El conflicto que se desató en el Frente Amplio por el proyecto de “ley Antonia”

Flanqueado por diputados del Frente Amplio y Renovación Nacional, la mañana del sábado, Alejandro Barra anunciaba que los parlamentarios ingresarían un proyecto denominado “ley Antonia”, en honor a su hija, quien se suicidó en octubre pasado tras denunciar una violación.

La escena se daba tras una semana marcada por la formalización de su presunto agresor, Martín Pradenas. Y un día después de que la Corte de Apelaciones revirtiera la polémica decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de dejarlo con arresto domiciliario total y le diera prisión preventiva.

Así, los diputados frenteamplistas Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (Convergencia Social) y Marcelo Díaz (Unir), además de sus pares de RN, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y Paulina Núñez, entregaron las primeras luces de una propuesta que, minutos más tarde, encendería las alarmas de las dirigencias y de agrupaciones feministas de las colectividades, quienes hasta ese momento no conocían el detalle de los planes de sus parlamentarios.

La molestia se expresó de inmediato. Esa misma jornada, algunas diputadas y dirigentes de los propios partidos del Frente Amplio salieron a cuestionar abiertamente la iniciativa, la que calificaron como “populismo penal”, al enfocarse principalmente en el aumento de penas y al ir en contra de los estándares fijados por el sistema interamericano de DD.HH.

Las críticas apuntaban a propuestas que, según el texto original, buscaban excluir a los imputados por violación y abuso sexual del beneficio de sustitución de la pena, además de modificar el decreto sobre libertad condicional para incluir dichas conductas en las que requieren haber cumplido 2/3 de ella para acceder al beneficio.

Asimismo, apuntaba a ampliar el rango de la pena en el caso del delito de violación, además de establecer, en cuanto a medidas cautelares, que “el juez considerará que la libertad del imputado constituye especialmente un peligro para la sociedad cuando los delitos que se le atribuyen atenten contra la libertad sexual o la indemnidad sexual”.

Pero todo eso fue desechado. Tras la presión interna y las conversaciones de los grupos feministas del Frente Amplio con Orsini y Yeomans, todas esas disposiciones se eliminaron del texto y se mantuvieron -en el proyecto que finalmente ingresaron ayer- solo aquellas que elevaban el plazo de prescripción de delitos de abuso sexual de 5 a 10 años y la tipificación de la incitación al suicidio, además de algunas medidas para prevenir la revictimización durante el proceso judicial.

Entre los grupos feministas de RD y de Convergencia Social el análisis era claro: medidas de esa naturaleza solo “derechizaban el debate” e implicaban, además, una contradicción al, por un lado, cuestionar el sistema judicial como “patriarcal” y, por otro, pedir mayores penas. “No hay evidencia de que un aumento de penas desincentive la violencia contra la mujer”, sostuvo una dirigenta del bloque.

En la colectividad liderada por Yeomans el tema se analizó el sábado en el comité central, donde le transmitieron a la timonel las críticas y la emplazaron a modificar el proyecto. Asimismo, el conflicto también se abordó este lunes en la reunión de la mesa nacional del Frente Amplio. En la cita, las colectividades del bloque criticaron el fondo de la iniciativa original, además de la forma en que se había anunciado, situación que, según algunos de ellos, arriesgaba ser vista como un “aprovechamiento”. Pese a esto, valoraron los cambios que se le hicieron a la moción.

“Valoramos profundamente las críticas constructivas que se hicieron a los diferentes borradores”, sostuvo Orsini, mientras que Yeomans manifestó que “el día viernes aún el proyecto estaba en una etapa de elaboración que generó bastante expectación, pero durante todo el fin de semana se hizo un arduo trabajo (...) para llegar a un gran acuerdo”.