Diputados republicanos rechazan “regulación acotada”: acusan al gobierno de incentivar migración irregular y citarán a Cordero a comisión de Gobierno Interior
Los parlamentarios de la colectividad se sumaron a los cuestionamientos por el anuncio hecho por el Ejecutivo, el cual calificaron como una "irresponsabilidad grosera" en desmedro de la población chilena.
Los diputados del Partido Republicano rechazaron este jueves el proceso de “regulación acotado” de inmigrantes que anunció el gobierno y confirmaron que citarán al subsecretario del Interior, Luis Cordero, a la Comisión de Gobierno Interior para entregar explicaciones.
El anuncio fue dado a conocer por el subsecretario Cordero ayer miércoles, en el marco de una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. En la instancia presentó los cinco puntos del Plan de Acción Chile 2024-2034.
Cordero explicó que “el año 2023, Chile abrió un proceso de empadronamiento biométrico que permitió tener un nombre, un rostro y un contacto de más de 182 mil personas que ingresaron ilegalmente, de las que el Estado no tenía ninguna información y que se acercaron voluntariamente y de buena fe a entregar sus datos” y agregó que “en el marco de este plan de acción y de los mecanismos que propone, quiero informar que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país”.
A raíz de esto surgieron cuestionamientos al anuncio, a los que se sumaron los diputados republicanos, que rechazan lo propuesto por el Ejecutivo.
El jefe de la bancada, Luis Sánchez, señaló que “ayer estábamos viendo que empezaron a circular varios videos. Parece que los jefes de la izquierda chilena, los jefes que están ahí en la ONU, en los organismos internacionales, vinieron a pasar revista, vinieron a dar órdenes y a exigirles una vez más que aceptemos en Chile una nueva ola migratoria, que llegue más gente para que nuestros servicios de salud, nuestros centros educacionales públicos, estatales, estén aún más colapsados de lo que están hoy día”.
“Yo creo que es una irresponsabilidad grosera por parte del gobierno frente a la situación que estamos viviendo, donde hay familias chilenas que no encuentran un jardín infantil de la Junji donde poner a sus hijos. (...) Se les trata a ellos como si fuesen más vulnerables que los más pobres en nuestro país. Es criminal lo que el gobierno está haciendo, llenarnos de extranjeros, muchos de ellos que tienen una situación económica de precariedad total, para que los más pobres de nuestro país no tengan acceso a casi ningún beneficio público”, criticó el parlamentario.
En tanto, diputado José Carlos Meza, integrante de la Comisión de Gobierno Interior, sostuvo que “la sola posibilidad que el gobierno intente regularizar a inmigrantes ilegales por tener arraigo familiar o arraigo laboral es una falta de respeto a los miles y cientos de extranjeros que ingresaron cumpliendo la ley”.
El legislador de oposición advirtió a La Moneda que “yo espero que el gobierno no se atreva a cometer esta irregularidad porque de todas formas vamos a citar al subsecretario del Interior (Luis Cordero) a la Comisión de Gobierno Interior para que dé explicaciones al respecto, porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien tenga arraigo laboral si es que no tiene los papeles al día en nuestro país? Si es que ingresó de forma ilegal, ¿cómo es posible que alguien le haya dado un puesto de trabajo?”.
“Ahí hay un empleador y un empleado que están incumpliendo la ley y la Dirección del Trabajo está ausente completamente. Vamos a fiscalizar todos y cada uno de los actos que vayan en mira de regularizar a los ilegales”, anunció.
A su vez, el diputado republicano por la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, aseguró que “hoy tenemos un gobierno que no solo es zigzagueante, sino que también es irresponsable”.
“No solo por las cifras que nos ha entregado la Policía de Investigaciones, que establece que entre el año 2021 y 2023 han ingresado de manera irregular a Chile más de 150.000 personas, sino que dentro de este plazo el gobierno únicamente ha logrado expulsar al 0,4% de manera administrativa”, añadió.
“El gobierno hoy día ha demostrado que no solamente es cómplice, sino que también, es incentivador de la migración irregular (...) Es una cachetada en la cara a los más pobres de nuestro país”, criticaron los legisladores de oposición.
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