Domínguez defiende referéndum ratificatorio tras críticas: “No es razonable llamar ‘cerrojo’ a las propuestas que establecimos”

El pleno de la Convención Constitucional aprobó este martes el artículo que propone modificar la nueva Constitución hasta 2026 con un quórum de 4/7, el cual incluye -para materias consideradas sustanciales- un referéndum ratificatorio.

La norma -que se visó en el marco de la votación del segundo informe de la Comisión de Normas Transitorias- fue respaldada por 106 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones y establece, además, que la única forma de saltarse dicho referéndum es que el Poder Legislativo concite un quórum de 2/3.

Su aprobación, sin embargo, provocó inquietud en algunos convencionales que la calificaron como un “candado” y apuntan a que un referéndum ratificatorio podría ser una especie de “cerrojo” a eventuales modificaciones de la nueva Carta Fundamental.

El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), salió al paso de dichas críticas durante un punto de prensa convocado este miércoles por la mesa directiva del órgano redactor, que también contó con la presencia de la presidenta María Elisa Quinteros (MSC).

A su juicio, “no hay punto de comparación” entre la propuesta de nueva Constitución y el texto vigente, ya que “la Constitución vigente es una Constitución que exige, para ser reformada, un quórum de 2/3 o 3/5, que son quórums altos”.

Mientras que “la propuesta de nueva Constitución establece que para modificar cualquier artículo se requiere de un quórum de 4/7, y, excepcionalmente en algunas materias de reformas sustantivas, requerirán esos mismos 4/7, más el apoyo de la ciudadanía”. “Y si por alguna razón el Congreso quiere hacer una modificación sustancial (...) puede hacerlo con un quórum de 2/3″, agregó.

En ese sentido, remarcó que “no es razonable llamar ‘cerrojo’ a las propuestas que hemos establecido”, y precisó que “fácilmente teniendo 4/7 en la cámaras y el apoyo de la ciudadanía se pueden hacer reformas sustanciales”.

Ante las declaraciones de la senadora demócrata cristiana, Ximena Rincón, quien esta semana calificó como un “candado” el artículo -en ese entonces aún no visado por el pleno-, Domínguez recalcó que “la ciudadanía podrá hacer su juicio por sí misma”.

El vicepresidente de la Convención, además, precisó que en caso de ratificarse la propuesta del nuevo texto constitucional, las reformas que se van a requerir “seguramente serán varias no sustantivas”.

Sin embargo, defendió que en el caso de impulsar reformas sustantivas, “me parece del todo legítimo que la ciudadanía pueda participar para poder pronunciarse a favor o en contra”.

Otro de los cuestionamientos que fueron abordados durante el punto de prensa de la mesa directiva de la Convención fue el fin anticipado del Senado, para ser sustituido -en caso de que se apruebe la nueva Constitución- por la Cámara de las Regiones.

Según un artículo transitorio -también visado el martes por el pleno- los actuales integrantes de la Cámara Alta terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, incluso los senadores que para esa fecha aún les queden cuatro años de mandato.

Tras la aprobación de la norma surgieron cuestionamientos, ya que algunos apuntan a que no se estaría respetando el mandato de la ciudadanía al haber elegido en las urnas a los representantes, pues algunos culminarían sus periodos en 2030.

“El mandato de la ciudadanía será conocido el 4 de septiembre de 2022 en el plebiscito de salida”, se limitó a contestar al respecto Domínguez.