Diputados de oposición solicitan que Contraloría se pronuncie por supuesto incumplimiento de ministra Siches en falsa denuncia sobre vuelo de migrantes

Continúan los coletazos. A las 11.30 horas los diputados de oposición (UDI, RN, Evópoli y Republicanos) ingresaron un oficio a la Contraloría General por supuesto incumplimiento de la ministra del Interior, Izkia Siches, en relación al “deber de la denuncia establecido en el Código Procesal Penal y el Estatuto administrativo”. Esto, luego de que el miércoles de esta semana -en medio de una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados- la jefa de gabinete denunciara que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera uno de los vuelos de expulsión de migrantes salió de Chile y retornó con todos los pasajeros.

Como si de un efecto dominó se tratara, las declaraciones de la secretaria de Estado han provocado una serie de acciones y reacciones. Rodrigo Delgado, extitular de la cartera, salió al paso para descartar los hechos. Siches pidió disculpas. La ministra se reunió con el Presidente Gabriel Boric el jueves, quien le hizo un llamado de atención en privado y luego le entregó su respaldo público.

Por otro lado, la oposición -en bloque- cuestionó la falsa denuncia de Siches y envió una carta al gobierno pidiendo explicaciones. Y ya en horas de la tarde de este jueves, se abrió una investigación sumaria para esclarecer la entrega de la información.

En tanto, en el oficio de la oposición -al que tuvo acceso La Tercera- los parlamentarios detallan los hechos cronológicamente y sostienen que la ministra sostuvo “un especial tono de convencimiento” en su intervención en la Cámara Baja, y que “se deja entrever que tuvo ella acceso a información, fue alertada o conocía fuentes sobre un potencial ilícito sancionado penalmente”.

Más adelante puntualizan que “aún cuando con posterioridad a su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana la Cámara de Diputados la ministra fuere advertida respecto de la falsedad de los hechos, queda en evidencia que dispuso de días para hacer la denuncia frente a hechos de extrema gravedad, y respecto de los cuales prefirió emitir declaraciones en medios públicos, mas no dar concreción a su obligación legal en los términos que establece el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo”.

En ese sentido, acusan que la secretaria de Estado “omitió su deber de denuncia frente a hechos que consideraba como ciertos y fidedignos, o en su defecto profirió afirmaciones falsas a sabiendas de ello, lo que importa, al menos, una infracción al Principio de Probidad que debe informar el accionar de todos los servidores públicos”.

Es por esto que solicitan que el ente contralor “fiscalice y vele por la preeminencia del principio de legalidad y probidad en la función pública”.

En un punto de prensa, el diputado RN, Andrés Longton, expresó que “la ministra de Estado debe tener un mínimo de diligencia al momento de emitir sus dichos, diligencia que no tuvo, ni siquiera indagó de manera medianamente responsable la veracidad de estos hechos”.

“Ella se enteró de esto el 1 de abril, o bien antes, y si se enteró por cualquier vía ella tenía la obligación -como ministra de Estado- haber denunciado los hechos. Si no, claramente estamos ante una ministra que sabiendo que los hechos eran falsos, mintió y la falto a la verdad deliberadamente”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Alessandri (UDI), hizo un emplazamiento. “¿Va a aceptar Raúl Soto que se mienta en una instancia formal y se disculpe por un tweet? yo creo que el Presidente de la Cámara de Diputados debiera dar más y también el país debiera dar más”.