Hace varias semanas que en privado las personas involucradas en la larga cadena de errores que envolvió a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende venían comentando que la familia del exmandatario socialista había tenido un abogado -distinto al de Felipe Vio- que también dio su opinión sobre la operación.

La idea de comprar la casa de Allende tiene un solo responsable: el Presidente Gabriel Boric. Fuentes de La Moneda cuentan que su sueño era honrar al exmandatario, comprar su casa con fines patrimoniales y que posteriormente se pudiera transformar en un museo.

Su anhelo era generar un espacio de encuentro para la ciudadanía, donde se pudiera preservar en la memoria histórica del país el símbolo de la casa del Jefe de Estado con el cual se quebró la democracia y también -al sumar la del expresidente Patricio Aylwin- la residencia del mandatario que la recuperó.

Si bien ninguno de los abogados que revisaron la compra alertó, en ninguna instancia, la existencia de una inhabilidad y de una prohibición constitucional -para la exsenadora Isabel Allende (PS) y la exministra Maya Fernández (PS), respectivamente- en La Moneda sí hubo aprehensiones políticas.

Las alertas políticas referidas al hecho de que el gobierno le comprara la casa a una ministra de su propio gabinete no fue suficiente para paralizar la compra. El asunto fue alertado desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el Ministerio de Bienes Nacionales e incluso el Segundo Piso. Eso alcanzó a llegar a oídos del jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán (FA), pero siempre se pensó que se podía solucionar con un buen diseño comunicacional a cargo de la Secom que dirige Pablo Paredes (FA).

Esa aprehensión también fue comunicada por los asesores del Segundo Piso de La Moneda a la familia Allende, específicamente al abogado que representaba al clan: Felipe Vio. Y en esas conversaciones, sin dar mayores detalles, Vio transmitió que la familia hizo consultas informales con otro abogado quien transmitió que todo estaba en orden.

La dupla Quintana-Pierry

El nombre de ese abogado había pasado desapercibido hasta que fue revelado este domingo por La Tercera. De acuerdo al reportaje publicado en la edición dominical, según cuatro fuentes, el consultor fue el consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana.

El abogado, quien integra el comité contencioso administrativo del CDE, es un viejo conocido en el PS. E incluso, al menos hasta 2017, era parte del directorio de Imaginacción, la empresa de comunicación estratégica de Enrique Correa, el exministro concertacionista que históricamente ha mantenido lazos con la Fundación Salvador Allende.

En el ejercicio privado de su profesión -en paralelo al CDE- Quintana comparte estudio -QRF Abogados- con el exsupremo Pedro Pierry, el mismo abogado que escribió el informe en derecho que se adjuntó en la contestación que hizo Allende ante el TC. Contactado Quintana, dijo no tener nada que comentar sobre el tema.

En el informe en derecho de Pierry que fue presentado ante el TC el exsupremo de la Tercera Sala argumentó que “al no haberse formado el consentimiento en cuanto a la celebración del contrato de compraventa, no se puede sostener, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que el contrato existió y que, por tanto, generó efectos jurídicos vinculantes respecto de las partes”.

Pierry no solo fue parte de la sala constitucional del máximo tribunal. Cuando se jubiló, luego volvió a integrar la Suprema como abogado integrante. Sus redes no se quedan ahí. Luego fue asesor en la Contraloría del excontralor Jorge Bermúdez y actualmente es el abogado asesor del comité contencioso administrativo del CDE, el mismo que integra Quintana.