El grupo de abogados que pondrá la UDI a investigar los alcances de Democracia Viva

En el marco de la arremetida implementada por la oposición tras destaparse el caso Democracia Viva – que incluye vías judiciales, como querellas y denuncias en la fiscalía, o administrativas, como acudir a la Contraloría y al Servel- desde la UDI conformaron un grupo de abogados destinado especialmente a investigar en mayor profundidad los alcances de la presunta trama de corrupción que complica al oficialismo.

El caso surgió a raíz de la denuncia de la asignación directa de $ 426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el exseremi Carlos Contreras (RD), a Democracia Viva, organización sin fines de lucro presidida por el también RD Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió la colectividad oficialista entre 2019 y 2022.

El pasado jueves la bancada gremialista presentó una querella en contra de quien resulte responsable por la trama de los convenios entre el Serviu de la Región de Antofagasta -liderado, hasta el fin de semana pasado por Carlos Contreras- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la expareja de la diputada.

Asimismo, un grupo de diputados gremialistas anunció que pedirán al Servicio Electoral (Servel) investigar si el uso de esta fundación se realizó apuntando a la campaña de las elecciones parlamentarias de 2025.

En este marco, la UDI destinó la tarea de indagar los alcances de Democracia Viva al exconstituyente gremialista por Antofagasta, Pablo Toloza; la directora del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, y el asesor parlamentario Carlos Oyarzún.

Pablo Toloza Fernández es abogado de la Universidad Gabriela Mistral. Fue gobernador de la Provincia de Antofagasta entre 2010 y 2012. Asimismo, entre abril de 2012 y agosto de 2013 se desempeñó como intendente de la Región de Antofagasta.

Teresita Santa Cruz, abogada de la Universidad Católica, se ha desempeñado como coordinadora del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán y asesora legislativa de la misma organización.

Carlos Oyarzún Concha, abogado de la Universidad de Los Andes, fue subjefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y, con anterioridad, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.