La última semana el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), se vio envuelto en una nueva polémica. Esta vez, luego que se revelara que la esposa del frenteamplista, Olivia Contreras, fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador (MIM). Este último episodio se suma a una serie de otros que han hecho que desde diversos sectores cuestionen su permanencia en La Moneda.

Según informó The Clinic, Contreras fue incorporada con un sueldo bruto de $1.581.336, por el director ejecutivo del MIM, Enrique Rivera (FA). Sin embargo, solo cuenta con enseñanza media y no tiene estudios superiores ni experiencia laboral en el área.

Este lunes, fue la propia vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry la que tuvo que salir al paso de los cuestionamientos y sostuvo que “a nosotros como vocería no nos corresponde referirnos a la contratación de una trabajadora a un museo, menos cuando el propio director del museo ya se refirió a esta situación señalando que está en regla”.

En septiembre de 2022, Miguel Crispi debió abandonar la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), luego de que la socióloga, Lucía Dammert informara su renuncia como jefa de asesores del Segundo Piso. Fue ahí cuando el exdiputado asumió su cargo, con el fin de prevenir y controlar las posibles crisis que pudieran afectar al mandatario. No obstante, el propio sociólogo ha sido protagonista de más de alguna de estas situaciones.

Los enredos del jefe de asesores

En julio de 2023 el exdiputado fue vinculado con el escándalo de lío de platas entre el Minvu y la fundación Democracia Viva. Fue su compañero de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien abrió las dudas sobre su participación, tras ser consultado sobre si informó a Miguel Crispi, antes de que estallara el escándalo, el legislador se limitó a sostener que: “No voy a responder eso”.

Pero además, el sociólogo tiene otro flanco abierto, ya que él era el encargado de nombrar a los seremis y fue el responsable de asignar recursos a las regiones mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

Uno de esos casos es el convenio por más de $629 millones entre el gobierno regional de Antofagasta y la Fundación Procultura, dirigida por Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric.

Más adelante, el jefe de asesores del Presidente, decidió ausentarse por segunda vez a la Comisión Investigadora, que indagaba las responsabilidades políticas en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. Además, asumió su representación legal el abogado Luis Hermosilla, quien ahora se encuentra en prisión preventiva por el denominado Caso Audios.

Posteriormente, ante las presiones recibidas del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, anunció su asistencia a la comisión. En dicha ocasión, el sociólogo comentó que se enteró de un “rumor” nueve días antes de que estallara el caso.

Días después, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, señaló que Crispi le omitió información al Presidente Boric. Además, comentó que la tía del jefe de asesores de Palacio, Verónica Serrano, lo presionó para apurar los convenios de la repartición.

En febrero de 2024, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, arribó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional, para declarar como imputado.

Sin embargo, Miguel Crispi entró en otro conflicto cuando se dio a conocer que el martes 15 de octubre del 2024, el Presidente Boric le contó sobre la denuncia en contra de Monsalve. Ya en la comisión investigadora del caso, el frenteamplista señaló que “las conversaciones con el Presidente son privadas”.

Días más tarde, se supo que el sociólogo concretó una reunión el 8 de septiembre de 2023 con el representante de Huawei, Antonio Zou, quien era asesorado por el estudio del penalista Luis Hermosilla. Según señaló Presidencia en su momento, el contenido de la reunión “constó de una presentación del impacto de Huawei en Chile” y que participó en ella “en su rol de jefe de asesores de la Presidencia” en la previa de la gira de Boric a China. En ese periplo internacional, el Mandatario se reunió con el presidente del directorio de Huawei y la ministra Camila Vallejo firmó un memorándum de entendimiento para colaborar en herramientas de alfabetización digital.

No obstante, todo se acentuó cuando la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), indicó que es “importante” que la propia titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) o Miguel Crispi puedan explicar la pertinencia de la reunión.

Una de las últimas polémicas en que fue involucrado Miguel Crispi, se dio cuando el 14 de junio sostuvo una reunión con la ahora desaforada diputada Catalina Pérez, en Cerro Castillo. Según señaló su abogado, Guillermo Chahuán, en ese encuentro “Crispi le señaló que, según el conocimiento que tenía del caso, ameritaba que se investigara en detalle lo ocurrido”.

A pesa de todo lo anterior, la vocera de gobierno manifestó que “respecto de quienes somos personas de confianza del Presidente (Gabriel Boric) estamos en nuestros cargos mientras mantengamos la confianza del Presidente y es solamente él quien también puede dar esas respuestas (...) trabajamos con la confianza del Presidente hasta el minuto en que el Presidente considera que esa confianza ya no está presente y por supuesto yo no tengo nada más que decir respecto a ese punto”.