El oficio que el gobierno envió al CNTV donde manifiesta preocupación por “revictimización” en casos Monsalve y Valdivia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dio a conocer que el pasado 30 de octubre, ella junto a su par de la Segegob, Camila Vallejo, oficiaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para recordar la aplicación de la Ley Antonia en los recientes casos de connotación pública donde mujeres han denunciado a reconocidas figuras por delitos sexuales.

El documento -al que tuvo acceso La Tercera- firmado por ambas ministras, está dirigido al presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, a quien solicitan “adoptar los procedimientos que resulten menester conforme la normativa legal teniendo presente también la dignidad y protección de las mujeres”.

El oficio fue enviado en medio de la cobertura del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el del exfutbolista Jorge Valdivia, ambos procesados por delitos de violación.

En ese marco, en el documento las ministras expresan su “preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública, en particular los referidos a delitos sexuales, que circulan por diferentes medios de comunicación”.

En esa línea, remarcan que dentro de los “objetivos esenciales del gobierno se encuentra el promover, fomentar y garantizar la plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como la protección y resguardo de la dignidad de todas las personas por lo cual rechazamos toda forma de violencia, discriminación o abuso”.

Sumado a ello, agregan que la Ley N° 21.675 “establece un mandato específico para la prevención de la violencia en los medios de comunicación, señalando que el Estado, a través de los órganos competentes, lo que de acuerdo a la ley 18.838 le correspondería a su servicio, debe promover que los medios de comunicación social respeten y fomente la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres”.

En esa misma línea, recalcan que la Ley N° 21.523 conocida como Ley Antonia, “modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización”.

En definitiva, la normativa establece que, al informar sobre investigaciones o juicios, se debe proteger la identidad de la víctima utilizando métodos que eviten su identificación.

Además, prohíbe la difusión de contenidos que refuercen estereotipos o justifiquen la violencia sufrida, con el objetivo de evitar la revictimización y proteger la dignidad de las personas afectadas.

En ese contexto, reafirman que la legislación “establece una serie de medidas de protección frente a la exposición que puedan sufrir las víctimas ante los medios de comunicación social. Entre ellas, se indica una prohibición a los intervinientes de entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación social relativas a las víctimas, u otras como prohibir el acceso de los medios a la sala de audiencia en caso de que la víctima lo solicite, todas ellas con el fin de prever la victimización secundaria”.

Con ello, solicitan que se tomen medidas teniendo presente también “la dignidad y protección de las mujeres”.