Fallo del TC: el triunfo del gobierno sobre el Congreso en disputa por segundo retiro del 10%

A las 10.00 de este lunes se reunió el pleno del Tribunal Constitucional (TC) para deliberar sobre el requerimiento formulado por el Presidente Sebastián Piñera para declarar inconstitucional el proyecto de ley impulsado por parlamentarios y que permitía un segundo retiro del 10% de las AFP.

El requerimiento, que fue motivado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteaba que el conflicto constitucional se daba en tres puntos: la aprobación de la moción parlamentaria con quórum de 3/5 cuando debió haber sido de 2/3, que las materias legales sobre la seguridad social son una facultad exclusiva del Presidente y la utilización de una reforma constitucional transitoria para modificaciones permanentes.

Luego de deliberar se produjo un empate, de cinco votos contra cinco, haciendo uso entonces de su facultad dirimente la presidenta del TC, María Luisa Brahm. Así fue como se acogió por completo en sus tres puntos el requerimiento de Piñera. Por acoger estuvieron Brahm, Iván Aróstica, Cristián Letelier, José Ignacio Vásquez y Miguel Ángel Fernández. Este último solo estuvo por acoger lo que respecta a la iniciativa exclusiva del Presidente en materias de seguridad social y el quórum de dos tercios.

Por rechazar estuvieron Gonzalo García, Juan José Romero, Nelson Pozo, María Pía Silva y Rodrigo Pica. El voto de Romero sorprendió al pleno, ya que el magistrado había votado a favor de acoger a trámite. Horas después, en el comunicado del TC, se señaló que pese a su decisión, “no descarta que eventuales futuros proyectos de reforma constitucional puedan infringir la Carta Fundamental”.

Los argumentos del resto de los ministros del voto de minoría fueron porque “el proyecto de ley de reforma constitucional al día de hoy carece de objeto; no se afecta el Artículo 127 de la Constitución, puesto que se ha ceñido a sus formas; no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional, y la seguridad social de los retiros de fondos se encuentra en la misma circunstancia que la recién aprobada Ley N° 21.295 que autorizó un segundo retiro”.

A juicio de la expresidenta del TC Marisol Peña, esta decisión bloquea cualquier intento parlamentario por legislar un nuevo retiro anticipado de fondos previsionales: “Queda asentado el criterio de que no se puede incurrir en lo que la doctrina denomina como desviación de poder, es decir, utilizar una herramienta prevista en la Constitución, pero para lograr un objetivo totalmente diferente para el cual quedó establecida”.

El constitucionalista Tomás Jordán, en cambio, considera que los alcances de esta decisión son complejos y solo se podrán analizar con el fallo: “Esta decisión le otorga más poder al Presidente, porque en el fondo le está quitando poder de reforma al Congreso”.

La redacción del voto de mayoría será coordinado por Aróstica y Fernández y deberá estar lista, a más tardar, el 30 de diciembre. Esta decisión no afecta al primer retiro del 10%, del cual Piñera no quiso pedir su inconstitucionalidad, y tampoco al segundo, ya que fue presentado por el Ejecutivo.

Desde el gobierno han señalado que hay al menos 11 proyectos del mismo origen tramitándose en el Congreso que serían inconstitucionales.

La decisión generó reparos en el Poder Legislativo -principalmente de parte de parlamentarios de la oposición- la que atribuyeron al rol dirimente de Brahm y su vínculo político con el Mandatario. La presidenta del organismo es cercana a RN, fue jefa de asesores del Segundo Piso en el primer mandato de Piñera y fue designada en su cargo por el Jefe de Estado.

“La ‘tercera cámara’ nuevamente hace de las suyas. El TC dirime con voto de su presidenta, exasesora de Piñera, que una reforma constitucional promulgada por el mismo gobierno, ahora es inconstitucional. Nueva Constitución tendrá que cambiar esta institución deslegitimada”, afirmó el senador Juan Ignacio Latorre (RD). Más cauta fue la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), quien aseguró que esperará conocer los alcances del fallo, aunque admitió que “esto abre un nuevo capítulo en la relación del Senado, la Cámara y el Ejecutivo, y el Presidente de la República, en materia de tramitación de reformas constitucionales”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker (DC), cuestionó la determinación y advirtió que con esto queda en entredicho el ejercicio de poder constituyente derivado del Congreso, “generándose una situación muy conflictiva, que hace depender cualquier modificación constitucional de la firma de un Presidente de la República que está con un 7% de aprobación”.

Desde el gobierno valoraron la decisión y en un comunicado afirmaron que “sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y estado de derecho”.