Estudio del CEP advierte que los umbrales “no abordan las causas del problema del sistema político” y sugiere prohibir los pactos electorales

Cuando los parlamentarios, La Moneda y los partidos políticos están analizando la posibilidad de concretar durante este gobierno una reforma al sistema político, el Centro de Estudios Públicos (CEP) se propuso analizar las dos mociones parlamentarias que se han presentado -hasta el momento- para corregir los problemas de fragmentación que afectan Parlamento.

Hasta la fecha, al Congreso se han ingresado dos iniciativas parlamentarias, una por parte de diputados UDI y Evópoli, y otra, por dos senadores de RN. Ambos textos pretenden, con distintas recetas, corregir “un sistema electoral que no contribuye a la gobernabilidad política y que se caracteriza por la existencia de partidos sin disciplina, con vínculos débiles con la sociedad civil y sin anclaje programático”.

Pese a que ambos proyectos son distintos, los dos tienen un elemento en común: el establecimiento de umbrales electorales legales -entre 5% o 7%- como un mecanismo idóneo para abordar el fenómeno de la fragmentación partidaria al interior del Congreso.

Esto, en un contexto en que si en las elecciones parlamentarias de 2013 solo ocho partidos lograron obtener escaños en la Cámara, luego de la reforma electoral de la expresidenta Michelle Bachelet, en 2017 esta cantidad se duplicó a 16, cifra que ha seguido al alza y que en la actual legislatura supera los 20 partidos. A eso se suma que, según el Servel, actualmente hay 24 partidos constituidos y otros cuatro en formación que podrían unirse o formar nuevos pactos para competir en los comicios de 2025.

El CEP decidió analizar en detalle la utilidad de introducir un umbral legal en el sistema electoral chileno. A través de un estudio -de los investigadores Luis Eugenio García-Huidobro, Trinidad Pacareu y Ariadna Chuaqui- el centro llegó a una conclusión que se aleja del consenso que han intentado armar los partidos políticos y que surgió en la Comisión Experta del último proceso constitucional. Es decir, que los umbrales electorales no son la solución a los problemas del sistema político chileno y que incluso su incorporación es riesgosa, ya que podría incorporar mayores dificultades al sistema electoral.

Los investigadores determinaron que “la fragmentación partidaria no es necesaria ni exclusivamente atribuible al sistema proporcional”. Por lo mismo, introducir umbrales legales solo atacaría los efectos de la fragmentación, pero no sus causas.

Además, dice el estudio, la fragmentación partidaria no es necesaria ni únicamente atribuible al sistema electoral proporcional, sino que responde a un fenómeno multicausal. De hecho, los investigadores comentan que la fragmentación se explica por “factores exógenos al sistema electoral proporcional”, los cuales existen incluso desde antes de la reforma electoral de Bachelet en 2015.

Uno de los investigadores profundiza en esta idea. “La introducción de umbrales electorales busca corregir lo que se percibe como un problema de gobernabilidad que se atribuye al sistema electoral proporcional. Lo hace restringiendo la representatividad que este proporciona al restringir el acceso de partidos políticos a la distribución de escaños en el Congreso, pero no ofrece una solución al que es tal vez el principal problema de nuestro sistema político: la falta de coherencia programática y disciplina al interior de los partidos, así como la percepción ciudadana de su falta de representatividad”, dice García-Huidobro.

El abogado e investigador del CEP agrega: “Reducir el número de partidos políticos al interior del Congreso no garantiza mejorar su carácter programático ni su representatividad ciudadana. Creer que los problemas que afectan al sistema de partidos se corrigen con la introducción de umbrales electorales, equivale a considerar que el cáncer puede curarse con una aspirina”.

Otra de las conclusiones apunta a que “la experiencia comparada sugiere que la inclusión de un umbral electoral legal no es fácilmente trasplantable, sino que debe tener en cuenta la multiplicidad de factores que afectan la capacidad de los actores políticos para acceder a cargos de representación popular”. En esa línea, agregan que “establecer un umbral legal complejiza un sistema electoral ya sumamente complicado”.

Esto último se agudiza aún más si se tiene en cuenta que el sistema electoral chileno funciona en base a listas electorales cerradas no bloqueadas, es decir, el voto es por una candidatura individual, pero la asignación de escaños se hace por lista. Esto significa que los votantes eligen a un candidato específico en la papeleta, pero los escaños se asignan a los partidos o coaliciones de partidos en función del total de votos que cada lista recibe. En otras palabras: las personas creen que votan por candidatos, pero están votando por listas cuyos integrantes, en experiencias pasadas, podrían tener diferencias ideológicas profundas.

El CEP es enfático en señalar que la solución está en eliminar una anomalía del sistema electoral chileno: los pactos electorales. “Una posible alternativa de reforma a considerar es prohibir los pactos electorales y obligar a que los partidos compitan por sí solos, con el fin de simplificar el mecanismo de traducción de votos a escaños en elecciones proporcionales como también reforzar la coherencia y competencia programática de los partidos”, se lee en el estudio.

Eso, según el CEP, apuntaría a la raíz del problema. “Tal vez el principal problema del sistema político es la existencia de partidos escasamente programáticos, con vínculos ciudadanos débiles y sin disciplina interna. La existencia de pactos entre partidos con una alta presencia de candidatos independientes, que no necesariamente tienen coincidencias programáticas, genera una competencia interna entre quienes los integran, incluso entre candidatos de un mismo partido. El vínculo entre pacto, partido y candidato se vuelve estratégico y, en muchos casos, la conformación del pacto está orientada a superar las barreras naturales que establece el sistema electoral más que asegurar la implementación de un futuro programa de gobierno entre quienes resulten finalmente electos”, dice García-Huidobro.

Según el investigador, “la eliminación de los pactos incentiva a los partidos a diferenciarse programáticamente unos de otros, algo que resulta difícil en el escenario actual”. Junto con eso, se cambiarían “los incentivos electorales de los partidos, especialmente de los pequeños, a converger estratégicamente con el fin de sobrevivir a las barreras naturales establecidas por el tamaño de los distritos”. Esto, explica García-Huidobro, debido a que los “partidos pequeños ya no podrían camuflarse detrás de los pactos electorales para acceder a un escaño. Así, la eliminación de los pactos reforzaría la coherencia y competencia programática de los partidos que compitan electoralmente”.