“Es tiempo de nivelar los estándares hacia arriba” y “la postura es errática y tardía”: las reacciones políticas al conocerse el “criterio Tohá”

Opiniones divididas se han generado en torno al criterio adoptado desde la administración del Presidente Gabriel Boric respecto a la eventual formalización de funcionarios que pertenezcan al Ejecutivo.

Fue durante este jueves que se supo del denominado “criterio Tohá” en torno a los funcionarios del Ejecutivo. “Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”, planteó la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Por lo mismo, se fijó que en caso de que se formalice a una autoridad o funcionario del Ejecutivo, deberá dejar su cargo. Sin embargo, la postura adoptada por La Moneda se da en medio de la investigación por los convenios presuntamente irregulares y en donde se indaga -en calidad de imputado- el rol del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), quien eventualmente podría ser formalizado. Y no solo eso, porque las pesquisas también han salpicado a la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez; y al exministro Giorgio Jackson (RD).

Todo lo anterior se adoptó luego que se concretara la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien terminó siendo formalizado por la filtración de información al abogado Luis Hermosilla. Por el caso, quedó en prisión preventiva. Sin embargo, la medida también se da a semanas de que se concrete la formalización del general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, por omisiones en delitos cometidos por la institución policial en el estallido social de 2019.

La diputada Ximena Ossandón (RN), jefa de bancada de su colectividad, abordó el “criterio Tohá” señalando que “si el gobierno fija un estándar, debe hacerlo, pero con todos los funcionarios, no importa si es el máximo asesor presidencial o la jefa de la Dipres (Dirección de Presupuestos)”.

“De cualquier manera, en el caso del general Yáñez es distinto y debe justificarse, según señala la propia Constitución, entendiendo que no es un funcionario más de confianza, sino que goza de una naturaleza especial. En ese caso, me parece que un criterio meramente gubernamental no basta y que debería justificarse desde la objetividad y considerando la presunción de inocencia”, añadió al respecto.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet, presidente nacional de Amarillos Por Chile, comentó que el “criterio Tohá” difiere del criterio de Gabriel Boric, afirmando que el Mandatario “todavía tiene en su cargo a quien traicionó su confianza. Miguel Crispi engañó al Presidente, no le dio la información de todos los problemas que había con las fundaciones y todavía se mantiene en su cargo”.

En esa línea, abordo la situación del general Ricardo Yáñez y cuestionó que la ministra Tohá “debiera dedicarse a fortalecer a Carabineros y no enviar estos mensajes que distorsionan la situación, porque hoy día tenemos problemas de seguridad, tenemos que fortalecer Carabineros”.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), jefe de bancada gremialista, dijo que “la postura del gobierno nuevamente es errática y tardía. Porque es completamente distinto lo que ocurre con el general Yáñez que está siendo evidentemente perseguido por la fiscal Chong, a lo que ocurre con el señor Crispi. Es el gobierno tendrá que evaluar hasta cuándo permanece en su cargo una persona que ha contribuido a generar diferencias y a impedir muchas veces los necesarios consensos para avanzar en los distintos proyectos de ley”.

A su vez, el diputado Cristian Araya (Republicano) y actual querellante en el caso Democracia Viva, apuntó que “cuando el actual Gobierno era oposición, solicitaban las cabezas de las autoridades por un tuit o un comentario desafortunado. Hoy, el estándar que impone la ministra Tohá es de la formalización, cuando ya las consecuencias legales son inminentes. Evidentemente, esto es un nuevo estándar de aquellos que desean tener una superioridad moral muy diferente al anterior. Claramente, sólo cuando ya están a punto de caer presos es cuando los van a remover”.

“Evidentemente, personas como Miguel Crispi o el mismo ministro Montes deben ser removidas de forma inmediata. Nada justifica que permanezcan en sus cargos y no podemos esperar a que sean formalizados para que abandonen sus cargos”, cerró al respecto.

Desde el oficialismo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, manifestó que “es un criterio bastante estricto considerando que la formalización no es sinónimo de acusación, pero es tiempo de nivelar los estándares hacia arriba por lo que apoyamos la medida”.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, señaló que “me parece bien que el Gobierno fije un criterio en este tipo de casos, y sin perjuicio de lo que significa la presunción de inocencia que implica una formalización, el hecho de fijar una línea roja en razón de la función pública, me parece correcto”.

“Sin perjuicio de lo anterior, el llamado es a las autoridades que están ejecutando cargos de exclusiva confianza, en el sentido que seguimos manteniendo la postura de que si son cuestionadas y en un examen de conciencia consideran que están afectando las gestiones de sus respectivas instituciones, den un paso al costado por el bien de Chile y de los organismos que están a su cargo; y no esperen la determinación o resolución del Presidente de la República. Pero estamos en Chile y eso nunca va a pasar o sucede muy poquísimo, salvo que exista una presión comunicacional o social importante, lo que es desilusionarte justamente por lo que significa ser una autoridad republicana”, reflexionó.

El diputado independiente, Tomás Lagomarsino también se mostró en línea con lo planteado por Tohá. “Concuerdo con que funcionarios públicos que ocupen cargos relevantes en la administración del Estado -dígase directores de servicios, seremi, directores nacionales, ministros, subsecretarios, directores de departamentos- si es que son formalizados, deben renunciar a dichos cargos, producto de que deben abocarse a su defensa y no ser un lastre, justamente, para las funciones críticas del Estado que en muchas ocasiones ellos administran en los cargos que tienen”.

El jefe de bancada de diputados del PS, Daniel Melo, agregó al respecto que “debemos recuperar la confianza en las instituciones. Comparto el criterio del gobierno al no establecer un estándar diferente para unos u otros funcionarios, es lógico que quienes enfrenten una formalización deben dar un paso al costado, lo cual no significa vulnerar el principio de inocencia sino que mantener la integridad de las instituciones”.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini (PS), sostuvo que “sin perjuicio que siempre es el Presidente quien tiene la facultad y la última decisión de remover a quienes están bajo su mando, me parece que las declaraciones de la ministra Tohá son del todo correctas, porque eso significa que ese funcionario tiene la oportunidad de hacerse una autoevaluación previa respecto a si su permanencia contribuye para bien o por el contrario, termina perjudicando el buen funcionamiento de ese servicio o institución pública”.