En resolución dividida la Corte Suprema declara inadmisible reclamación de los consejeros oficialistas

La sala integrada por los cinco ministros sorteados para resolver este tema se reunió para determinar la admisibilidad de la reclamación ingresada por la izquierda al máximo tribunal. Luego de analizar el recurso el máximo tribunal declaró que la solicitud del bloque oficialista es inadmisible. La resolución fue una decisión divida por tres votos contra dos.

Los ministros de mayoría fueron Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Mario Carroza. En tanto, los de minoría fueron los magistrados Andrea Muñoz y Jorge Dahm.

En la resolución los ministros que concurrieron a la mayoría estimaron que no se adjuntó “un certificado del órgano al que pertenecen los firmantes dando cuenta que constituyen al menos un quinto de los miembros en ejercicio”. Según el voto de mayoría “los instrumentos ofrecidos resultan insuficientes para tal fin, toda vez que la norma exige una certificación de la legitimación de quienes suscriben el requerimiento y del quórum”.

En tanto los ministros disidentes consignaron en su voto de moría lo siguiente: “Restringir la comprensión del auto acordado a lo que eventualmente puede ser exigible en otros arbitrios como el recurso de queja regulado en el Código Orgánico de Tribunales altera lo previsto en la Carta Fundamental e impide entrar a conocer y pronunciarse sobre el fondo del reclamo planteado que es lo que en definitiva otorga verdadera certeza a las partes”.

En el recurso oficialista se reclamó por las indicaciones ingresadas por las tres bancadas de oposición -republicanos y Chile Vamos- las cuales buscan crear en total tres nuevos capítulos sobre “Defensa nacional”, para alojar aquí las normas de las Fuerzas Armadas, otro sobre seguridad pública y un último para la Defensoría de las víctimas.

Para que la reclamación fuera considerada admisible, el escrito debía estar presentado dentro del plazo correcto. La Constitución establece un plazo de cinco días para reclamar, los cuales se cuentan desde que consejeros o comisionados tomaron conocimiento del vicio. Además exige un número de firmas que, en este caso, equivale al apoyo de al menos diez consejeros del órgano redactor quienes debían certificar correctamente su calidad de representantes en ejercicio.

En la reclamación oficialista figuran 14 firmas de los 17 representantes de izquierda. Los tres apoyos faltantes son de los consejeros Miguel Littin (PS), Jessica Bengoa (CS) y el vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind-PS). Los dos primeros no firmaron por problemas de coordinación y el segundo optó por mantenerse al margen debido a su rol institucional como vicepresidente del Consejo. La reclamación fue presentada el pasado domingo por la noche, ya que ese día, según el análisis jurídico de la izquierda, vencía el plazo desde que se cometió la eventual infracción.

Dado que la reclamación fue declarada inadmisible, la solicitud pasa a ser considerada como “no presentada”. Pese a eso, aún queda una última opción, por lo tanto, aún hay que esperar hasta que se agoten todas las instancias procesales.

La izquierda va a apelar a esa decisión a través de un recurso de reposición el cual debe ser presentado “dentro de segundo día” el cual también se resolverá en la cuenta de la sala, es decir, sin necesidad de citar a una audiencia. En ese recurso se acompañarán las certificaciones que solicita el voto de mayoría de la sala.

El auto acordado de la Corte Suprema que regula el procedimiento de la reclamación agrega que “si se rechaza la reposición, se pondrá fin al procedimiento y se ordenará su archivo”. El recurso de reposición deberá ser presentado por William García, el abogado patrocinante del oficialismo.

Así lo confirmó la delegada María Pardo (CS). “La Corte ha estimado que hizo falta un documento adicional, además de aquellos que presentamos, con los efectos de acreditar nuestra realidad de consejeros constitucionales y por lo mismo estamos haciendo las gestiones necesarias para efectos de incorporar ese documento”, explicó la consejera.

Por su parte, la bancada republicana valoró la decisión del máximo tribunal. “Frente a la eventual decisión del oficialismo de pedir que se revise esta decisión de la Corte Suprema, creemos que demuestra la poca o escasa sensibilidad del oficialismo por esta materia tan sentida por la ciudadanía”, afirmó el delegado Luis Silva.