Director de Migraciones dice que gobierno está abierto a penalizar faltas graves en materia de ingresos irregulares

Este lunes la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas continuó con la discusión en general del proyecto de ley de migración y extranjería que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país.

A la cita asistió el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien manifestó que “como gobierno estamos abiertos a establecer penalización a faltas gravísimas o graves en materia de migraciones”.

“En ese sentido, hay cuestiones del proyecto que pueden contribuir a la mejor administración de las sanciones”, agregó.

Sin embargo, precisó que hay ciertos puntos del proyecto que le merecen reparos, ya que podrían afectar la eficacia de las expulsiones administrativas o las reconducciones (inmigrantes irregulares detenidos en la frontera y obligados a regresar). “Por un motivo de eficacia principalmente nos parece que pueden dificultar los objetivos que tenemos como gobierno en esta materia”, dijo.

Bajo ese contexto señaló que, de acuerdo al Ministerio Público, entre los años 2018 y 2021 hubo cerca de 9 mil casusas por ingreso irregular, a la vez que hubo cero condenas. En ese sentido, explicó que creen que el dato muestra que “la penalización en primera instancia del ingreso irregular podría perjudicar la eficacia en la materialización de las expulsiones judiciales puesto que se requeriría una condena, condena que en el pasado no se produjo”.

Y agregó que la penalización del ingreso irregular no sólo podría perjudicar la eficacia en cuanto la administración de las funciones, sino que “puede perjudicar también los procesos de reconducción, puede sobrecargar al Ministerio Público principalmente en las regiones del norte y al sistema penal completo”.

Además, Thayer recomendó escuchar la opinión de la Corte Suprema dada la dimensión penal del proyecto, pues se estarían “suponiendo reacciones de los tribunales de Justicia de las cuales no tenemos certeza”.

Por otro lado, la autoridad de gobierno dijo que la PDI enfrenta dificultades por la imposibilidad de reconducir a personas que no son bolivianas en la frontera con ese país. El director de Migraciones aseguró que “Bolivia es corresponsable” de la frontera y debiera recibir personas de terceros países reconducidas.

“No estamos en una competencia respecto de quién expulsa más”, aseguró, informando que la PDI contabiliza 51 expulsiones administrativas entre enero y abril de este año.

El proyecto, presentado por diputados de Renovación Nacional y de la UDI, propone sancionar con presidio menor a quien que no reúna “las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro territorio, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas” y de igual manera hicieran ingreso al territorio ya sea por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio.

“A los extranjeros que ingresaren al territorio nacional, mediante alguna de las conductas señaladas en el inciso anterior y existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de ingreso, se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio”, dicta el documento.

En tanto, se buscará sancionar con presidio menor en sus grados medio a máximo a aquellos que ingresen a Chile o intentaran salir del país “valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida.”