“Es una desfachatez”: oficialismo y oposición repudian gestiones de embajadora chilena en Reino Unido y Cancillería “recaba antecedentes”

“Este proyecto puede marcar un hito en la relación entre nuestros países, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los territorios, los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades”.

De esa forma, y a través de una carta, la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, presentó al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana para “la restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) y basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera”.

En la misiva, ella solicitó a la gobernación la entrega de financiamiento para el proyecto, el que alcanzaría alrededor de 5 millones de dólares.

Producto de eso, la embajadora recibió una fuerte advertencia por parte de Cancillería, específicamente por haber presentado un proyecto para levantar fondos públicos y privados sin seguir los trámites regulares. Todo esto, en medio del lío de platas entre fundaciones y reparticiones gubernamentales, al que ha debido hacer frente la administración del Presidente Gabriel Boric.

Desde Cancillería, en respuesta a una solicitud de La Tercera, respondieron que el ministerio está pendiente “del desempeño de sus embajadores y embajadoras, así como del cumplimiento de los objetivos fijados para sus misiones en el exterior”. En este caso, agregaron, “esos mecanismos están activados y se están recabando todos los antecedentes necesarios”.

“No podemos referirnos a instrumentos o detalles específicos, ya que se trata de procedimientos que exigen reserva”, complementaron.

Lo cierto es que Herrera no solo fue cuestionada por la Cancillería.

Luego de la publicación del caso en La Tercera, desde la oposición criticaron duramente su gestión.

Por ejemplo, el senador y miembro de la Comisión de RR.EE., Iván Moreira (UDI), argumentó que “el sello del gobierno del Presidente Boric (...) es el tráfico de influencias y corrupción a través de fondos entregados a fundaciones que actuaron fraudulentamente. Ahora se suma algo inédito de la política exterior: que haya una embajadora (...) haciendo gestiones en la Gobernación de Biobío para que le entreguen prácticamente cinco millones de dólares a un proyecto. Eso no corresponde, eso es tráfico de influencias”.

“Aquí lo que corresponde es que el gobierno le pida la renuncia a la embajadora”, agregó Moreira, junto con adelantar que, como integrante de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, solicitará citar al canciller, Alberto van Klaveren, y a la embajadora Herrera.

Por su parte, el senador Rojo Edwards (Partido Republicano), quien también integra la misma comisión, dijo que “la actitud de la embajadora es sumamente cuestionable dada la situación de corrupción generalizada por la que atraviesa el gobierno del Presidente Boric. Esperamos poder invitarla a la comisión de RR.EE. del Senado a la brevedad, para que nos explique por qué pretendía saltarse a la Cancillería y quiénes iban a ser los beneficiarios de los millones de dólares que esperaba recaudar”.

En todo caso, no solo desde la oposición hubo críticas para Herrera. El diputado Tomás de Rementería (PS), presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, manifestó que “me parece que si la Cancillería tomó la decisión de tirarlo para atrás, es que no estaba haciéndose de la forma en que debía hacerse. Me parece que es imprudente si se hizo de mala manera. Hay que analizar el caso y ver si existe efectivamente la necesidad de la embajadora en esto. En el caso de que hubiera algún beneficio personal, sería grave. Pero yo creo que acá es solo se aceleró e hizo las cosas sin seguir el procedimiento que se debe seguir”.

El diputado Raúl Soto (PPD), quien también integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sostuvo que “me parece grave que una embajadora actúe en uso de su investidura para hacer y promover proyectos particulares, que implican además financiamiento y administración de recursos públicos, con ese nivel de autonomía y desfachatez, desconociendo u obviando la normativa vigente”.

“La situación fue alertada y frenada por la Cancillería, pero de todas formas lo abordaremos en la comisión de RR.EE. Algo así no se puede dejar pasar y espero que la Cancillería revise que esta situación no se esté repitiendo en otras embajadas”, agregó el expresidente de la Cámara.

Eso no es todo. El presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), Fernando Guzmán, hizo un llamado al Presidente Boric por el nombramiento de embajadores. “A lo largo de décadas, hemos sido testigos del nombramiento de decenas de embajadores por razones de política contingente, de equilibrios de poder entre los partidos políticos, por amistad o por el mero pago de favores. Las embajadas y misiones de Chile no son lugares para el pago de favores. Muy por el contrario (...), deben ser dirigidas por profesionales. Sería incomprensible para la ciudadanía que nuestras embajadas siguieran siendo una herramienta presidencial para la recompensa a partidos políticos (...) o a personas no consideradas para cargos en la administración central”.

Donde Herrera sí encontró respaldo es en la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), partido que le entregó un cupo para que compitiera como candidata a diputada en las últimas elecciones parlamentarias. De hecho, la embajadora tomó contacto con la directiva del partido luego de la publicación del reportaje en La Tercera.

Dirigentes de la colectividad señalan que, si bien ella no hace vida partidaria, apoyaron su nominación al cargo que actualmente ostenta, porque “nos interesaba que las embajadas “sirvan al pueblo de Chile” y no que solo mantengan “relaciones diplomáticas en los grandes salones”.

“Susana Herrera era una de las posibilidades de llevar al pueblo de Chile a conversar, tomar experiencias, vínculos, con los pueblos del Reino Unido”, afirman desde la FREVS.

A través de sus redes sociales, la presidenta de la FREVS, Flavia Torrealba, afirmó que el proyecto que propuso Herrera “evidentemente no es personal”.