Tras darse a conocer el “pinchazo” al teléfono del exjefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi (FA), particularmente por una conversación en que habría comentado que la exsenadora Isabel Allende habría insistido en la compra de la casa de su padre -el expresidente Salvador Allende-, el fiscal nacional Ángel Valencia enfatizó que las investigaciones del caso ProCultura y por la casa de Guardia Vieja han tenido "niveles de reserva bastante apropiados".

“Hemos dicho en la investigación del caso ProCultura, en la investigación del caso Guardia Vieja, han tenido niveles de reserva bastante apropiados a lo largo de estos meses. Lamentablemente, y esto lo hemos dicho, lo voy a decir, e incluso hasta el extremo de la majadería, cuando se vencen los plazos de secreto y reserva estamos obligados a entregar copias”, detalló el fiscal nacional.

En ese sentido, criticó que en la legislación actual se permita entregar copias de causas reservadas a todos los intervinientes, incluyendo con ello también a querellantes que no necesariamente se encuentren entre las víctimas de los hechos. “Lamentablemente, sabemos que con la legislación actual vigente estos hechos suceden”, agregó.

Respecto a la solicitud realizada por Fiscalía de incautar los teléfonos de Miguel Crispi, Isabel Allende y Maya Fernández tras conocer precisamente la conversación que Crispi sostuvo con su madre, y que finalmente fue rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, detalló que todo forma parte “de un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”.

“En nuestro sistema de justicia, los fiscales son los que decretan las diligencias, y en ciertos casos estas diligencias de investigación que pueden afectar garantías constitucionales, como por ejemplo la interceptación telefónica, de acuerdo a nuestra ley, eso requiere una autorización judicial”, comenzó explicando.

A lo que agregó: “Los jueces para este efecto no son notarios, no son simples ministros de fe. El control judicial tiene por objeto apreciar si hay mérito o no hay mérito, hay proporcionalidad, no hay proporcionalidad, hay justificación o no hay justificación, atendido la gravedad de los hechos que se investigan, la identidad de los antecedentes, la importancia y el peso de los antecedentes. Por lo tanto, si un fiscal pide una diligencia, y esa diligencia necesita autorización judicial, y un juez estima que esa autorización judicial no es procedente, es simplemente un mecanismo que establece nuestro sistema de justicia”.