Diputados valoran PGU y plantean algunos cambios pero las mayores dudas apuntan nuevamente al financiamiento

Los parlamentarios esperaban que el gobierno ingresara un nuevo proyecto al Congreso para discutir la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $ 185 mil que propone el Ejecutivo para el 80% de la población más vulnerable, y donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%.

Sin embargo, el gobierno sorprendió a los diputados descartando el ingreso de un nuevo proyecto y, en vez de ello, introduciendo indicaciones dentro de la ley corta de pensiones que ya se estaba tramitando en la Cámara de Diputados que tenía como objeto aumentar el Pilar Solidario.

Esto significa que la iniciativa no tendría que pasar por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ya que allí la ley corta ya había sido despachada y ahora se encontraba en la Comisión de Hacienda. Esto generó molestia en algunos diputados opositores integrantes de la primera instancia.

Así lo manifestó apenas inició la sesión de este martes en la Comisión de Hacienda la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS): “Para nosotros, desde la Comisión de Trabajo, es irregular, y así lo vamos a plantear en la sala también. Esta es una indicación sustitutiva, que cambia la idea matriz incluso del proyecto, porque no tiene que ver con el Pilar Solidario, sino que modifica absolutamente la idea matriz”.

La secretaria de la Comisión detalló que en realidad “si cambia o no la idea matriz, es algo que ustedes tendrían que discutir en la sala, pero acá se tienen que votar las indicaciones, todas ellas, y acá la indicación no dice que sea sustitutiva, son varias indicaciones”.

Más allá de ese debate inicial sobre la forma en que el gobierno ingresó estos cambios, luego la discusión se centró en el fondo del proyecto. Todos los diputados valoraron la iniciativa, pero también manifestaron algunos reparos. Nuevamente el tema del financiamiento se robó las miradas, porque pese a que ingresó en un proyecto separado, también el gobierno detalló el tema en la sesión de este martes.

El diputado Manuel Monsalve (PS) dijo que no parece haber grandes diferencias entre los diputados y el gobierno en la entrega de la PGU, y que tal vez se pueden modificar algunos temas de diseño, pero advirtió que “el núcleo de la discusión está en cómo financiarse”.

Siguiendo la lógica que gastos permanentes requieren ingresos permanentes, el diputado PS recordó que el gasto de este proyecto es de 0,95% del PIB, pero dijo que el gobierno solo propone financiar el 0,45% del PIB de manera permanente. “Hay 0,5% del PIB que me faltan, que ustedes se lo dan a la provisión destinada en la ley de Presupuesto, pero que no es un aumento de ingresos del Estado”, puntualizó.

El diputado Marcelo Díaz (Unir) también comentó: “Me parece bien extraño, y una de las cosas que debiésemos esperar, es que entre el proyecto de financiamiento”. También pidió un mayor tiempo para debatir y analizar las implicancias de este proyecto respecto del programa de gobierno del presidente electo.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Gabriel Silber, también estuvo presente en la sesión. Allí valoró la iniciativa, pero también dijo que “este es un debate que desde el punto de vista del momento político es bastante sui géneris, porque primero la PGU fue anunciada durante un proceso electoral (...) pero hoy ya derechamente estamos frente a un gobierno de salida y un gobierno electo de entrada”.

Silber, Sepúlveda y otros parlamentarios plantearon la idea de que la PGU se pueda entregar a las mujeres a la edad de 60 años, y no a los 65 años como ocurre hoy en el Pilar Solidario y en este proyecto.

Sobre ello, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respondió que lo hicieron así para calibrar los números, “nos pareció que eso es lo que podíamos ir haciendo ahora, pero es una pregunta que eventualmente después, en la medida que vayamos avanzando con esta política, después se pueda ir avanzando más”.

Silber también mencionó que no se tocan las exenciones de algunos rubros. El diputado Marcelo Schilling (PS) también dijo que era insuficiente lo que el gobierno propuso en exenciones.

Monsalve consultó al gobierno por qué se aplica una gradualidad para la entrega de la PGU a los nuevos beneficiarios. Esto, considerando que la iniciativa contempla que una vez aprobado el proyecto, hay tres meses para la entrada en vigencia de la ley. Posterior a esos tres meses, durante seis meses todos los pensionados del Pilar Solidario recibirán la PGU. Y recién después de eso, en el mes diez una vez publicada la ley, ingresa todo el resto de los beneficiarios, alcanzando el estado de régimen.

El ministro Cerda explicó que “en la práctica no queremos que haya gradualidad, queremos que entren de inmediato. La gradualidad es para el año 2022 por un tema técnico”. Allí agregó que los datos de las personas que hoy están en el Pilar Solidario se encuentran en manos del gobierno, pero dijo que no tienen la data de quienes no están en el Pilar Solidario, por lo que tendrán que conseguirlos. Para ello, señaló que el IPS y el Ministerio del Trabajo estimaron que se necesitaría ese plazo.

Con todo, el gobierno manifestó voluntad para dialogar y llegar a acuerdos que permitan aprobar esta iniciativa pronto.