Diputados UDI escalan ofensiva contra Crispi: piden a Contraloría pronunciarse sobre financiamiento de su abogado en investigación por lío de platas

Por segunda vez consecutiva, ayer jueves el jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi (RD), se ausentó de la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las responsabilidades políticas en el lío de platas entre reparticiones del Estado y fundaciones como Democracia Viva.

Su nueva ausencia caldeó los ánimos y, a raíz de ello, los diputados aprobaron, por seis votos a favor y tres en contra, oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie si a Crispi, quien hoy está contratado a honorarios, se le aplican las obligaciones de un funcionario público, excusa que esgrimió para no comparecer la primera vez ante la comisión.

A ese oficio se sumó este viernes un requerimiento a Contraloría ingresado por los diputados UDI Guillermo Ramírez, Juan Manuel Fuenzalida y Felipe Donoso, quienes solicitan al ente dirigido por Jorge Bermúdez que, además de pronunciarse sobre si Crispi posee o no la calidad de empleado fiscal, determine el tipo de financiamiento del abogado Luis Hermosilla, quien asumió la representación legal del jefe de asesores en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los cuestionados convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado

“En el evento que el ente contralor determine que el señor Miguel Crispi no ostenta la calidad de funcionario público, solicitamos tenga a bien pronunciarse sobre el financiamiento de la defensa legal de dicho servidor, que asumirá el abogado Luis Hermosilla”, reza el escrito ingresado por la UDI.

La tesis de los legisladores gremialistas es que si en La Moneda defienden que el exdiputado RD no es empleado fiscal y no tiene la obligación de concurrir a las citaciones de la comisión investigadora, no corresponde que se utilicen dineros públicos para contratar al penalista Luis Hermosilla.

En conversación con Radio Duna, el ministro de Justicia, Luis Cordero, insistió que según la jurisprudencia de dictámenes de Contraloría los trabajadores a honorarios “no son funcionarios públicos”.

“Miguel Crispi es una persona contratada a honorarios. Hay un par de prevenciones por la jurisprudencia de la Contraloría, históricamente ha señalado que los honorarios no son funcionarios públicos, sin perjuicio que presten servicios al Estado y están sometidos a ciertas obligaciones públicas. Históricamente, el personal de asesoría directa del Presidente ha estado contratado bajo la figura de honorarios. No solo tiene que ver con la condición del contratado a honorarios, sino que también que quienes se encuentran en el gabinete presidencial (están) sujetos a ciertas obligaciones de reserva”, expuso Cordero.