Exministro José Antonio Viera-Gallo asumirá la defensa de Marcela Ríos frente a acusación constitucional

José Antonio Viera-Gallo, emblemática figura del Partido Socialista y los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, asumirá la defensa de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, frente a la acusación constitucional que legisladores de oposición presentaron en su contra en el Congreso.

Según fuentes conocedoras del diálogo, Ríos y Viera-Gallo ya cerraron un trato de palabra y faltaría por afinar los datos del contrato correspondiente.

El abogado PS tiene importantes vínculos en el Congreso. Fue senador entre 1998 y 2006 y anteriormente diputado entre 1990 y 1998. Eso le permitió desenvolverse con soltura como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, desde marzo de 2007 hasta el 10 de marzo de 2010, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Fue además ministro del Tribunal Constitucional, entre 2010 y 2013 y embajador de Chile en Argentina entre 2015 y 2018. Además, fue subsecretario de Justicia durante el gobierno de Salvador Allende.

El libelo acusatorio -redactado por los juristas Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera- tiene 187 páginas y consta de dos capítulos: el primero cuestiona los 13 indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre del año pasado; y el otro apunta contra los beneficios otorgados -como traslados- a presos por el conflicto en la Macrozona Sur.

Los integrantes de la comisión revisora que deberá ver la acusación y hacer una propuesta al respecto -no vinculante- a la sala, son los diputados Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicano) y Álvaro Carter (Ind-UDI).

A partir del lunes, cuando se presentó la acusación, empezaba a correr el plazo de tres días hábiles para notificar a la exministra. Luego de eso, Ríos cuenta con seis días hábiles para presentar su defensa. Posteriormente, la comisión contará con seis días para emanar el informe correspondiente.

Si es que la Sala deduce la cuestión previa, la intención jurídica de la acusación queda como no planteada. En caso contrario, se pasa al fondo de la acusación para posteriormente votarse.