Estudio de transparencia: Chilenos perciben al Estado como discriminador y distante

¿Cuáles son las instituciones más corruptas? ¿Ha pagado sobornos? ¿Sabe cómo denunciar hechos de corrupción? ¿Ha sido testigo de algún hecho de corrupción en el sector público? Esas son algunas de las preguntas que abordó el Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), entre agosto y octubre de 2019. La encuesta arrojó nuevos resultados respecto de la imagen negativa que tienen las personas del Estado.

El sondeo reveló que solo dos de cada 10 personas confían en el Estado (23%), y que siete de cada 10 tienen una evaluación negativa de su relación con él. De hecho, según el mismo estudio, la evaluación del vínculo ciudadano-Estado está marcada por los siguientes datos: un 84% la considera distante; un 76% asegura que tiene un mal trato y un 71% dice que discrimina (ver infografía).

La encuesta se les aplicó a 2.850 personas a nivel nacional, se realizó entre los días 15 de agosto y 6 de octubre de 2019, tiene un 2% de error para la muestra nacional y con un nivel de confianza del 95%.

Un factor que podría explicar esta evaluación del Estado y la alta desconfianza es la elevada percepción de corrupción del sector público, la que experimentó un alza del 11% respecto de 2017, si se considera a aquellas personas que la evalúan con nota 10, la máximo calificación del estudio.

"No nos extraña, por ejemplo, que dentro de los resultados de la encuesta la ciudadanía perciba al Estado como distante, maltratador, discriminador y corrupto. Lo venimos diciendo desde mucho antes del estallido social: la crisis de confianza en las instituciones derivó en una falta de legitimidad del proceso político completo poniendo en peligro la democracia", dice a La Tercera el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada.

El consejero agrega que "esta es una situación que debe cambiar rápidamente, todos debemos revisar la institucionalidad para cambiar el fondo y, por esa vía, la percepción negativa de la ciudadana".

A pesar de que el alza en la desconfianza fue generalizado, Jaraquemada destaca que el mayor porcentaje registrado fue en mujeres, en el nivel socioeconómico bajo, entre quienes declaran no tener posición política y, justamente, entre las que sostienen que su relación con el Estado es distante, de discriminación y de maltrato.

"Los indicios fueron muy claros y creemos que la percepción negativa del Estado es una parte importante de la crisis social que estamos viviendo en Chile. Lo dijimos en muchas ocasiones, por eso creo que, en parte, el Consejo para la Transparencia sí lo vio venir. En mayo pasado ofrecimos un diagnóstico y propuestas con medidas anticorrupción a los tres poderes del Estado con una respuesta poco proactiva respecto de la real necesidad institucional", dice el presidente del CPLT.

El estudio también preguntó por "experiencias de corrupción". El 18% de los encuestados señala que ha sido testigo de algún caso de corrupción en el sector público en el último año. Si esto se extrapolara a los datos obtenidos en el Censo 2017, señala el CPLT, se obtendría que más de tres millones de personas han observado alguna irregularidad.

También un 7% sostiene que ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a un funcionario público -o sabe de algún familiar, amigo o conocido que ha tenido que hacerlo- en el último año. Quienes responden afirmativamente (204 casos), señalan que esto ocurrió principalmente en municipalidades (40%), seguidas de Carabineros (24%) y las instituciones que prestan servicios de salud (15%). Los hombres y quienes tienen posición política, son quienes más declaran que han tenido que pagar sobornos.

El estudio también arrojó un "ranking con las instituciones que los ciudadanos consideran más corruptas a nivel nacional". El primer lugar lo encabeza el Congreso (20%), luego los servicios o ministerios de gobierno (17%), Carabineros (14%), municipios (13%) y el Poder Judicial (11%). "Lamentablemente, la encuesta indica que existe la percepción de que el Congreso es la institución más corrupta. Al respecto, hemos señalado que el Parlamento debe ir más allá de cuestiones simbólicas, como la rebaja de la dieta y, por ejemplo, intervenir en temáticas como dedicación exclusiva, deber de abstención y fiscalización externa", plantea Jaraquemada.

Los resultados del sondeo no son solo negativos. Desde el CPLT señalan que "ante este escenario de percepción generalizada de corrupción y maltrato, los datos dejan en evidencia una importantísima alza de la disposición a denunciar hechos de corrupción". De esta manera, la intención de denunciar aumenta 11 puntos en el sector público y 18 puntos en el sector privado.

Así, en 2019, siete de cada 10 personas en Chile aseguraron que denunciarían un hecho de corrupción si lo experimentaran o presenciaran.

"Destacamos que existe una mayor disposición a la denuncia, lo que nos parece un buen indicador, sobre todo porque desde la política pública nuestro Consejo siempre ha promovido la idea de un sistema de denuncias anónimas que develen hechos de corrupción", concluye Jaraquemada.

Pese a esta mayor disposición para llevar los casos ante la justicia, solo un 22% de los encuestados declara saber dónde denunciar irregularidades. Una cifra que cobra especial relevancia ya que la intención de reportar una irregularidad aumentó un 18% respecto a 2018.

Consultados por las instituciones en las que más confían para "luchar contra la corrupción", el estudio revela que un 37% considera que los medios de comunicación son las instancias más confiables, y un 26% se inclinó por la PDI. Sin embargo, la tercera preferencia fue la opción "ninguna", la cual se llevó el 24% de las preferencias.

El estudio nacional del CPLT también ahondó en la tolerancia que tienen las personas con las conductas de "micro-corrupción". De todos los comportamientos, el que ocupa el primer lugar es "la tolerancia a la evasión" -ver a alguien no pagar su pasaje- con un 36%. En la contraparte, lo que más reprochan las personas y por lo tanto están más dispuestas a denunciar es cuando se "cobra de más" por un producto o un servicio.

Los resultados también arrojaron que "la edad es lo que más incide en la tolerancia a la evasión, seguido por quienes tienen nivel socioeconómico bajo y medio, así como quienes no tienen posicionamiento político".

Este hallazgo, plantea el organismo, es coherente con los resultados de otro estudio del CPLT que indagó sobre la protección de datos personales. Esa encuesta muestra "que quienes menos están de acuerdo con 'que exista un registro de evasores de quienes no pagan transporte público' son los jóvenes de 18 a 25 años (66%) frente a las personas de 41 a 60 años (78%).

Este registro fue creado en 2018 y estuvo marcado por un trámite legislativo bien polémica, ya que varios parlamentarios acusaron que una medida como esa pasaría a llevar la normativa que protege los datos personales de las personas. Las primeras cifras arrojan que ya hay 10.554 personas incorporadas.

Respecto de la disposición a denunciar, la encuesta arrojó que la edad es lo que más incide en la no disposición a denunciar la evasión, seguida por el sexo, específicamente, las mujeres. También son reacias a denunciar las personas que tienen educación media y nivel socioeconómico bajo.