente a los menores de 12 años, que a la fecha no tienen vacuna disponible”.

Minutos después de ingresado el libelo, el ministro Raúl Figueroa abordó la ofensiva opositora en su contra.

Si bien dejó en claro que aún no ha podido leer la acusación y que por ello, no iba a opinar del fondo de la misma, sí aseguró que “los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones”.

“Ahora ciertamente significa hoy, en un momento en que todo el país debe estar destinando su tiempo, energía y trabajo a cómo resguardar el bienestar de niños y jóvenes en el sistema educativo, esa acusación implica desviar precisamente ese tiempo, recursos, dedicación y ese compromiso. La acusación va a obligar a que el Congreso se dedique a conocer ese libelo. Nosotros, mientras tanto, seguiremos trabajando con un principal objetivo que es cómo asegurar, como lo hemos hecho desde el primer día de la pandemia, que nuestros niños y jóvenes tengan un efectivo derecho a la educación y ningún tipo de acusación nos va a desviar de ese objetivo”, agregó.

El secretario de Estado defendió su gestión y afirmó que “hemos hecho todo lo necesario en un contexto complejo para apoyar al sistema educativo, para entregarle la máxima seguridad a las familias para que puedan tomar una decisión informada respecto de la vuelta a clases, para apoyar todo el proceso de educación a distancia y mitigar así al máximo los efectos complejos que tiene el Covid en el sistema educativo. Creemos que hoy, más que nunca, se requiere un esfuerzo adicional y conjunto, para que todos nuestros alumnos tengan la posibilidad de acceder a la educación que merecen”.

Por su parte, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio afirmó: “Que haya un grupo de parlamentarios que lo que quieren hacer es prohibirle a las familias chilenas que sus hijos puedan volver a clases es algo simplemente inaudito. Simplemente no se entiende. Cómo pretenden acusar a un ministro de Educación, que lleva 20 años trabajando en educación, privarlo de que pueda ejercer cualquier tipo de cargo público por 5 años por hacer su trabajo. Y hacer su trabajo es que niños, niñas y adolescentes puedan volver a clases con las condiciones sanitarias adecuadas. Y ellos se quieren negar a que las familias chilenas puedan escoger aquello”.

Y agregó: “Lo que pretenden hacer es sacarse la medalla de oro, ahora que vienen las olimpiadas, en el récord mundial del absurdo, porque es castigar a un ministro por 5 años sin que pueda ejercer cargos públicos ni pueda estar relacionado en ámbitos públicos porque está tratando de hacer su trabajo: que los niños, niñas y adolescentes puedan volver con las condicione sanitarias adecuadas”.

Mientras que desde Chile Vamos también salieron a rechazar el líbelo y defender a Figueroa.

“Acusan al ministro por hacer lo evidente: que es que los niños vuelvan a clases. Qué les dice el PC y el FA a los padres que tienen niños con necesidades educativas especiales, los niños con trastorno del espectro autista, con síndrome de down, aquellos que necesitan de la presencialidad que es tan importante. En todas las partes del mundo se vuelve, acá no. Acá se quiere impedir que los niños vuelvan a clases cuando el país se está desconfinando. ¿Quién lo explica? Por qué nuevamente tenemos una nueva acusación constitucional? Es tremendamente absurdo”, aseguró el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Luis Pardo (RN), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, afirmó que “esta acusación nuevamente utiliza a los niños como un pretexto para fines políticos. Esta acusación pone por delante del interés de los padres, de las familias, del interés del sistema escolar, del interés políticos, de ciertos gremios y de partidos, que ven en la polarización una forma de hacer política. El ministro de Educación ha cumplido con su deber constitucional de respaldar el derecho a la educación. Y lo ha hecho con un programa de vuelta a clases totalmente voluntario. Los mismos que hoy acusan al ministro presentaron un proyecto para prohibir la vuelta a clases”.

Mientras que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) aseguró que “hoy el PC y Gabriel Boric buscan acusar al ministro de Educación por permitirle a los padres elegir si quieren volver a clases. Hago un llamado a la oposición a dejar de bailar al ritmo del PC y a Gabriel Boric a dejar de seguir al pie de la letra el mandato del PC y empezar a hacer propuestas para mejorar la educación y no para atacar al ministro”.