Expertos oficialistas piden excluir artículo sobre libertad de elección entre régimen de salud privado y estatal

Hace semanas que los expertos que integran la subcomisión de derechos sociales están enfrascados en una discusión ideológica sobre el derecho a la salud, la provisión mixta y la libertad de elegir quién administra la cotización obligatoria. Para aterrizar el asunto, se trata de las normas que tendrán efecto en quién -una aseguradora privada o un seguro estatal- se queda con el 7% de salud.

El debate ha sido álgido y, hasta ahora, en privado. Los expertos habían preferido abordar sus diferencias a puertas cerradas y enmarcarlas en la negociación por las primeras normas de consenso. Sin embargo, este martes por primera vez la subcomisión citó a una sesión pública para exponer los puntos de cada sector. La instancia estuvo marcada por una dura intervención del comisionado socialista Flavio Quezada, una fuerte defensa de la norma por parte de la experta Bettina Horst (Ind.-UDI) y varias interpelaciones protagonizadas por los comisionados Jaime Arancibia (Ind.-RN) y Teodoro Ribera (RN).

Uno de los primeros expertos en abrir la conversación fue Quezada. El comisionado del PS hace varios días que ha expresado públicamente su disconformidad y molestia con un inciso que es parte del artículo -que él mismo patrocinó junto a los otros dos expertos oficialistas de la subcomisión- sobre el derecho a la salud. Se trata de la oración que plantea: “Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse sea este estatal o privado”. La frase es casi idéntica a lo regulado por la Constitución vigente: “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.

“Esa oración es la más peligrosa de toda esta redacción”, acusó Quezada, haciendo referencia a que ese inciso del texto constitucional vigente “ha sido interpretado como la constitucionalización del modelo de las isapres”. Por eso mismo es que el experto adelantó que no puede apoyar un texto así.

“No podemos soslayar que quedó tan parecido que es peligroso. Esto lo van a leer operadores jurídicos que han sido formados en la cultura jurídica chilena actual, es decir, bajo la Constitución vigente. En consecuencia, es bastante probable que sea leído de una manera no muy distinta como la norma que nos rige actualmente. Yo no podría siquiera aceptar el peligro de que se esté constitucionalizando el modelo de isapre. Esa norma no puede mantenerse en el texto que se proponga a la ciudadanía y, por lo tanto, yo no podría votar a favor de algo así”, dijo Quezada.

El experto socialista complementó su intervención agregando que “nunca ha estado en discusión la posibilidad de que la ciudadanía pueda optar libremente a un prestador público o privado y no podría ser distinto, porque las bases de este proceso así lo establecen”. Su problema apunta a que, según expuso de manera indirecta, una norma así podría declarar inconstitucional una política pública tipo fondo único de salud administrado por el Estado.

“Cuestión distinta es constitucionalizar una política específica que puede dejar fuera del pacto constitucional otros modelos que se han desarrollado en contextos de estados sociales. Que exista el riesgo de declarar inconstitucional políticas socialdemócratas es algo que yo no podría apoyar. Me parece peligroso de esta redacción y creo que es necesario que sea excluido en este texto”, reiteró Quezada.

Su postura tuvo el apoyo del experto Alexis Cortés (PC). “Coincido con lo que señala el comisionado Quezada en el sentido de que podemos seguir avanzando en una redacción que permita apertura de respuestas, más que cierres constitucionales, de modo que la sociedad tenga las mejores herramientas posibles para contestar los desafíos a los que se pueda enfrentar”, dijo el comisionado comunista.

La comisionada Horst fue la primera en responder. Al igual que sus compañeros de bancada comentó que el mismo inciso venía incorporado en la propuesta de nueva Constitución que redactó la expresidenta Michelle Bachelet. “Este artículo no imposibilita, no restringe a que el Estado realmente entregue una salud de calidad. Esta discusión no la tendríamos si es que el Estado efectivamente fuera capaz de entregar una salud de calidad alta, de forma tal que todos los ciudadanos de forma libre pudieran adscribirse a ella”, afirmó la economista.

La experta resumió la postura de su sector de la siguiente manera: “Acá lo único que se está planteando es que la persona no esté expuesta ni cautiva de un sistema únicamente estatal, es decir, proteger a la persona ante la eventualidad de que el Estado no sea capaz de entregar buena salud”.

En segundo lugar vino Arancibia. El académico usó sus palabras para argumentar que el inciso en pugna es la única manera, según dijo, de garantizar una libertad de elección efectiva. “Cuando desaparece la libertad de elegir el destino del financiamiento, la libertad de elegir al prestador se vuelve aparente. No es real, porque si quien decide el destino del financiamiento es únicamente el Estado a través de un seguro único y solidario, el Estado tiene el monopolio de la decisión, se transforma en un monopsonio y los particulares prestadores en realidad más que particulares independientes se transforman en meros concesionarios del Estado”, dijo Arancibia.

Luego el abogado añadió: “En esas circunstancias la libertad de elección del afiliado no es real, es aparente, ya que solo puede elegir entre aquellas opciones que el Estado, en su calidad de financista único del sistema, le ofrece. Me parece que esa no es la voluntad ciudadana mayoritaria y me parece que por eso es necesario dejar estipulada la libertad de elección en salud”.

Durante su turno, Ribera usó los argumentos de Quezada para plantear que en realidad el problema es interpretativo, algo intrínseco del derecho constitucional. “Flavio acepta que hay una discusión interpretativa, es decir, ya no hay una norma que prohíba (ideas socialdemócratas). Cuando uno discute sobre cosas interpretativas, ya en los hechos se ha producido un avance en cuanto a que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna a futuro”, comentó el comisionado.

Ante la interpelación de Ribera, el comisionado Quezada respondió. “Aquí nunca ha estado en discusión la posibilidad de optar entre prestadores privados o públicos, incluso entre seguros públicos o privados. Nunca. Aquí lo que está en discusión es si se va a constitucionalizar o no un determinado modelo de salud y en consecuencia dejando fuera de lo constitucionalmente admisible a otros modelos”, dijo el abogado.

Ribera no soltó el punto y le volvió a preguntar por qué interpretaba que el inciso dejaba fuera otros modelos de seguros de salud. “Eso yo no lo deduzco del artículo que hemos aprobado”, añadió. Ante la cual Quezada reiteró su punto: “La similitud con el texto vigente es más que manifiesta y aquel texto ha sido interpretado como una especie de derecho a escoger a dónde llevo mi cotización. ¿Qué Estado social tiene una norma así? ¿Qué Estado social ata de manos al legislador de esa manera?”.

Luego fue Arancibia quien interpeló a Quezada y le preguntó directamente si el fondo de su argumento es que la norma no permitiría “transformar lo que actualmente es un seguro individual obligatorio en un seguro obligatorio colectivo”. El comisionado socialista respondió que su molestia es que esa definición, que dijo que es de política pública, no le corresponde tomarla a los expertos, sino que a los parlamentarios: “Nosotros no tenemos que definir políticas públicas, sino que abrir la democracia”.

La presidenta de la instancia, Alejandra Krauss, también tomó postura en el debate y fue clara en compartir la incomodidad con este inciso que, según dijo, proviene del texto constitucional redactado en 1980. En la misma línea que los comisionados de su bancada, pidió pensar normas que abran opciones de política pública al legislador, en vez de cerrar alternativas: “Si establecemos cerrojos, puede efectivamente ser un texto constitucional que entorpezca”.

El debate es un reflejo de lo compleja de la discusión entre los expertos. La oposición sabe que logró una norma muy relevante para su sector y espera que el oficialismo cumpla su palabra. Si el artículo fue patrocinado con firmas de los tres expertos del oficialismo dicen que no corresponde que ahora se den vuelta y quieran eliminarla. Más aún cuando ya fue aprobada en general y por la unanimidad del pleno. Del otro lado comentan que esta etapa de enmiendas está destinada a justamente resolver diferencias como esa. Por lo tanto, entre los 12 expertos del oficialismo adelantan que este tema será clave en la negociación que se abrirá en las enmiendas.