Ex comandante en Jefe reconoce ayudas para uniformados perjudicados por cierre de "mutual" de FF.AA

El 23 de octubre pasado, el contralor Jorge Bermúdez llegó hasta la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas presidida por el socialista Leonardo Soto.

Ese día, -en que también concluía el trabajo de la instancia legislativa-, el contralor entregó un informe firmado por el general de brigada (r) y exjefe de la Cuarta División del Ejército, Fernando San Cristóbal. En este, se alude al Fondo de Ayuda Mutua del Ejército, que es investigado hoy por la fiscalía por eventuales pagos irregulares a uniformados en retiro y en servicio. Se trataba de una iniciativa  de ahorro voluntario constituida por aportes de sus  integrantes, encargada de invertir recursos y hacer las devoluciones, y que dejó de funcionar en 2007. Fue además considerada por la Contraloría como una iniciativa privada.

Por lo mismo, el informe que presentó Bermúdez encendió alarmas en la comisión. En una de sus páginas, el texto reservado asegura que "en el año 2008 el Comandante en Jefe del Ejército impartió orientaciones a la Dirección del Personal del Ejército, para operacionalizar soluciones que se pudieran aplicar a cada uno de los integrantes, en busca de resarcir en alguna medida los fondos aportados, buscando minimizar el impacto por el cese del Fondo de Ayuda Mutua Familiar, nombrándose un oficial de enlace encargado de las coordinaciones entre la Dirección del Personal del Ejército y esta UAC, responsabilidad que ha asumido hasta la fecha el Jefe de la Sección "Designaciones" del Departamento II del Comando de Personal del Ejército".

Lo anterior motivó que el diputado Soto solicitara una respuesta al ex comandante en Jefe de Ejército en 2008, Óscar Izurieta, que llegó por medio de una carta el pasado 16 de noviembre, y a la que tuvo acceso La Tercera.

En la misiva, Izurieta comenta -por primera vez- que existieron "medidas" por parte del Ejercito para apoyar a la IV División del Ejército luego del cierre del FAM. Además, las justifica señalando que había dos "razones" para "enfrentar, sin dilación, esta situación: 1) es inherente la responsabilidad del mando mantener la moral del personal. La frustración de muchos era verdadera y justificada. Si bien se trataba de una situación privada, el Ejército no podía desentenderse totalmente del problema, ya que, a través del tiempo, los mandos del Regimiento, de la Brigada y finalmente de la División, habían intervenido normando algunos aspectos, publicando lo referido al FAM en las respectivas Órdenes del Día y utilizando la estructura financiera fiscal. 2) La IV DE es una unidad de frontera, muy aislada, responsable de una extensa área jurisdiccional, frente a los campos de hielo, lo que le demanda tener un alto estándar operacional, el que no se podía poner en riesgo por falta de cohesión y baja moral".

En la carta,  Izurieta asegura que las cuatro medidas que se aplicaron a partir de 2008 eran de carácter "excepcional" y que estaban todas "dentro de las facultades legales y reglamentarias".

Según los expresado por el ex comandante en Jefe del Ejército, las soluciones fueron: dar "prioridad" al personal de la IV DE en los "relevos" en Haití, Bosnia y Herzegovina y Chipre. Segundo, "se dispuso que el personal muy antiguo, que no tenía cabida en los despliegues de OPAZ., se le autorizara, siempre que su desempeño lo ameritara, a permanecer hasta los 33 años de servicio", -y no a los 30- "medida respaldada por la legislación vigente".

La tercera medida detallada por Izurieta apuntaba a que al personal que tenía previsto ser destinado desde la IV DE hacia otra guarnición, si voluntariamente lo solicitaba, se le autorizaba a permanecer en Aysén hasta por tres años más.

La última solución es explicitada por el exuniformado así: "al terminar su carrera, el personal militar tiene dos momentos, que se fijan por resolución de comando. El 'Retiro Temporal'; que se produce cuando la persona deja su cargo, pero sigue perteneciendo a la institución y el 'Retiro Definitivo'; que se produce cuando cesa el sueldo y deja la institución. En esos años, lo normal era que al Cuadro Permanente se le fijara el retiro temporal el 30 de noviembre y el definitivo el 31 de diciembre, lo que producía una brecha de 6 a 8 meses sin sueldo, hasta recibir la

primera pensión de Capredena. Se dispuso para el personal de la IV DE, el retiro temporal el 31 de diciembre y el definitivo el 31 de marzo".

Tras conocerse la carta y sobre lo revelado por Izurieta, el diputado Soto señaló a este medio que "los hechos están siendo hoy investigados por la justicia. Entiendo que hay altos oficiales que ya están formalizados. Los antecedentes que se han reunido son de la suficiente consistencia y gravedad y todo indica que estaríamos en presencia de una comisión de delitos vinculados a un fraude al fisco, al haberse coludido altos oficiales con los ex integrantes de este fondo de ayuda mutua para defraudar los recursos públicos mediante estas maniobras de generación de contratos de honorarios ideológicamente falsos o comisiones de servicio que nunca se realizaron efectivamente".

Y añadió que "dentro de la indagación que realizó la comisión de mutualidades una de las aristas que surgió con mucha fuerza y que inicialmente no estaba prevista fue todo lo concerniente a la investigación del funcionamiento de los fondos de ayuda mutua en la IV División de Ejército en Aysén, donde hoy se desarrolla una investigación judicial, en que aparecen más de 100 uniformados activos y en retiro vinculados al uso indebido de contratos de honorarios que nunca se prestaron, como así también de comisiones de servicio y pago de viáticos respecto de cometidos funcionarios que nunca se hicieron y que, en el fondo, ambas prácticas perseguían resarcir o indemnizar a estos mismos funcionarios por las pérdidas sufridas en este fondo de ayuda mutua privado que había fracasado al inicio de la década".