Más de alguna esquirla política dejó el allanamiento y posterior formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz.

Y es que el ex-mandamás de la policía civil le filtraba información al abogado Luis Hermosilla respecto a diferentes causas ligadas a la derecha política -como las relativas al exalcalde Raúl Torrealba, al exintendente Felipe Guevara y al caso Dominga- y también una que pesa sobre su antecesor Héctor Espinosa.

El influyente abogado asumió diferentes roles en los mandatos del expresidente Piñera. En el primer gobierno, por ejemplo, ofició como asesor del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, entre octubre de 2012 y febrero de 2014, periodo en que representó a dicha cartera en la querella que presentó el gobierno por el asesinato del matrimonio Luchsinger McKay. El desafío lo asumió no exento de polémicas por parte de la oposición, debido a su cercanía con el entonces ministro Andrés Chadwick.

En el segundo mandato de Piñera, Hermosilla retomó la causa, lo cual reactivó los cuestionamientos producto de su amistad con Chadwick -la que se remonta a sus tiempos como estudiantes de derecho en la UC-, quien había asumido como ministro del Interior.

En 2018, instalado en La Moneda como asesor jurídico de Chadwick, Hermosilla viajó varias veces a la región de La Araucanía para coordinarse con el jefe de la unidad judicial, Carlos Flores; y el abogado jefe de la IX Región, Sergio Arévalo, quienes llevaban los principales casos de violencia en los que intervenía el gobierno. En su cargo, se coordinaba con la jefa de la división jurídica de Interior, Ximena Risco.

También viajó a la zona como enviado especial de Chadwick para contener una de las primeras crisis del segundo gobierno de Piñera: el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

Al año siguiente, y una vez desatado el estallido social con las posteriores acusaciones constitucionales que presentó la oposición, entre ellas, al titular de Interior, Hermosilla lo defendió ad honorem.

Diversas autoridades del segundo gobierno de Piñera reconocen que el abogado, a cargo de diversas causas radicadas en la Región de La Araucanía, era consultado dentro del Ejecutivo por los movimientos que se daban en la judicatura de esa región y que dependían de Justicia.

Sin embargo, agregan las mismas fuentes, ello terminó en 2021, cuando intentó influir en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde buscaba que no asumieran las ministras Carola Brengi y Paula Merino.

En ese momento, desde el ministerio de Justicia se le hizo saber la molestia a La Moneda -incluso al propio Presidente- por los intentos de intervenir para favorecer a nombres que no impulsaba la cartera dirigida, en ese momento, por Hernán Larraín (UDI). Este planteó que quien tenía la potestad era el titular de ese ministerio.

A su vez, a Hermosilla se le reconoce la cercanía con dos exministros de la Corte Suprema y que tuvieron una importante influencia en el máximo tribunal: Haroldo Brito y Milton Juica. En cuanto a este último, Hermosilla jugó un papel crucial para ordenar los votos de la derecha para que fuera electo por el Senado en 2001.

Mientras era secretario de Justicia en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín llevó adelante las tratativas para crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, un órgano autónomo –propuesto por la administración Piñera- que era el que iba a elegir a los jueces, ministros de las Cortes de Apelaciones y fiscales.

En mayo de 2019, Larraín recibió críticas de la Corte Suprema debido a que las conversaciones para esto las comenzó con la Asociación de Magistrados, y el máximo tribunal del país se sintió resentido por no haber sido considerados en la propuesta para cambiar la selección de magistrados.

Larraín, en entrevista con La Tercera, aseguró que “no es justo decir que no hemos considerado a los ministros de la Corte Suprema. Ellos han estado avisados de todo este proceso permanentemente y recién ahora han manifestado su voluntad de participar”.

Cuatro años después, y cuando era parte de la Comisión Experta del segundo proceso constituyente, abordó –también en este medio- su mala visión acerca de la forma de nombrar magistrados en Chile. Al respecto, expresó que “cuando fui ministro de Justicia me tocó nombrar a más de cuatro mil jueces y llegué a la convicción, estando ahí, de que ese era el peor sistema posible y que había que cambiarlo para terminar con esa discrecionalidad y tener un sistema objetivo con buenos antecedentes que permitan lograr la designación de los mejores jueces”.