Diputados de RN ofician a Interior y al Servicio Nacional de Migraciones por contratación de vuelo destinado a expulsión de 60 venezolanos

A través de una solicitud de oficio, un grupo de diputados de Renovación Nacional liderados por José Miguel Castro, oficiaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá; al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, tras conocerse por una investigación de CIPER que esta última autoridad cerró un contrato por trato directo (sin concurso ni licitación), un vuelo chárter Santiago-Caracas, para concretar la expulsión de 60 ciudadanos venezolanos para el día 26 de abril de 2023.

Cabe señalar que el vuelo tuvo un costo para el Estado chileno de US$237.218 (poco más de 190 millones de pesos), según consta en la Orden de Compra Nº1220190-344-SE23.

Y es que en el documento enviado por medio del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, se señaló que de acuerdo con una resolución exenta del 19 de abril de este año, el Servicio Nacional de Migraciones afirmó que “actualmente solo es posible materializar expulsiones de ciudadanos venezolanos en vuelos comerciales, para lo cual se debe solicitar autorización a cada aerolínea y con la restricción de dos expulsados por cada vuelo comercial, situación que limita el número de expulsiones diarias que se pueden materializar de ciudadanos de dicha nacionalidad”.

En esa misma resolución, el Servicio Nacional de Migraciones argumentó que la empresa Estelar Agencia de Viajes SPA “otorga la seguridad y confianza necesaria para la ejecución de la presente contratación”.

Y agregó que tiene la capacidad “para otorgar la correcta entrega del servicio de traslado de 60 ciudadanos de nacionalidad venezolana a su país de origen, junto a los escoltas de la Policía de Investigaciones (...) Asegurando el aterrizaje del avión en dicho país”.

Es en ese contexto que la bancada de Renovación Nacional le pidió a la ministra Tohá, al subsecretario Monsalve y a Thayer, que puedan “informar de la realización de otras compras de chárter”. Además, que “tengan como finalidad llevar a cabo las ordenes de expulsiones administrativas y judiciales emitidas”.

Asimismo, se solicitó la “copia de los actos administrativos que llevaron a su ejecución e incorporar un listado en donde se especifique: proveedor; monto de compra; fecha de realización del vuelo; especificaciones técnicas solicitadas al proveedor y el número de pasajeros, detallando el número de expulsados y el número de escoltas de la Policía de Investigaciones que efectúa el viaje”.

En esa misma línea, también se pidieron las copias de “las estimaciones de cálculo financiero que se efectuaron para llevar a cabo la realización del trato directo” y un informe “respecto a las conversaciones que ha llevado el Estado de Chile con el gobierno de Venezuela, con el propósito de poder emplear aviones institucionales de la Fuerza Aérea de Chile u otra institución gubernamental”.

Un punto importante que se solicitó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones, es que se explique por qué se argumenta que la Estelar Agencia de Viajes “otorga seguridad y confianza” para llevar a cabo el contrato “en circunstancias a que la empresa reinició sus operaciones recién hace algo más de un mes en nuestro país, luego que a mediados de 2020, el régimen venezolano de Nicolás Maduro le quitara los permisos para seguir operando”, según señala el oficio.

Otra solicitud en el documento tiene relación con la transparencia de dar a conocer la “existencia de convenio o cualquier contrato celebrado entre órganos o servicios gubernamentales con la aerolínea Sky, cuyo objetivo fuere realizar vuelos para ejecutar órdenes de expulsión a otros países de Sudamérica vigente al 11 de marzo del año 2022. Ejecución de vuelos en virtud de dicho convenio o contrato”.

El oficio también va suscrito por los parlamentarios Sofía Cid, Andrés Longton, Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Jorge Durán, Miguel Mellado, Catalina del Real, Andrés Celis y Jorge Rathgeb.

De acuerdo a la investigación de CIPER, el acuerdo involucra el pago de $191 millones solo por el viaje de ida y, además, se desembolsarán otros $53 millones para el regreso de 60 policías que escoltarán a los extranjeros. De esta manera, en total cada expulsión tendría un costo de $4,1 millones.