Exministros de Bachelet contradicen al gobierno por matrimonio igualitario

Con las firmas de los entonces ministros Heraldo Muñoz, Marcelo Díaz, Adriana Delpiano, Claudia Pascual Javiera Blanco y Carmen Castillo, el gobierno de Michelle Bachelet firmó en 2016 el acuerdo de solución amistosa con el Movilh, ante la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), para paralizar la demanda contra el Estado por denegación del matrimonio igualitario.

Son esas exautoridades las que salieron a enfrentar la postura que manifestó la actual administración del Presidente Sebastián Piñera ante el organismo internacional, refutando que el Estado ya haya cumplido su compromiso en esta materia.

El acuerdo implica, entre otras cosas, "adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva".

Sin embargo, el Ejecutivo planteó a la CIDH, en una reunión el 2 de octubre, que se ha cumplido con los puntos del acuerdo y que el Estado chileno no está obligado ni a impulsar ni a lograr aprobar el proyecto de matrimonio igualitario -presentado en agosto de 2017 por Bachelet- en el Congreso. La postura está detallada en una minuta de la Subsecretaría de DD.HH., publicada este martes por La Tercera y cuestionada por exautoridades gubernamentales, por el Movilh y la Fundación Iguales.

En este contexto, el excanciller Muñoz -uno de los firmantes del acuerdo- dijo a este diario que si bien "el Estado no puede asegurar el resultado de la promoción, porque eso no depende del Ejecutivo", recalcó que "sí hay un compromiso de adoptar esas medidas de promoción".

"El compromiso incluye la promoción del matrimonio igualitario. Lo que hay que cumplir es adoptar las medidas necesarias para impulsar la iniciativa. Eso se tiene que hacer. Es un compromiso del Estado, y esto implica no tener una actitud pasiva", agregó, enfatizando que el compromiso "no es solo el ingreso del proyecto".

En la misma línea, el exvocero Díaz calificó como "completamente equivocados" los argumentos del Ejecutivo.

"Lo que nosotros comprometimos con la Comisión Interamericana es impulsar y promover el matrimonio igualitario. Para eso, el Ejecutivo puede ponerle urgencia, puede presentar indicaciones, es decir, tiene que usar sus herramientas. Ese compromiso sí lo adquirió Chile en tanto Estado, no un gobierno en particular. Sentaría un pésimo precedente y nos dejaría muy mal plantados a nivel internacional que Chile desatienda, por un asunto de discrepancia valórica de este gobierno, un compromiso suscrito internacionalmente por Chile", señaló.

Según Díaz, "lo normal es que un gobierno comprometa al otro: lo hace con la ley de presupuesto y cuando se aprueba una ley en un mandato y se implementa en el otro; los gobiernos no parten de cero y tienem que hacerse cargo de las decisiones anteriores". Así, recalcó que los planteamientos de La Moneda "son argumentos muy débiles, que no se sustentan ni en la práctica ni en el derecho internacional, ni mucho menos en el derecho nacional".

En tanto, la exministra Delpiano señaló que "la firma, el acuerdo, era para reconocer un derecho" y que "si firmamos un documento de respaldo a una determinada medida era porque efectivamente estábamos convencidos de que era buena esa medida".

Pese a esto, el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, defendió la posición manifestada ante la CIDH y reafirmó que el compromiso ante el organismo internacional "está cumplido".

El ministro señaló que "no es iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, por lo tanto, no hay ninguna objeción para que si a los legisladores les parece bien, eso pueda avanzar". Consultado si es que, entonces, el gobierno no le pondrá ningún tipo de urgencia al proyecto, respondió que "eso hay que compatibilizarlo naturalmente con los compromisos de nuestro programa de gobierno; nuestro programa no contempla esa iniciativa, por lo tanto, en ese sentido y dado que ya se envió un proyecto, ese compromiso ya está cumplido".

En una declaración, sin embargo, el Movilh dijo que "el gobierno de Sebastián Piñera falta a la verdad al indicar que el acuerdo de solución amistosa no lo obliga a impulsar el matrimonio igualitario". La organización también difundió un documento firmado por el actual gobierno en mayo. "El pasado 17 de mayo el gobierno de Sebastián Piñera firmó un addendum, donde se comprometió a dar el total cumplimiento el acuerdo, sin hacer observación alguna al compromiso de matrimonio igualitario. En concreto, señala el addendum, 'con este acto se confirma la voluntad del gobierno en cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por el Estado de Chile en lo referente a las materias que comprende el presente acuerdo de solución amistosa'", dice la declaración del Movilh.

En tanto, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, sostuvo que "si el Ejecutivo decide no cumplir con las obligaciones del país, debería ser el Senado el que cumpla la palabra del Estado, iniciando a la brevedad la discusión del proyecto".

Consultados en la Subsecretaría de DD.HH., reafirmaron que el acuerdo se encuentra cumplido, recalcaron que también contempla otras medidas que se están impulsando y señalaron que si el Estado hubiese entendido que esto comprometía no sólo presentar el proyecto, sino que también darle urgencia, entonces la Presidenta Bachelet habría acelerado su tramitación. Y agregan que eso no ocurrió.

El 3 de marzo, Contraloría evaluó el acuerdo, determinando que se trata de un compromiso "vinculante".

En medio de la divergencia de posturas entre el gobierno, por un lado, y el Movilh y exministros de Bachelet, por otro lado, La Tercera consultó a abogados constitucionalistas sobre el alcance del dictamen de Contraloría, quienes coincidieron en que ratifica la obligación del gobierno de promover la legislación del matrimonio igualitario, pero que no se obliga a su aprobación. "Contraloría está en lo correcto", dijo el abogado de la UDP Javier Couso. Y agregó que esta obligación va más allá del gobierno de turno. El abogado de la UC José Antonio Ramírez comentó que esto no obliga a un resultado, pero sí a que se promueva la discusión, mientras que Francisco Cox planteó que el gobierno debe "darle urgencia" al proyecto.