Expulsiones migratorias: el cambio de tono oficialista y la intensa agenda de Monsalve

Tras siete años de debate, el 3 de diciembre de 2020 se despachó en el Congreso la ley de Migraciones y Extranjería que reemplazó la normativa vigente desde 1975 en cuanto a esa materia. Esa jornada el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera se anotó un punto, pero no del todo, pues la diputada de RD Catalina Pérez hizo reserva de constitucionalidad y desde el Frente Amplio impulsaron llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC).

Aquello se materializó. Se juntaron 41 firmas. Entre ellos estuvieron el actual Presidente Gabriel Boric; el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi; las ministras de Defensa, Maya Fernández, y de la Segegob, Camila Vallejo; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; además de los parlamentarios Gonzalo Winter, Diego Ibáñez, Jorge Brito, Karol Cariola, entre otros. El requerimiento fue patrocinado por, entre otros abogados, el ahora subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Esto desembocó en que el 20 de enero de 2021 el TC declarara inconstitucionales seis de los 14 artículos impugnados de la Ley de Migraciones.

Hoy, 1.036 días después (dos años y 10 meses), el escenario es distinto y es el gobierno del Presidente Boric el que está impulsando las expulsiones de migrantes con situación irregular que se encuentran en el país, una agenda que está liderando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Las tratativas del exdiputado socialista encontraron respaldo esta semana en el Congreso, por medio de los parlamentarios del oficialismo. La iniciativa del Ejecutivo contempla la expulsión de cerca de 2.600 migrantes con situación irregular en los próximos 14 meses.

Es por esto que determinaron diseñar un “perfil de riesgo”, porque si bien la prioridad es expulsar a quienes tienen antecedentes, también se pondrá atención en quienes, por ejemplo, integran el grupo de hombres de entre 18 y 40 años que han decidido no ser parte del proceso de empadronamiento biométrico.

Este martes, por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter (CS) afirmó que “los anuncios que ha hechos el subsecretario Monsalve todos se ajustan a derecho. Son básicamente una forma de aplicación de la ley vigente y es para personas que están incumpliendo la ley. Es muy importante que establezcamos que aquí no se está criminalizando la migración, se está criminalizando el crimen, que es algo bastante lógico”.

“El gobierno actuó correctamente en este sentido, ha hecho uso de las herramientas legales para expulsiones ejecutivas. Lo anunciado por el subsecretario Monsalve me parece razonable”, dijo, por otro lado, Luis Cuello, el jefe de bancada del Partido Comunista.

La jefa del comité de RD, Ericka Ñanco, en tanto, compartió que “son medidas importantes y necesarias que responden a temas concretos”. Al mismo tiempo, la diputada niega que en sus filas haya existido un cambio de tono: “No hay un cambio de tono, hay un hacerse cargo con medidas concretas y no con panfletos que en nada ayudaron, todo lo contrario, empeoraron y acrecentaron la situación”.

Jorge Brito (RD) afirmó que “apoyo plenamente las medidas anunciadas por el subsecretario Monsalve en materia de política migratoria”.

El cambio en el tono de las fuerzas oficialistas se ajusta en uno de los peores momentos de la crisis de seguridad en el país, un hito del que la oposición se ha tomado para apuntar en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Pero el giro no fue de un día para a otro. Al igual que en otras materias, en Apruebo Dignidad comenzaron gradualmente a moderar su tono desde que llegaron a La Moneda. En este caso, el programa de gobierno del entonces candidato Gabriel Boric -lanzado meses después de haber acudido al TC por la ley de Migraciones- consideraba que “como respuesta a la crisis migratoria y al crecimiento de la migración irregular proponemos realizar un empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso”.

Frente a esto, fue el diputado PS, y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás de Rementería, quien dijo -en Radio Infinita- que antes en la izquierda tenían “romantizada la migración, pero nos damos cuenta de que la migración debe ser ordenada y responsable. Eso favorece a que las personas buenas puedan cambiar de país sin problema”.

En el mismo espacio, el parlamentario socialista complementó que “hay que entender que esta es una crisis migratoria grave y que la situación del exilio venezolano y la entrada a Chile ha sido muy importante. Más allá de limitar lo que pasó, es una buena instancia para ponernos metas a futuro. Hay muchas aristas”.

Quien tiene un pensamiento similar al respecto es el diputado del PL, integrante de la misma instancia, Luis Malla, quien además representa a la Región de Arica, uno de los focos de la crisis. “El PL nunca acudió al TC y, de hecho, esa fue una de las razones de porque nosotros nos separamos del Frente Amplio. Tenemos visiones diferentes respecto de la seguridad, migración y lo que pasa en las fronteras. Había criterios que no compartíamos”, cerró el diputado liberal.

Son agitados los días en la oficina de la Subsecretaría del Interior. El caso de la granada lanzada contra efectivos policiales fue el rostro de una crisis en materia de seguridad que el gobierno reconoce puertas adentro y que ve en la migración irregular descontrolada uno de sus componentes.

Es por eso que Manuel Monsalve está preparando por estos días una visita a Venezuela, para poder agilizar la repatriación de migrantes irregulares provenientes desde dicho país. Pero no es fácil. Para llevar a cabo esta labor, el subsecretario se ha contactado con el embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, y con representantes de las policías venezolanas y del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

En Palacio no cayeron nada de bien los dardos que lanzó la derecha contra la ministra Tohá, a quien apuntaron con una posible acusación constitucional en el caso de que no se expulse a 12.000 migrantes con situación irregular antes de que termine el año en curso. El Presidente Boric salió abordar el tema.

En La Moneda señalan que hoy solo es posible ejecutar las expulsiones a Venezuela por medio de vuelos comerciales, ya que en dicho país no reciben aviones de la Fuerza Aérea chilena ni charters.

Los vuelos comerciales complejizan el traslado de un gran número de migrantes con situación irregular. Una de las alternativas que ha estado en estudio, impulsada desde Caracas, es que retome sus funciones en Chile la aerolínea venezolana creada en 2004 bajo el mandato de Hugo Chávez: Conviasa. Y permitir que los aviones de la FACh lleguen a territorio venezolano.

El problema es que sobre dicha empresa estatal venezolana pesan las restricciones impuestas por Estados Unidos, por lo que el gobierno del Presidente Boric estaría gestionando en Washington la posibilidad de levantar de forma excepcional dichas sanciones en territorio nacional.