Espacio Público analiza las medidas de Piñera: "La agenda social podría requerir una nueva reforma tributaria"

Aunque el documento establece que las medidas tienen una profundidad que "resulta compleja de ponderar", Espacio Público realizó un análisis del paquete de medidas anunciadas el martes en la noche por el Presidente Sebastián Piñera para paliar la crisis social que atraviesa el país. Entre quienes desarrollaron el informe se encuentran los directores Andrea Repetto, Eduardo Engel, Eduardo Bitrán, María Jaraquemada y Mauricio Duce, quienes, junto al equipo de la fundación, buscaron descubrir si estas medidas son efectivamente nuevas, a cuánto asciende su costos y cuál es el impacto que estos anuncios podrían tener en la vida de los chilenos.

En su introducción, se establece que el paquete "es un buen punto de partida", con efectos inmediatos en beneficio de los hogares más vulnerables, pero que también es "modesto", pues representa aproximadamente una inversión de 0,4% del PIB. "A modo de ejemplo, el gasto del fisco en pensiones de las Fuerzas Armadas representaba el 1% del PIB en el año 2018", dice el texto. Respecto del financiamiento, en Espacio Público consideran que el paquete es de casi entera carga fiscal, por lo que necesitaría de un mayor aporte tributario de las empresas para aliviar las estrecheces de las arcas estatales. "Se podría requerir una nueva reforma tributaria que, por lo tanto, debe ser parte del paquete de medidas y ser consistente que los ejes de progresividad y redistribución", indica el informe.

El informe del área de seguridad social, redactado por los investigadores Nicolás Campos y Tomás Cortés, no repasa algunos de los anuncios más vagos del Gobierno, como el aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios para mayores de 75 años o el complemento al ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan. No se cuenta con suficientes detalles de estas iniciativas. Sí se abordan las bondades y los riesgos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de $ 350.000 que "aumentará la remuneración mínima que reciben los trabajadores con jornada completa en un 16,3% nominal, siendo un reajuste grande relativo a los aumentos que han existido del salario mínimo en los últimos 20 años".

El IMG tendría un impacto directo sobre el 12% de todos los trabajadores, es decir, cerca de 800 mil personas que hasta ahora ganan el sueldo mínimo de $301.000. Sin embargo, su costo alcanza la mitad de toda la denominada "Agenda Social", es decir, un 0,2% del PIB. Espacio Público propone que, para rebajar la carga fiscal, el IMG sea asumido parcialmente por las empresas de mayor tamaño. "Esto podría rebajar la carga fiscal, o incluso aumentar el umbral de aplicación a $400.000 en un plazo breve", dice el documento. Por otra parte, se menciona que esta reforma implica el riesgo de que muchos empleadores bajen sus salarios al mínimo, esperando que el Estado cubra la diferencia.

Sobre el aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria -que beneficiaría a 590 mil pensionados mayores de 65 años que no han cotizado en su vida laboral-, el informe señala que no es una propuesta nueva, sino una recomendación de la Comisión Bravo, que data de 2015.  "A la fecha, la PBS es de $110.201 mensuales. Con el aumento del 20%, la PBS pasará de los $110.201 pesos mensuales a $132.241 mil pesos. Este cambio corresponde a un aumento nominal de $22.040 pesos", indican los investigadores.

El mismo origen tiene el aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, que complementa las pensiones autofinanciadas y se entregaría a 945 mil pensionados. Esta idea también salió de la Comisión Bravo y "es consistente con el objetivo de aumentar las pensiones actuales, en particular, las más bajas". Sumaría un 20% a cualquier jubilación bajo los $ 325.646.

A continuación, las investigadoras Camila Arroyo y Fernanda Moscoso aportaron el análisis de los anuncios en el sector salud. El primero de ellos fue el Seguro de Enfermedades Catastróficas, que pondría un techo al gasto de salud de las familias que se encuentran en Fonasa y se atienden en el sistema privado, según la Modalidad de Libre Elección. "Este seguro va en la dirección de disminuir el copago y gasto de bolsillo asociado a siniestros catastróficos", indica el texto de Espacio Público. Aunque no se especifican montos ni cómo se financiaría el plan, este seguro actuaría como un incentivo para que nuevos usuarios se atiendan en el sistema privado, descongestionando los hospitales públicos, pero, a su vez, podría seguir minando el estado de la salud estatal.

El informe de Espacio Público expresa dudas puntuales sobre una medida: la ampliación del convenio de Fonasa con farmacias, que reduciría el precio de los medicamentos para más de 12 millones de personas. Hasta ahora, Fonasa ha licitado más de dos mil medicamentos y dichos descuentos rigen para la Región Metropolitana y O'Higgins, pero la propuesta ampliará el plan a todo el país, específicamente para aquellos que no estén cubiertos por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto. "Quedan dudas sobre cuál sería el porcentaje de cobertura de los medicamentos una vez ya aplicados el descuento por convenio y el seguro", dice el análisis. Además, agrega, "es fundamental que cualquier política que se haga en esta línea se traduzca en una reducción efectiva y relevante del gasto de bolsillo en medicamentos". Como estas soluciones se apoyan en el sistema privado, para la fundación será fundamental que garantizar el acceso de lugares apartados a los medicamentos y evitar que la rentabilidad quede a favor de las farmacias.

En cuanto a la medida de aumentar en cinco puntos el impuesto del Global Complementario para los trabajadores con ingresos más altos (de 35% a 40%), Espacio Público señala que "aumentar la brecha entre el impuesto que pagan las empresas y las personas de mayor ingreso generará a futuro incentivos a reinvertir las utilidades, lo cual debería tener un efecto positivo en la inversión". Agrega que "si se mantiene el sistema tributario actual, y se agrega un tramo con la tasa marginal del 40%, las rentas del capital serán gravadas casi en un 50%, lo que nos ubicaría en un nivel comparable con países desarrollados. Sin embargo, al aumentar la diferencia relativa entre el impuesto a las empresas y a las personas de alta renta, se incentiva la elusión a través de la creación de empresas y socios pasivos para recibir los ingresos". Si se diera la hipótesis indicada, sostiene, "esta propuesta podría generar un efecto nulo, o muy baja recaudación y progresividad del sistema. Para evitar este incentivo perverso es fundamental mantener los mecanismos antielusión de la reforma del 2016".

Para la directora de incidencia de la fundación, María Jaraquemada, la decisión de disminuir el sueldo de parlamentarios, "constituye un gesto hacia la ciudadanía para hacer frente a las altas remuneraciones de estas autoridades en comparación con el ingreso mínimo y promedio de los y las ciudadanas", aunque hace ver que aún no hay claridad sobre montos. Y en términos de reducción de número de parlamentarios, señala que "surgen dudas de cómo esta propuesta afectaría la proporcionalidad que se instauró con el reemplazo al sistema binominal, cuyo objetivo es que distintas visiones de la sociedad estén representadas en el Congreso, lo que iría precisamente en contra de parte de lo que origina el malestar social que es la desconexión con la política e instituciones y su representatividad". Añade que "no sabemos si esto implicará mantener distritos y reducir los parlamentarios a elegir -necesariamente afectará la proporcionalidad y la igualdad territorial- o si se realizará un redistritaje y sus efectos. También podría afectar al sistema de cuotas de género también recientemente instaurado". También hace una advertencia sobre el límite de la reelección parlamentaria: podría incentivar el "turismo electoral" o la reelección no inmediata.

La última propuesta analizada es la que tiene que ver con mejor distribución del fondo común municipal, en que comunas más ricas aportarían a comunas más pobres. En ese punto, Espacio Público sostiene que "se debe garantizar que las modificaciones al Fondo Común Municipal tengan un efecto redistributivo. La opinión de expertos que analizaron los anuncios del ex Subsecretario Salaberry dan cuenta que esto podría estar en riesgo si se considera en la propuesta del ejecutivo la inclusión de los permisos de circulación y patentes comerciales en el aporte que deben realizar los municipios al Fondo, pues este tipo de ingresos son muy relevantes para municipios con menores recursos. En segundo lugar, se debe avanzar en la reducción de la discrecionalidad de recursos de la SUBDERE al nivel regional, y en el establecimiento de normas más claras y transparentes para la asignación que realizan los Gobiernos Regionales de los proyectos municipales que se adjudican el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Actualmente, los criterios para la asignación del FNDR son poco claros y no responden a un criterio redistributivo".

Como reflexión final, los expertos sostienen que la medidas "constituyen un primer paso para promover un diálogo político que permita dar respuesta a las demandas ciudadanas que hoy tienen al país movilizado". Sin embargo, acota que "en el corto plazo deben abordarse la transparencia, los medios de consulta y participación ciudadana con que se contará durante el debate de las reformas y para el diálogo a futuro con la ciudadanía; la agenda climática, que incluya modificaciones a la gestión del agua y el término de zonas de sacrificio; la protección y reconocimiento real de la diversidad; y, en lo inmediato, el respeto irrestricto de los derechos humanos bajo toda circunstancia". Del mismo modo, advierte que existen "otras materias que no corresponden a una agenda corta, pero que sin embargo nos parecen relevantes para construir una agenda efectiva respecto de la desigualdad y abusos". Anuncia, entonces, que "Espacio Público desarrollará en mayor detalle algunas de las materias presentadas en este documento, así como los temas pendientes y otras de largo plazo como el problema de representatividad y funcionamiento de los partidos políticos, fortalecimiento institucional y nombramiento de autoridades (cuoteo político), empleo público (nepotismo y operadores) y los bajos sueldos asociados a un modelo de desarrollo que genera una desigual distribución funcional, muy difícil de corregir sólo por la vía de los impuestos. De esta forma, este documento es un primer análisis que busca contribuir a la construcción de una agenda que nos permita reducir la desigualdad en Chile".