Exministro Hernán Larraín afirma que nunca recibió “una solicitud” de Luis Hermosilla por nombramiento de jueces

El exministro de Justicia Hernán Larraín, que lideró esa cartera en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dio a conocer este miércoles una declaración en la que aborda la polémica por la supuesta influencia del abogado Luis Hermosilla en designaciones de cargos en el Poder Judicial.

“En cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda administración del Presidente Piñera, donde me desempeñé como ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los cuatro años de su gobierno, puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente”, expresó Larraín en su declaración.

Hermosilla -investigado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, imputado por un supuesto soborno a funcionarios públicos- fue el “cerebro judicial” del segundo mandato de Piñera, debido a su cercanía personal de décadas con el otrora ministro del Interior Andrés Chadwick.

“Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas. La responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder”, señaló el exministro de Justicia.

En 2021, Hermosilla intentó influir en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde buscaba que no asumieran las ministras Carola Brengi y Paula Merino. En ese momento, desde la cartera que encabezaba Larraín se le hizo saber la molestia a La Moneda -incluso al propio Presidente- por los intentos del penalista de intervenir para favorecer a nombres que no eran los que impulsaba el Ministerio de Justicia.

En su declaración de este miércoles, Larraín destacó que desde el primer momento, conversó con el Presidente Piñera “respecto de la necesidad de reformar el actual sistema de nombramientos del Poder Judicial, dada las graves deficiencias que presenta”.

“La discrecionalidad con que las Cortes forman las ternas, así como la que tienen los Presidentes de la República para resolver (delegada normalmente en el ministro de Justicia y Derechos Humanos), se puede prestar efectivamente para todo tipo de arbitrariedades, si ellas quisieran cometerse. La ausencia de transparencia, la falta de fundamentos en la elección de los designados, la prevalencia de la antigüedad por sobre el mérito, entre otras debilidades, exigían un cambio radical del sistema”, señaló.

Durante su gestión en la Secretaría de Estado, Larraín llevó adelante las tratativas para crear una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, como un órgano autónomo encargado de suplir las vacancias de magistrados y fiscales. Esto, a partir de una iniciativa que el propio Presidente Piñera definió entonces como prioritaria.

“Con el propósito de mejorar la justicia en Chile, propondremos a este Congreso una serie de Proyectos de Ley para terminar con el lobby judicial, mejorar los requisitos, y el sistema de nombramiento de jueces y fiscales”, señaló Piñera durante su Cuenta Pública del 1 de junio de 2019.

Por otro, lado, Larraín lideró los contactos con la comisión de Constitución del Senado, para los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema que propuso el Presidente Piñera.

Un reportaje de Ciper, publicado el fin de semana, afirma que las conversaciones por mensajería registradas en el teléfono móvil del abogado Luis Hermosilla revelaron la influencia del penalista en los nombramientos de jueces, lo que motivó una declaración de los ministros del pleno de la Corte Suprema, en que reconocen “que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad” y reiteran la disposición del máximo tribunal a revisar el proceso.

“El proyecto base para esta discusión ya se encuentra en el Congreso desde el 16 de abril de 2021, hace tres años”, aseguró el exministro Larraín.

Por otro lado, la exautoridad lamentó “constatar que solo cuando hay crisis o escándalos se mueven muchas autoridades para hacerse cargo de tareas de relevancia”.

“Más allá de las esquirlas que deja la investigación en curso, corresponde que las instituciones competentes (fiscales y jueces) se hagan cargo de ella. En tanto, el gobierno y el Congreso bien podrían retomar el debate pendiente sobre una reforma profunda a la Justicia exigida en forma perentoria por la debilidad institucional y el incremento de la corrupción, para asegurar un Poder Judicial independiente que sustente en forma debida nuestro Estado de Derecho Democrático”, sostuvo la exautoridad.