Expertos de Chile Vamos alistan enroques entre Soto, Martorell y Arancibia para enfrentar etapa de modificaciones en el proceso constitucional

La sala 144 del Senado en Santiago fue el lugar escogido por los comisionados de Chile Vamos para tener su primera reunión, la tarde del miércoles, luego de que el Consejo terminara su primera etapa y despachara el texto a la Comisión Experta para dar inicio a la fase de modificaciones.

Los 12 expertos estuvieron ahí desde las 18.00 hasta las 21.00 horas. Mientras los comisionados daban inicio a la conversación sobre la estrategia para enfrentar las observaciones al texto, a solo un par de metros, toda la izquierda tenía su primera cumbre desde el PC hasta la DC para unir al bloque ad portas de la nueva fase.

Fuentes de la derecha comentan que uno de los temas abordados en ese encuentro fueron las dudas que existen sobre la forma de trabajo que tendrá la Comisión Experta. Al respecto, el reglamento no entrega muchas luces. Sin embargo, los comisionados del sector estimaron que lo más razonable es que, en un principio, el trabajo vuelva a concentrarse en las cuatro subcomisiones temáticas del órgano: Sistema político, Función jurisdiccional, Principios y Derechos sociales.

Esta idea también es compartida por comisionados de izquierda. Algunos de ellos plantean que durante la Comisión Experta su método de trabajo tuvo éxito, por lo tanto, tiene sentido replicarlo. Esa vez, los comisionados alojaron todo el trabajo en cada subcomisión, resolvieron sus diferencias al máximo en esos espacios y solo en los temas específicos en que no pudieron acercar posiciones, se derivaron a una mesa de negociación final que tuvo un cariz más político.

Dado que todo indica que el órgano volverá a ese método, Chile Vamos pedirá a la mesa directiva y a la secretaría hacer algunos enroques entre sus expertos. De esta manera, fuentes del sector afirman que el experto y vicepresidente del órgano, Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), se moverá desde la subcomisión de Sistema político para pasar a la instancia que regula los Derechos sociales.

En tanto, el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN) pasará de la subcomisión de Derechos sociales, para participar de los temas de Función jurisdiccional. Finalmente, el último enroque será de la experta Katherine Martorell (RN), quien dejará la subcomisión de Función jurisdiccional para ser parte de la subcomisión de Sistema político.

Quienes supieron de esta decisión comentan que fue algo debatido entre todos y responde a los intereses de cada uno de los comisionados involucrados. Por ejemplo, para nadie es un misterio el interés del experto Arancibia en los temas de Contraloría y Poder Judicial, que son justamente dos capítulos que están alojados en Función jurisdiccional.

Lo mismo corre para la comisionada Martorell. En Sistema político quedaron albergados todos los temas de orden y seguridad que forman parte de los dos nuevos capítulos del borrador del Consejo: el de Defensa nacional para las normas sobre Fuerzas Armadas y todo lo que tiene que ver con los artículos de las policías en el acápite de Seguridad pública.

El comisionado Soto -quien fue parte activa de la creación de la caja de herramientas del anteproyecto para solucionar los problemas de gobernabilidad que aquejan al régimen político actual- manifestó interés en colaborar en las observaciones que se pueden hacer en los temas vinculados a los derechos sociales. La tarea no será menor, ya que aquí están radicados gran parte de los principales nudos políticos que han enfrentado a ambos bloques durante todo este proceso constitucional.

Tanto las fuerzas de centro que están negociando cambios con la derecha -como Amarillos y Demócratas- y el oficialismo pretenden modificar las normas que tratan sobre la libertad para elegir la aseguradora de las cotizaciones obligatorias en salud, la libertad para elegir la administradora de las cotizaciones de seguridad social y la propiedad e inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. A esos se suma también lo que tiene que ver con la libertad sindical y la limitación del derecho a huelga en el marco de la negociación colectiva. Todos esos temas esconden debajo duras disputas ideológicas entre la izquierda y la derecha.

Dichas diferencias han sido de tal magnitud que, en todos estos meses desde marzo hasta octubre, ninguna redacción alternativa ha sido capaz de resolver el problema y así llegar a acuerdo entre ambos sectores.

Este jueves, en la Cámara en Santiago la derecha continuó con el grupo de trabajo que armó junto a Amarillos y Demócratas para ver modificaciones al texto del Consejo. Según presentes en la cita, la derecha mostró apertura a hacer modificaciones al artículo 1 del borrador para que el inciso del Estado social vuelva a estar en la primera norma del texto. Los consejeros habían modificado el orden del anteproyecto enviando la cláusula del Estado social al artículo 2.

“Estamos identificando los disensos y los nudos críticos. Para nosotros desde el centro es fundamental que el Estado social esté en el artículo primero. La objeción de conciencia institucional no existe, es de las personas. No podemos tener regresiones en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, me refiero al aborto en tres causales. No es la Constitución el lugar para hacer políticas públicas”, afirmó el senador Matías Walker (Demócratas), quien forma parte de este grupo de trabajo.

El representante de Demócratas también sostuvo que hay que hacer cambios en salud y seguridad social: “No nos amarremos en la Constitución a las políticas públicas que puedan generar acuerdo en estos temas que tanto le importan a la gente”.

Walker además lamentó que se cancelara la reunión que estaba prevista con el oficialismo para este jueves.

Este viernes, a partir de las 10.30, continuarán con las tratativas.