El nudo detrás de la ley de usurpaciones: recuperación de inmuebles tomados divide al mundo político

“El dueño de un terreno podrá contratar a milicias privadas para que saquen de su predio, incluso a balazos, a quienes estén usurpando su terreno, sin importar el tiempo que lleve la usurpación. No requiere llamar a Carabineros para tomar esta decisión”, asegura una minuta legislativa del gobierno difundida entre parlamentarios oficialistas.

Ese es el punto más controversial de la recién despachada ley de usurpaciones, que, si bien ya completó su tramitación ordinaria en el Congreso, será objeto de un veto (“observaciones”, según la Constitución), facultad que tiene el Presidente de la República para devolver el proyecto al Poder Legislativo con el fin de hacerle correcciones.

Esta iniciativa en contra de las ocupaciones ilegales de terrenos o inmuebles, en general, surgió de la fusión de un par de mociones de senadores opositores, entre ellos Felipe Kast (Evópoli), Carmen Gloria Aravena (indep. republicana), Francisco Chahuán (RN), José García (RN), Kenneth Pugh (indep. RN) y las exparlamentarias Ena von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN). Estas presentaciones estaban pensadas originalmente en las tomas que estaban sufriendo propietarios y agricultores en La Araucanía.

Inicialmente el Ejecutivo patrocinaba la idea, incluso le dio urgencia y le presentó indicaciones.

El objetivo esencial era transformar la usurpación en un delito que fuera objeto de una pena de privación de libertad (presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a cinco años) y no fuera sólo una multa, como es actualmente.

Además, se le incorporó el factor de la “intimidación”, con lo que las policías y fiscales podían actuar con técnicas intrusivas de investigación destinadas a combatir el crimen organizado.

Otro punto central del texto original, que se mantuvo, es que consagraba la usurpación del inmueble con la característica de la “flagrancia permanente”, es decir, el delito se sigue cometiendo mientras dure la ocupación, independiente de que pasen años. Ello facilita la intervención policial, incluso antes de que la justicia civil ordene la restitución.

También se aumentaron las sanciones a los autores de loteos irregulares o “brujos” (nueva especie de estafa) y se perfeccionó la tipificación de ese delito.

Adicionalmente, para no iniciar una persecución contra tomas históricas, se hizo una salvedad de que las medidas más severas, como las detenciones, no se aplicaban a campamentos catastrados por el Ministerio de Vivienda. En un principio, se iba usar el listado vigente al 2022, pero se flexibilizó hasta marzo de 2024.

Hasta ahí, la redacción no generaba mayores ruidos para La Moneda y para gran parte del oficialismo, salvo en el PC y en el Frente Amplio, que veían con inquietud que la norma penalizara un “problema social”.

No obstante, una enmienda ideada por Kast, Aravena, Manuel José Ossandón (RN) y Alejandro Kusanovic (indep. RN), que fue incluida en la Comisión de Seguridad del Senado y se aprobó en todas las instancias sucesivas, cambió completamente la disposición del Ejecutivo. Esta indicación extendía el principio de “legítima defensa privilegiada” -atenuante por la cual un civil o un policía puede defenderse frente a un ataque contra su vida o contra la de un tercero- a la recuperación de un terreno.

La lectura del gobierno es que la “flagrancia permanente del delito” combinada con esta legítima defensa (que hoy existe frente a una usurpación violenta, siempre y cuando la respuesta sea inmediata) daba un resultado explosivo: “La justicia por mano propia” (autotutela), dicen en el Ejecutivo.

Además, hay otros aspectos que, a juicio de La Moneda, son inaceptables: que por este mismo fenómeno de justicia propia se validan detenciones ciudadanas y que tengan la misma pena a una ocupación violenta contra personas (agresiones, intimidaciones) y una toma sólo con fuerza sobre cosas (cercos, ventanas).

Tanto el gobierno como la oposición coinciden en que, a partir de este texto, los civiles pueden usar la fuerza para recuperar, por su cuenta, sus terrenos, sus casas o sus departamentos, en cualquier momento.

No obstante, hay un desacuerdo ideológico al valorar ese tema.

Mientras La Moneda cree que ello es un “retroceso civilizatorio”, al permitir a particulares hacer justicia y usar la fuerza (autotutela), la derecha sostiene que ello es un derecho de los propietarios afectados, lo cual obliga al Estado a acelerar su respuesta, a través de la fuerza pública, antes de que se produzca un enfrentamiento entre particulares.

“Esto nace del derecho a la defensa de las personas cuando el Estado no las defiende”, dijo, por ejemplo, este jueves, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), en un seminario sobre seguridad realizado en la sede del Congreso en Santiago.

No obstante, este foro, al que asistieron autoridades policiales, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el fiscal nacional, Ángel Valencia, entre otros, sirvió como espacio de distensión tras el despacho de la ley de usurpaciones.

En la ocasión, Tohá volvió a lamentar que, habiendo acuerdo entre gobierno y oposición en el tema central sobre las usurpaciones, este debate se haya “transformado en una discordia gigantesca... Es necesario hacer una inflexión, si vamos a hacer política pasándonos cuentas..., no estamos dando un buen servicio a la ciudadanía”.

En el encuentro, además, estuvieron presentes exministros como Andrés Chadwick, Jorge Burgos y Luis Bates y exsubsecretarios como Felipe Harboe.

Al término del seminario, el mismo Coloma bajó el tono de sus aseveraciones previas frente a las observaciones que enviará el Presidente Gabriel Boric. “Si es un veto que puede mejorar alguna redacción siempre es bienvenido, si va a desnaturalizar lo que se ha logrado, creo que sería un grave retroceso”, dijo.

De hecho, en la oposición ya han comenzado a dar señales al Ejecutivo de que están dispuestos a negociar el veto para evitar que su discusión en el Congreso se transforme en un nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición.