Pese a la decisión del gobierno de dar pie atrás en la cuestionada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la polémica está lejos de amainar. Ayer la oposición intensificó sus cuestionamientos en contra del Ejecutivo y exigió al Presidente Gabriel Boric hacer valer las “responsabilidades políticas” sobre quienes validaron una medida inconstitucional. La mirada está puesta principalmente en el rol que desempeñó la ministra Marcela Sandoval (FA) y el equipo jurídico de esa cartera en la fallida transacción, pero también apunta a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y los asesores del Segundo Piso de La Moneda.

La semana pasada, La Moneda ya había recibido una ola de cuestionamientos por la polémica decisión, incluso con voces aisladas del oficialismo, como el diputado Marcos Ilabaca (PS), lo que obligó al gobierno a reconocer el error. La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, en vez de aplacar los ánimos terminó por enardecer aún más a la oposición e incrementó la presión para que se asuman responsabilidades políticas en la fallida compra, cuyo precio había sido fijado en 24.291 UF, unos $ 933 millones a la fecha.

En ese sentido, las principales apuntadas han sido la ministra Sandoval -al ser la jefa de la cartera donde se activó la compra- y su par de Defensa, Maya Fernández, que, dada su condición de copropietaria de la vivienda, estaría vulnerando la Constitución, específicamente el artículo 37 bis.

“Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”, señala la norma por la cual podría ser apuntada Fernández.

En ese contexto es que en la oposición se han barajado distintas herramientas de fiscalización que puedan activar. Las voces más duras en un principio estuvieron en la UDI, desde donde pidieron la renuncia de Sandoval. En Renovación Nacional, en tanto, habían optado, como primera medida de presión, citar a las dos secretarias de Estado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para que dieran las explicaciones del caso.

Sin embargo, con el correr de los días, desde la tienda de Antonio Varas doblaron la apuesta y se sumaron a sus socios de Chile Vamos para pedir que la titular de Bienes Nacionales no continué en su cargo.

Así, el diputado integrante de la Comisión de Cultura, Eduardo Durán (RN), sostuvo que “las dos ministras debieran ser removidas, o que renuncien, por su actuar tratando de burlar la Constitución por un negocio”.

Consultado el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, aseguró que “todavía no están a la vista todos los antecedentes y en la medida que vayan apareciendo esto podría ir involucrando a varias autoridades”.

Respecto a Sandoval, el diputado agregó que “debe salir no solo por su responsabilidad en esto, sino por su falta de profesionalismo, no había que ser un acabado jurista para ver la norma constitucional, era cosa de leer el artículo 37 bis”.

“Nosotros vamos a tratar de hacer las responsabilidades políticas a todos los responsables en esto”, remató el jefe de la bancada de diputados gremialistas.

Desde el Partido Republicano, fue su secretaria general, Ruth Hurtado, quien dio luces de cuál podría ser la acción que determine la bancada de su colectividad. Este domingo, en Estado Nacional, acusó que en la fallida compra hubo “una situación de inconstitucionalidad flagrante”, dejando abierta la puerta a la activación de una acusación constitucional.

Consultado el jefe de bancada de los diputados de esa tienda, Luis Sánchez, sostuvo que “estamos evaluando cuál es la acción más apropiada, aquí evidentemente ha habido una intención del gobierno de cometer una inconstitucionalidad, de faltar a la ley”.

En cuanto al rol de la ministra Fernández, el parlamentario agregó que es un elemento que están considerando. Además, añadió Sánchez, “involucra al Presidente de la República porque tuvo lugar con conocimiento del Presidente Boric”.

Desde el partido del Presidente Boric rápidamente tomaron nota de la arremetida de la oposición. Por lo mismo, han intensificado las vocerías para blindar a la ministra de su tienda.

Este domingo, en Estado Nacional, la diputada Gael Yeomans aseguró que “la compraventa no se va a llevar a efecto, el gobierno dio las explicaciones”.

“Lo que era evitable era que no se llevara a cabo y es la decisión que se toma por parte del gobierno”, complementó la parlamentaria.

Consultado por este medio, el jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que “el gobierno ha hecho lo correcto después de reconocido y asumido el error inmediatamente y haber retrotraído la decisión administrativa”.

En cuanto a la ministra Sandoval, Sáez le quitó dramatismo a las solicitudes de renuncia que pesan en su contra. “Forman parte del folclore político”, señaló el diputado.

La diputada Javiera Morales, en tanto, aseguró que si bien la oposición tiene el derecho de fiscalizar, señaló que “el gobierno ha sido bastante claro, nunca se quiso cometer una ilegalidad, se trató de un error jurídico que está subsanado”.

Respecto a la titular de Bienes Nacionales, Morales señaló que “su cartera cometió un error y en ningún caso se le ha justificado, pero hay que dimensionar el porte del error. “En este caso no se alcanzó a gastar ningún peso público y se revirtió la medida inmediatamente”.

“No hay ningún antecedente de que se haya alcanzado a cometer la ilegalidad, se paró al momento adecuado”, complementó la parlamentaria.

Aunque el relato de los que, hasta el momento, han sido escuderos de la ministra frenteamplista ha sido similar, fuentes de la bancada de ese partido descartan que haya existido una conversación para afinar la vocería para blindar a su secretaria de Estado.