En medio de polémica por interceptaciones Senado despacha nueva ley antiterrorista a la Cámara
Tras aprobado el informe final de la comisión mixta por 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, ahora la iniciativa fue remitida a la Cámara Baja para su último trámite.
Este martes, el Senado aprobó por 41 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones el informe final de la comisión mixta en torno a la ley antiterrorista, instancia que hace una semana sesionó para resolver las diferencias entre ambas cámaras parlamentarias en torno a algunas indicaciones que provocaron cuestionamientos respecto al fondo del proyecto.
Durante esta jornada, se votaron los principales nudos que envolvieron la discusión de la instancia conformada por senadores y diputados integrantes de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras, entre ellos la herramienta para rastrear e interceptar metadatos de dispositivos celulares -conocida como IMSI catcher-, además de la prórroga de competencias de jueces en ciertas causas, es decir, que el caso sea tratado en una zona distinta al que se perpetró el hecho terrorista.
Finalmente se aprobaron ambos artículos pendientes. El IMSI catcher, sin embargo, encontró la negativa únicamente de las diputadas oficialistas Lorena Fries (FA) y Alejandra Placencia (PC). Esta última, incluso, puso sobre la mesa la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por esta norma.
Bajo este marco, pasadas las 17.00 horas de este martes, el presidente de la comisión mixta, el senador Iván Flores (DC), leyó el informe a sus pares. Allí, tras hacer una reseña del proyecto, el senador abordó la indicación que consiste en la autorización del uso de determinadas tecnologías de investigación en delitos terroristas, y con ello, le hizo una sugerencia al gobierno ante el aviso de la diputada PC.
“Quiero señalar que una parlamentaria ha hecho reserva de constitucionalidad por cuanto la idea de matriz siempre estuvo fijada hacia los delitos terroristas (...) Como van a ser reservas de constitucionalidad, lo que puede hacer el Gobierno para no modificar lo que es el informe de la mixta es un veto exclusivamente a eso si es que lo consideran o sencillamente plantearlo al Tribunal para, si así fuera requerido, poder presentar otro proyecto muy breve para complementar, porque todos sabemos que no solamente las organizaciones terroristas obtienen sus propios medios, sino que se usan a las organizaciones criminales particularmente ligadas al narcotráfico”, sugirió Flores.
Luego, fue turno de la ministra del Interior, Carolina Tohá, de tomar la palabra: “Independiente de cómo transcurra el debate el día de hoy y cómo se termine de zanjar mañana en la Cámara de Diputados, ya hemos acordado un texto para una nueva ley antiterrorista en Chile y es un buen texto. El acuerdo que se logró y que fue ampliamente ratificado en ambas cámaras implica una nueva tipificación de delito terrorista que supera los problemas que ha tenido la tipificación vigente hasta hoy. El corazón de esa tipificación pone el acento especialmente en la asociación terrorista, pero regula las figuras del terrorismo individual, tanto conexo como inconexo. Y era importante hacerlo así porque en Chile tenemos experiencia en ese tipo de ataques”.
El problema mayor está en el segundo tema tratado en la comisión mixta, porque esta temática entró por indicación parlamentaria en el primer trámite, en la incorporación de una tecnología que se llama MC Capture, que lo que da es la posibilidad de interceptar las comunicaciones celulares de una forma que en la legislación actual no está (...) En la Cámara de Diputados se alcanzó un acuerdo importante en el sentido de acotar el alcance del uso de esta tecnología y sólo dedicarlo a lo que se llama los metadatos. Al incorporar sólo los metadatos quedábamos en un estándar que no iba a generar tanta discusión y tantas aprehensiones. Lamentablemente, en el mismo acto en que se acotó el alcance del uso de esta tecnología, se amplió su uso para otro tipo de delitos que no son delitos terroristas”, agregó la ministra.
Tras ser aprobada por mayoría, la iniciativa fue despachada a la Cámara Baja para que continúe con su tramitación.
Cuestionamientos
Una de las legisladoras que votó en contra fue la senadora Claudia Pascual (PC), quien en su intervención se refirió a la polémica tecnología del IMSI Catcher, que se especifica en el artículo 19 del referido proyecto.
“Siguen quedando aspectos relevantes, puesto que esto no es una interceptación telefónica, no es la interceptación de un IP de un computador, es la interceptación de los metadatos, es la interceptación también de un espacio territorial, no sólo la georreferenciación o la localización de dónde está el celular, el computador, lo que se esté registrando, y por lo tanto también la capacidad de cómo éste se mueve. Entonces, desde esa perspectiva, quiero decirlo, que si bien se acota por la vía de la resolución fundada, etc., no es menos cierto que se amplía a otros delitos, que si bien yo podría estar de acuerdo, pero discutámoslo donde corresponde y no en esta legislación”, remarcó
Asimismo, sostuvo que “esta tecnología aquí se ha dicho que se ocupa en otros países, pero parece que nadie se leyó todos los requerimientos que en otros países tiene de constitucionalidad, puesto que interfiere con las libertades individuales del derecho al libre tránsito, del derecho a la privacidad de sus comunicaciones, etc. Y aquí no solo se va a perseguir a quien preventivamente se quiere decir si es que estuviera en alguna situación vinculada a esto, sino que al vecino, al que está cerca. Entonces, yo quiero plantear que nos parece todavía que, como salió de la mixta, no queda bien resuelto”.
Misma duda planteó el senador Francisco Huenchumilla (DC), en torno al artículo concerniente con los mecanismos tecnológicos para interceptar redes o servicios de telefonía.
“Yo creo que que hay un problema que se ha visto en el debate del proyecto en la comisión mixta, respecto de las ideas matrices de que si corresponde o no incorporar otros delitos, como por ejemplo el crimen organizado, la ley de control de armas, etc., que pueden tener una justificación en sí para usar técnicas de esta naturaleza desde el punto de vista tecnológico. El problema es si ¿es correcto como se hizo en este artículo 19 desde el punto de vista de la procedencia como idea matriz? Ahí hay un primer elemento”, sostuvo.
En segundo lugar, cuestionó que en esta “interceptación” pudiese existir una “suerte de pesca de arrastre”, a lo que coincidió con la senadora Pascual respecto a que “ahí podríamos tener problemas también de Constitución respecto de los derechos de las personas y una serie de otros derechos que no es pertinente enumerarlos por el tiempo”.
Respaldos
No obstante, el informe de la comisión mixta fue ampliamente apoyado por la Cámara Alta, destacando los parlamentarios que “es un buen proyecto” en comparación con la legislación que rige en la actualidad, la cual -dicen- “no es aplicable”
Al respecto, el senador Jaime Quintana (PPD) manifestó que “creo que es un una norma que pasa todas las pruebas, pero además es eficaz y algo que no se ha dicho mucho, es una norma que se anticipa, que previene, porque aquí se contempla la situación terrorista, el terrorista individual, sus distintas variantes, los delitos conexos, y algo que es muy relevante, lo que es el favorecimiento de delitos para lo que puede ser una asociación terrorista”.
En el mismo tenor, el senador Iván Moreira (UDI) enfatizó que “este es un buen proyecto porque la ley antiterrorista que teníamos no era aplicable. Esto va a significar que las cosas se lleven a la práctica (...) Curiosamente, hay sectores extremos que apuntan al gobierno como que son ineficientes en el tema de la seguridad y votan en contra. Eso es malo para el país. Es la política de los extremos, y se lo dice un hombre que ha cambiado en las últimas décadas, porque yo viví el fanatismo, yo viví los extremos y ¿a qué condujeron? A nada”.
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