“El partido ha compartido toda la información con la Fiscalía”: RD se defiende ante nuevos antecedentes en el lío de platas
El chat de WhatsApp en el que la directiva del senador Juan Ignacio Latorre manejó el inicio de la crisis y una factura entre el partido y Democracia Viva, fueron parte de la información que salió a la luz este jueves.
La crisis no abandona a Revolución Democrática. En medio del último día de la campaña, este jueves se conoció de un informe de 55 páginas, elaborado por la PDI, en el que se reveló la conversación que sostuvo en el inicio de la crisis la directiva de RD que en ese momento encabezaba el senador Juan Ignacio Latorre.
Allí, por ejemplo, la exsecretaria general de la colectividad, Araceli Farías, relató el 6 de junio los rumores de los convenios entre la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade (ex-RD y entonces pareja de la diputada Catalina Pérez) y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por Carlos Contreras (también ex-RD y otrora jefe de gabinete de la misma parlamentaria). En ese momento, Farías dijo: “Del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy, tipo 20 horas, para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías, sería importante que Juan Ignacio Latorre Riveros, RD, pueda estar”.
Tras esto, el 17 de junio, intervino el senador Latorre en el grupo y señaló: “Creo importante defender a Cata y a subse. Dejar caer a Daniel y a Carlos. La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel (...). A menos q se demuestre q ella intercedió en el convenio” (sic).
Al mismo tiempo, también se supo este jueves de la contratación de Democracia Viva por parte de RD, para la construcción de una estrategia comunicacional de cara a las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo. El valor del servicio costó $ 4 millones, de los que RD alcanzó a pagar $1 millón.
A raíz de esos cuestionamientos tras el escándalo del lío de platas, el partido decidió rechazar la factura y en consecuencia no se pagó. “En otras palabras, Revolución Democrática no ha querido correr el riesgo de entregarle dinero a una fundación cuestionada y cuyos miembros, especialmente su presidente, el Sr. Daniel Andrade, fue expulsado del partido y se encuentra siendo investigado penalmente. En cualquier caso, a riesgo de ser redundante, el pago de la factura significaría que Revolución Democrática desembolsaría dinero para la fundación, no al revés, por lo que no podría siquiera plantearse la hipótesis de financiamiento irregular de la campaña”, agrega elaborado por la PDI.
Frente a esto, desde RD salieron al paso de la seguidilla de documentos de la investigación que se han dado a conocer. De esta forma, por ejemplo, el senador Latorre manifestó este jueves que “hemos puesto todos los antecedentes del caso a Fiscalía, sin ocultar nada. Lo que supimos las primeras semanas desde el 6 de junio en adelante no es lo mismo que sabemos ahora. Hubo que ordenar la información para dar a conocer a nuestro consejo político nacional de manera clara y transparente. No es prudente sacar de contexto conversaciones por WhatsApp. Valoro el avance de la investigación por parte de la Fiscalía”.
Esa misma línea comunicacional la desplegó el sucesor de Latorre en la presidencia de RD, Diego Vela, quien se tuvo que hacer cargo del partido tras la renuncia anticipada de la directiva que lideraba el senador. “El partido ha compartido toda la información proactivamente con la Fiscalía, sin nada que ocultar. Al ordenar los antecedentes se definió no pagar los servicios a la fundación cuestionada, pese a que se trataron de servicios prestados, que existieron y de los que hay respaldos. El pago relativo a la persona natural fue por un trabajo realizado y con mucha anterioridad a la revelación de los convenios cuestionados”, dijo el también exjefe de gabinete de Giorgio Jackson.
Lo cierto es que el diseño que se adoptó en la directiva de Vela es sostener un tono que busque posicionar su “proactividad” con la justicia en el caso, mediante una estrategia judicial liderada por la abogada Libertad Triviño.
La mesa de Latorre fue cuestionada en su momento por dirigentes de RD por la poca proactividad, cuando se filtró la declaración ante la justicia del exsecretario ejecutivo del partido, Edson Dettoni.
Un segundo eje en la estrategia de la colectividad es insistir en que los antecedentes que tuvo a la vista la directiva de Latorre -una vez conocido el caso, 10 días antes de la publicación del medio Timeline- no son comparables con la magnitud de la información que hoy se conoce.
Hoy, algunas de las medidas internas que se han adoptado son la expulsión del partido de Daniel Andrade y Carlos Contreras, así como también la suspensión de la militancia de Catalina Pérez por un año.
En la tienda están expectantes al avance de la investigación por el lío de platas. Sobre todo de la situación de otras figuras del partido que han sido mencionadas en los documentos de la Fiscalía, como la concejala Paz Juica o la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.
En esos intercambios de la entonces directiva por el grupo de mensajería, el senador también indicó que “mejor ordenar primero la info (sobre el lío de platas). No mostrar cosas que no son necesarias por ahora”. Ahí también, la extesorera de la mesa, Sofía Valenzuela, indicó que “mi tendencia es a transparentar todo con el CPN para que después no nos rebote, pero en estricto rigor es gasto de campaña que estamos transfiriendo al partido, eso no corresponde y, si se llega a filtrar, es delicado”.
Pese a esto, en la actual mesa que lidera Vela descartan pedir un pronunciamiento del tribunal supremo del partido en contra de Latorre o Dettoni.
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