El Ministerio del Interior instruyó en diciembre un sumario por desprolijidades en la entrega de pensiones de gracia

Eran las 14.55 horas de este jueves cuando el ministro de Justicia, Luis Cordero, cruzó apurado desde su oficina a La Moneda y subió inmediatamente al despacho de la vocera Camila Vallejo, quien lo había llamado minutos antes. Ahí se reunieron con la jefa de la unidad jurídica de Interior, Luppy Aguirre, y también con la jefa de la división jurídica de la Segpres, Francisca Moya, para hacer un control de daños por la filtración del informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia que otorgó el gobierno en el marco del estallido social.

El contenido del texto era lapidario: acusaba graves fallos en la acreditación de antecedentes médicos para la entrega del beneficio y también transparentaba nuevos prontuarios delictivos de algunos de los que forman parte del listado. El peor de ellos: un beneficiado que había producido material pornográfico infantil.

En el gobierno ya estaban al tanto del informe de Contraloría, ya que Interior lo recibió después del 13 de diciembre, cuando se elaboró el documento. De hecho, este jueves fuentes de La Moneda informaron que el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría, instruyó un sumario a fines de diciembre para investigar eventuales responsabilidades ante las desprolijidades que acusaba el documento. Los cuestionamientos apuntaban directamente a la comisión asesora a cargo del tema que encabezaba el socialista Daniel Jana y que estaba compuesta por representantes de Interior, Hacienda, Trabajo y Presidencia (Dirección Sociocultural de La Moneda).

Pese a todo, en La Moneda optaron por no transparentar los procesos internos que ya se cursaban y tampoco en hacer públicos los nuevos antecedentes que entregó Contraloría, que además de los beneficiados con antecedentes penales, informaba de 19 casos con antecedentes insuficientes para acreditar las lesiones que motivaban la entrega del apoyo económico (en nueve de esos casos el INDH presentó nuevos elementos); y también de 11 personas que recibían otro beneficio del Estado en paralelo.

Además, este jueves la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora por pensiones de gracia en que acusaba irregularidades en la entrega de los beneficios. Las sospechas en el gobierno eran que la filtración del documento tenía que ver con la discusión que se dio durante la misma jornada en el Parlamento.

La primera definición del gobierno fue que la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve se harían cargo de las vocerías. De hecho, la opción de que la vocera Vallejo se refiriera al tema, si bien se analizó, fue descartada.

El primero en salir a explicar los nuevos antecedentes fue el exdiputado, quien reconoció el “error”, aunque agregó que él “no dictó ese procedimiento”. “Nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”, comentó Monsalve.

El subsecretario, de todas formas, se enredó cuando explicaba que los criterios fueron fijados el 4 de enero de 2022 durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya que comentó que “ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos” y dijo que “habla de afectación”.

Pero minutos después desde La Moneda reconocieron que fue un desliz, ya que Monsalve omitió una resolución sobre el procedimiento para otorgar el beneficio, firmada el 4 de enero de 2022 por el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli, en donde salía explícitamente que los beneficiados debían acreditar la calidad de afectado con antecedentes médicos.

Horas más tarde llegó la explicación de la ministra Tohá, quien además entregó un nuevo antecedente: la semana pasada el Presidente firmó el decreto para dejar “sin efecto” el beneficio del pensionado que tenía prontuario por producir pornografía infantil. Esa información -que tenía que ver con el cambio de tono que había asumido el Mandatario para enfrentar el caso en las últimas semanas- tampoco había sido transparentada hasta la publicación del informe de Contraloría.

“El Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó instruido (...) y de hecho firmado, que el caso de la persona con antecedentes de pornografía infantil inmediatamente se debía revocar”, dijo la jefa de gabinete desde La Araucanía.

Además, la secretaria de Estado aseguró que “la falta de antecedentes penales como elemento a considerar es algo que también sucedió en el gobierno anterior, y dentro de las pensiones que llevó el expresidente Piñera también hay personas con antecedentes penales y algunos de ellos muy graves”.

Tanto Tohá como Vallejo han estado en contacto diario con el Presidente, quien se encuentra de vacaciones en Puyehue, en la Región de Los Lagos. En esas conversaciones ya se ha definido que buscarán dejar sin efecto la ayuda a 17 de los 69 pensionados que cuentan con antecedentes penales -13 del gobierno de Boric y 4 de Piñera-.

Mientras, la comisión asesora -que ahora lidera Sandra Guerra, jefa del Departamento de Acción Social de Interior- sigue analizando los antecedentes de los restantes y también de las 18.000 personas que reciben pensiones de gracia, ya que, explican en el Ejecutivo, tendrá que primar el mismo criterio.

El caso generó fuertes críticas desde la oposición al Ministerio del Interior. El exsubsecretario Galli, por ejemplo, aseguró que “las actuales autoridades deben hacerse responsables de sus acciones tanto ahora, en el Ejecutivo, como cuando fueron parlamentarios. El procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento”.

En la oposición además aseguraron que están evaluando posibles acciones legales y algunos incluso pidieron la renuncia de Monsalve.

“El subsecretario no solo trata de desligarse de la responsabilidad ante el contundente informe de Contraloría, sino que además se contradice y falta a la verdad”, comentó el diputado Andrés Longton (RN), quien asegura que mañana irán al Consejo de Defensa del Estado por fraude y para pedir acciones que permitan recuperar los dineros y además que presentarán una denuncia en la Fiscalía por prevaricación.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) también es duro: “Monsalve, Tohá o el propio Presidente Boric deben hacerse responsables de haber otorgado pensiones de gracia sin la rigurosidad que se requiere para acreditar que las personas hayan sido víctimas reales de violaciones a los derechos humanos. Basta de cometer errores y que nadie pague por los errores, aquí alguien debe hacerse responsable, es Tohá y Monsalve quienes deben asumir esas responsabilidades”.