Diputados RN solicitan a Contraloría auditar el uso de recursos del INDH: acusan múltiples “querellas sin fundamento”

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderada por Miguel Mellado y Carla Morales, presentó un oficio a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría sobre el uso de recursos públicos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su rol de querellante en casos de violencia institucional.

La solicitud empleada por los parlamentarios acusa cuestionables resultados obtenidos por el INDH en las acciones judiciales que ha impulsado, argumentando que según el último informe del Ministerio Público, de las 2.809 causas en las que el Instituto ha intervenido, solo 51 han resultado en condena.

En contraste, más de 1.400 casos fueron archivados por falta de pruebas, lo que, según los diputados, demuestra una clara falta de rigor en la presentación de querellas, generando un “indebido empleo de los recursos fiscales de que ha sido dotada la institución”, según señala el oficio.

Entre los casos mencionados, se destaca el del ex carabinero Sebastián Zamora, absuelto en el “Caso Pío Nono”, donde el INDH debió pagar 40 millones de pesos en costas judiciales. Asimismo se incluyen los sobreseimientos del ex uniformado Juan González en Panguipulli y del exfuncionario Claudio Crespo, además de la reciente absolución del marino Ricardo Seguel San Martín.

Mellado aseguró que si la institución “persiste en esta persecución penal ideologizada no solo seguirá vulnerando un mandato de objetividad, sino que continuará pagando costas con recursos de todos los chilenos”.

“Policías y Fuerzas Armadas siguen visitando tribunales por querellas que no solo terminan desestimándose, sino que gastan cuantiosos recursos públicos en abogados y en costas frente a constantes fracasos. Esperamos que la Contraloría determine si esos recursos se gastan de manera correcta, teniendo a la vista los principios de eficiencia y eficacia”, aseveró.

En tanto, la diputada Morales indicó que el INDH “instruye un aparato de persecución penal desde el Estado”, agregando que este “termina atropellando” los derechos humanos de las personas.

“Es necesario ver si los recursos que se entregan para llevar adelante su mandato legal, se están utilizando correctamente, algo que parece cuestionable si tenemos a la vista los resultados de su persecución y las costas que se están pagando”, sentenció.