“Es inaudito lo que está haciendo el Gobierno”: parlamentarios critican la decisión de reducir presupuesto al Ministerio Público

Una rebaja de $7.064 millones fue lo que estableció al Gobierno al presupuesto del Ministerio Público para este año 2025. Esta situación llevó a duras críticas por parte de miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, quienes esperan que se pueda lograr revertir la medida en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Este recorte se da en el contexto de una rebaja preventiva del gasto público durante los diez primeros días de enero por un total de $544.000 millones distribuidos en gasto en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, transferencias de capital y el Tesoro Público.

“La norma que mandata este ajuste va complementada por otra que establece que en el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre del año, se actualizarán las proyecciones de ingresos, los balances fiscales y de acuerdo a eso se harán los ajustes que fueren necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales del año 2025. Eso va a ocurrir por ahí por comienzos de abril y es la contrapartida de este ajuste de gasto”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sin embargo, según detalló El Mercurio, el recorte específico dentro del Ministerio Público se daría en tres áreas concretas: la primera siendo la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad por la dificultad de reemplazar fiscales y personal ante la reducción de recursos en la Partida 23. También se señala la falta de personal adecuado.

Como segundo punto se señala un recorte en bienes y servicios de consumo y también el recorte en la adquisición de activos no financieros. Este último punto, relevante para la adquisición de equipamientos como cámaras de vigilancia o chalecos antibalas.

Así las cosas, parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados criticaron la medida en contra del Ministerio Público

La presidenta de la comisión, Gloria Naveillán (Ind. PSC), señaló a este medio que desde Hacienda tendrían que darse cuenta que “hay ciertas áreas donde tú no puedes rebajar el presupuesto, como por ejemplo el Ministerio Público, como por ejemplo salud, pero resulta que acá le bajaron plata a todo por parejo, lo que no estaba en el acuerdo específico”.

“Ahí es donde tú dices estas autoridades que tenemos hoy día están desesperadas porque ellos sacaron mal la cuenta de los reingresos y por lo tanto de cuánta plata iba a ingresar al presupuesto 2025″, agregó al respecto.

En el contexto de esta rebaja al presupuesto del Ministerio Público, la diputada mencionó que mañana recibirán en la Comisión de Seguridad al fiscal nacional, Ángel Valencia.

En la instancia, mencionó que se especificará “el detalle de cuánta plata se rebaja en qué y eso qué significa ¿Significa cuántos fiscales menos? ¿Significa cuánta tecnología menos? Eso es lo que necesitamos saber en detalle mañana”.

El diputado Andrés Longton (RN) fue especialmente crítico de esta decisión y señaló que citaría a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para entregar las explicaciones respectivas.

“Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes”, afirmó.

“El año pasado cerramos con un récord histórico de homicidios, una delincuencia desbordada y una migración descontrolada que ha permeado la seguridad en nuestras ciudades. Y ahora, en lugar de fortalecer las instituciones que combaten el crimen, el Gobierno decide debilitarlas. Es inaceptable”, agregó Longton.

Así las cosas, el parlamentario explicó que el recorte presupuestario “deja a los fiscales y equipos especializados sin las herramientas necesarias para actuar frente a organizaciones criminales que operan con creciente sofisticación. Y aún más grave es que este recorte contradiga el compromiso asumido durante la discusión de la Ley de Presupuestos, donde se garantizó que no se afectarían instituciones clave para la seguridad del país”.

También mostró su rechazo a esta decisión Henry Leal (UDI), quien señaló que le parece “insólito que el Gobierno haya recortado más de $7.000 millones al Ministerio Público. Esto demuestra que las prioridades del Gobierno no están claras o no están en sintonía con la mayoría de los chilenos. No me parece correcto, es inaudito lo que está haciendo el Gobierno”.

Así, señaló que se deberían enfocar estas reducciones presupuestarias en bajar la contratación de funcionarios públicos.

“Esperamos y hacemos un llamado al Gobierno para que revierta esta decisión. No es de sentido común, esto no corresponde. Presidente Boric, las prioridades son seguridad y usted no puede recortar presupuesto a esta institución”, concluyó al respecto.

El parlamentario Cristián Araya (Republicano) explicó sobre el tema que “nosotros propusimos en la ley de presupuestos una rebaja de $5.000 millones de dólares, pero ellos (el Gobierno) solo acordaron $700 millones. Uno empieza a dudar si son errores o si simplemente está siendo intencionado”.

“Es inaceptable quitarle presupuesto a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y Gendarmería, instituciones esenciales para la seguridad y la justicia en Chile. Mientras destinan recursos a operadores políticos, la seguridad y la estabilidad del país no pueden quedar en segundo plano”, señaló.

También crítico en quienes se enfoca el gasto y mencionó una excesiva cantidad de funcionarios públicos.

“Hoy contamos con un millón de funcionarios públicos, y este gasto excesivo no es sostenible ni justificable. Es urgente redirigir los recursos hacia las instituciones que realmente generan resultados y asegurar que las prioridades nacionales se centren en la estabilidad y protección ciudadana, que es precisamente lo que los chilenos exigen”, explicó sobre el último punto.

Raúl Leiva (PS) explicó que el acuerdo al que se llegó al interior de la Comisión Mixta de Presupuesto incluye una rebaja a todos los organismos del Estado, con algunas excepciones como aquellas vinculadas a la salud o la seguridad.

“Yo creo que esa excepción también debe extenderse a todas los instancias que participan del proceso de persecución criminal. No solo los tribunales de justicia en materia criminal, sino particularmente el Ministerio público en tanto persecutor exclusivo del crimen organizado”, señaló.

A lo que agregó: “Me parece importante revisar esa materia y poder redisponer de esos fondos que si bien tenían algunos ítems específicos de transferencia de capital y el subtítulo 21 entiendo en materia de remuneraciones, eso debería reponerse al Ministerio Público”.