Feria navideña en el Estadio Nacional: diputados RN piden a Contraloría fiscalizar trato directo por más de $400 millones con cargo a Presidencia

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó a Contraloría que fiscalice una licitación adjudicada por “trato directo” por parte de la empresa Onelevenpro Spa, por un total de $428.300.129.

En detalle, este presupuesto entregado por Presidencia de la República sería para la organización de un “espectáculo artístico y cultural” en el contexto de una feria navideña en el Estadio Nacional.

En el documento que enviaron a Contraloría detallan que la empresa Onelevenpro Spa registra en su historial solo “adjudicaciones por parte de la Presidencia de la República y dentro de la actual administración de Gobierno”.

La autorización de esta compra se realizó el pasado 29 de octubre en la Resolución Exenta N° 1211/2024 de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. Allí, la Analista de Compras del Departamento de Abastecimiento detalló que “se constató que los servicios requeridos no se encuentran en Convenio Marco, por lo que resulta procedente recurrir a alguna de las otras formas de contratación contempladas en la legislación”.

En la misma resolución, también se señala que “conforme a los servicios requeridos se enmarcan dentro de una actividad oficial de S.E. el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, el costo de dicha contratación corresponderá imputarlo a gastos de representación, protocolo y ceremonial, de conformidad a las instrucciones para la ejecución del presupuesto de la Presidencia de la República correspondiente al año 2024, configurándose de esta forma la causal de trato directo establecida en la letra b) del N° 7 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda”.

Estos argumentos, según detallan los legisladores de RN, representan “un subterfugio legal con el propósito de eludir la realización de una licitación pública”.

Además, explican que para actividades similares a final de año “éstas han sido efectuadas durante el mes de diciembre y no con la anticipación con la cual se ha efectuado en esta oportunidad”.

Y también enfatizan que “ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, establece en su artículo 5° que “toda contratación que supere las 1.000 UTM (unos $66.5 millones) debe (...) realizarse mediante licitación pública”.

Por todo lo anterior, los parlamentarios señalan que esto “constituiría una infracción a la probidad administrativa de conformidad con lo señalado en el numeral 7) del artículo 62 de la ley Nº18.575, al dilatar la decisión de licitar, sabiendo a lo menos el mes del año (diciembre) en donde se efectúa la festividad”.

Así, solicitan a la Contralora General que “requiera la información necesaria tanto de la Directora Administrativa de la Presidencia de la República, doña Antonia Valentina Rozas Fiabane y demás personas que estime conveniente, en relación a los acontecimientos descritos con anterioridad; instruyendo un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar”.