Diputados RN endurecen el tono por indultos: ingresarán denuncia ante Fiscalía por el delito de “prevaricación” y piden que se tome declaración al Presidente Boric

Un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar a Fiscalía una denuncia contra el gobierno por el presunto delito de “prevaricación”. Esto en el marco de los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric contra 12 condenados por delitos cometidos en el estallido social y el exfrentista Jorge Mateluna.

La determinación del Mandatario generó polémica y duros cuestionamientos por parte de la oposición, la que se restó definitivamente de la mesa de seguridad llevada adelante por el Ejecutivo. Pero las recriminaciones aumentaron durante las últimas horas luego de que se conociera que algunos de los beneficiados contaban con antecedentes delictuales previos.

Es así como los legisladores de RN decidieron llevar el tema a sede penal en contra de “todos quienes resulten responsables”, apuntando específicamente al indulto que benefició al exfrentista. La acción judicial firmada por Diego Schalper, secretario general de RN, Andrés Longton, jefe de bancada de los diputados del partido y la subjefa de bancada Sofia Cid, subjefe de bancada, será ingresada al Ministerio Público en las próximas horas.

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Código Procesal Penal, en el artículo 228 del Código Penal y en las demás normas que resultaren aplicables, venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían el delito de prevaricación administrativa, previsto y sancionado en el artículo 228 del Código Penal, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos, de conformidad con los antecedentes y argumentos que a continuación se exponen”, comienza exponiendo el escrito al que accedió La Tercera.

Dentro de los argumentos que se exponen en contra del indulto a Mateluna se señala que “lo cierto es que la actuación administrativa por la que se concedió el inulto no cumple con tales estándares legales. De la simple revisión del Decreto Exento N°3212 se colige la ausencia total de motivos que justifiquen por qué el caso del Sr. Mateluna resulta calificado al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N°18.050, habilitándolo así para ser indultado nuevamente. En este acto solo se mencionan los documentos y antecedentes administrativos propios del régimen de cumplimiento penitenciario, mas no un señalamiento mínimo que permita justificar en derecho la libertad del condenado”.

“En paralelo a dicho déficit, como se dijo, S.E. Gabriel Boric afirmó en distintos medios que el indulto otorgado al Sr. Mateluna se hacía en función de su inocencia, encontrándose convencido él de que las alegaciones del condenado eran ciertas y, en consecuencia, de que había sido condenado injustamente y de que la revisión de su condena en 2018 tampoco era reflejo de la realidad”, se agregó.

En la misma línea se afirmó que “hay en la actuación que culminó con la liberación de Jorge Mateluna Rojas un déficit inexcusable, manifiestamente injusto, que ha ocurrido a sabiendas de quien lo suscribe -o autoriza su suscripción- y que se complementa plenamente con las justificaciones públicas dadas por la máxima autoridad del Gobierno, lo que entrevé en su conjunto un ánimo de concurrir a producir los efectos materiales de la decisión sin dar cumplimiento a las exigencias legales que se han dispuesto para aquello”.

Y que “en opinión de quienes denunciamos, estos hechos configuran el delito de prevaricación administrativa, tal como se argumentará”.

Por lo anterior es que se solicita al Ministerio Público la “toma de declaración, ya sea de manera directa por el Sr. Fiscal o a través de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile” al Presidente Boric, a las ministras del Interior y Justicia, Carolina Tohá y Marcela Ríos, además del director nacional de Gendarmería Sebastián Urra”.