Expiró el plazo: Por qué Gonzalo Blumel se salvó de una acusación constitucional

Este 28 de octubre era el último día que la centroizquierda tenía para interponer una acusación constitucional en contra exministro del Interior, Gonzalo Blumel, luego de que se cumplieran los tres meses de plazo que establece la Constitución para impulsar una acción de esa naturaleza hacia un exsecretario de Estado.

La idea había sido impulsada por el Frente Amplio, particularmente desde Revolución Democrática, antes de la pandemia con el objetivo de perseguir presuntas responsabilidades políticas del exsecretario de Estado en el marco de las vulneraciones de DD.HH. que diversos organismos internacionales como Naciones Unidas o Human Right Watch constataron en el país tras el 18 de octubre. Blumel asumiría diez días después del estallido -tras la renuncia de Andrés Chadwick- en la cartera a cargo de las policías, puesto en el que se mantendría hasta el 28 de julio de 2020.

Sin embargo, la idea fue perdiendo fuerza en los últimos meses en el sector. “Ya no daba”, dice un parlamentario de oposición, mientras otro sostiene que “perdió momentum y no estaban ni cerca los votos para que se materializara", dice otro legislador de la centroizquierda, desde donde ahora impulsan un libelo en contra de su sucesor, Víctor Pérez.

Fue en febrero, un mes antes de que se desatara la pandemia en el país, que diputados del Frente Amplio le dieron un ultimátum al entonces jefe de gabinete: en el caso de que no le pidiera la renuncia al director general de Carabineros, Marios Rozas, en un plazo de 30 días, presentarían una acusación constitucional en su contra.

Cumplido ese mes, y con Rozas aún a cargo de la institución, desde RD anunciaron que comenzarían a trabajar en la redacción del libelo, iniciativa que había quedado a cargo del diputado de ese partido, Jorge Brito. “El ministro Blumel escogió blindar al general Rozas tras cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile. Nuestra responsabilidad ahora es conseguir los apoyos para que estas acciones no sigan ocurriendo y no queden impunes”, decía por esos días el jefe de bancada de ese partido, Giorgio Jackson.

Sin embargo, luego de que se instalara la crisis sanitaria y que las colectividades se vieran obligadas a aplazar el plebiscito constitucional, desde el Frente Amplio anunciaron que suspenderían la presentación del libelo. Y no fue hasta que el exministro dejó su cargo el 28 de julio, que la idea volvió a reflotar, pero nunca cobró la fuerza suficiente y el sector terminó desistiendo.