Diputados republicanos piden al CDE querellarse en contra de la alcaldesa Irací Hassler por fallida compra de Sierra Bella

Una serie de querellas fueron presentadas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a fin de que se esclarezca la existencia de un eventual delito en la cuestionada compra de la propiedad en que funcionaba la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. La repartición comunal estuvo a un paso de adquirir el inmueble por más de 8.200 millones de pesos.

Una de estas querellas fue estampada por los diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, el 8 de febrero, dos días después de la presentación que hizo el abogado Aldo Duque en la misma línea.

Este miércoles, Irarrázaval y Kaiser, solicitaron formalmente la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que ejerza también acciones por un presunto delito de fraude al fisco en contra de la alcaldesa Irací Hassler y de todas las personas que participaron activamente en la fallida transacción. Antes, habían requerido al Ministerio Público que formalice a la jefa comunal.

En coordinación con la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Centro de Justicia de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Patricio Cooper, indaga la presunta ocurrencia de delitos en la adquisición del inmueble en el que se pretendió instalar lo que sería “la primera clínica Municipal de Santiago”. Hassler tiene la calidad de imputada en esa investigación por la transacción entre el municipio y la Inmobiliaria San Valentino SpA, constituida en 2022 por el abogado Felipe Sánchez Pérez.

De acuerdo al escrito que presentaron los diputados de oposición al presidente del CDE, Raúl Letelier, se instó al organismo a involucrarse en este caso, dado que dentro de sus funciones están facultados a ejercer acciones penales cuando se tratan de delitos que pudieren acarrear perjuicios económicos para el Estado y frente a delitos de cohecho y negociación incompatible que involucren a funcionarios públicos.

“Contraloría ya advirtió que jurídicamente había irregularidades en esta compra y ahora es el turno del fisco, a través del CDE, el que demuestre un interés por defender el patrimonio municipal y asuma un rol clave para esclarecer las responsabilidades penales de quienes estuvieron involucrados en este delito. Es necesario que este organismo asuma la defensa del municipio de Santiago, ya que es inviable que la persecución del delito quede en manos de la alcaldesa Hassler, quien intervino y lideró este fraude”, sostuvo Irarrázaval, diputado por el 14° Distrito de la Región Metropolitana.

Irarrázaval agregó que “organismos como el Conservador de Bienes Raíces, la Contraloría, la Fiscalía y la misma justicia han hecho lo imposible por detener el fraude, y sólo falta el CDE que se haga parte de este proceso”.

“Aquí existió una operación que apuntaba a defraudar al fisco a costa de la salud y bienestar de los vecinos de la comuna, y es repudiable que la alcaldesa insista en desligarse de su responsabilidad política cuando ella mismo dirigió y amparó esta corrupta compra. Durante todo este tiempo sólo se ha dedicado a entorpecer las diligencias para que no se encuentren a los responsables”, afirmó el legislador.

En la misma línea, el diputado Johannes Kaiser manifestó que el CDC “es un organismo público que está llamado precisamente a la defensa del patrimonio del Estado”.

“Estamos solicitando que se haga parte de este proceso en defensa de los intereses económicos de la Municipalidad de Santiago, así como de los habitantes de la comuna, pues aquí estamos hablando de montos no menores de recursos públicos que están en peligro de ser dilapidados o de ser fraudulentamente traspasados a un tercero”, aseguró Kaiser.

Por su parte, el abogado, Sergio Rodríguez Oro, representante de los dos querellantes afirmó que “es obligación del CDE intervenir en todos los delitos que afecten la probidad, lo que precisamente ocurre en este caso”.

“Los funcionarios municipales violaron su obligación de empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Celebraron una compraventa conociendo que se estaba comprando un inmueble a cuatro veces su valor comercial y en relación al precio adquirido por el vendedor en fecha reciente. Un inmueble que tiene restricciones de uso o destino, de construcción y altura, por encontrarse en una zona de Conservación Histórica y Típica. No obstante, las alertas de algunos funcionarios de las unidades técnicas, los jefes de cada repartición y la alcaldesa celebraron rápidamente un contrato, afectando de manera concreta el patrimonio municipal. Lo anterior constituye una infracción al principio de probidad y, por ende, un acto de corrupción”, argumentó.

Rodríguez añadió que compraron “chatarra médica” a un valor incluso superior a las instalaciones de hospitales nuevos de alta complejidad y recalcó que “se debe investigar la razón por la cual actuaron de este modo”.

En febrero, la Contraloría instruyó a la Municipalidad de Santiago detener la polémica compra. El monto de la inversión era duramente cuestionado por esos días, debido a que el avalúo fiscal de la propiedad correspondía a solo $1.940 millones. Por esos días se conoció que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago rechazó inscribir la propiedad. El organismo fiscalizador comprobó que el 9 de abril de 2021 en el sitio www.portalterreno.com se publicó un aviso de venta del mismo recinto por 95.000 UF ($ 3.382 millones) mucho menos de lo que finalmente el municipio se comprometió a pagar a Felipe Sánchez, dueño de la inmobiliaria propietaria de la otrora Clínica Sierra Bella.

Así, el 13 de abril de este año, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe en el que se acusa un “precio injustificado” en el negocio y se asegura que no se “cauteló el correcto uso de recursos públicos”, por lo que decidió abrir un sumario para establecer responsabilidades en los hechos.

En respuesta a ese informe, Hassler anunció la decisión del municipio de no perseverar en el proceso de compra.