Falta de boletas de garantías: Cordero asegura que gobierno “advirtió” al Congreso y que actuó pidiendo al CDE retener fondos de Democracia Viva
Ministro de Justicia dijo que fue su par de Vivienda, Carlos Montes, quien el 4 y 5 de julio informó al Senado y a la Cámara que no existían dichos documentos en los convenios con fundaciones, y que el 14 de este mes solicitó la medida precautoria al Consejo de Defensa del Estado.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió la tarde de jueves a la falta de boletas de garantía en los convenios entre el Estado y organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la fundación Democracia Viva, caso que encendió las alertas de posibles irregularidades en los traspasos directos de dineros, y que derivó en la crisis que atraviesa el gobierno, y en especial el Frente Amplio.
En horas de la mañana, el secretario de Estado ya había confirmado que en varios de los convenios entre ministerios e instituciones privadas no se habían establecido boletas de garantía para asegurar la eventual reintegración de dineros.
“Hay un elemento común en los convenios de transferencia, no solo en este, en general, esta es una información que fue levantada desde el inicio, que buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía, ojo con eso”, reconoció en entrevista con Radio ADN, luego que en las últimas horas el medio TimeLine, que sacó a la luz el caso de Democracia Viva, diera a conocer este nuevo antecedente.
En esa misma línea, la autoridad explicó la razón para que el Ministerio de Vivienda de Antofagasta no exigiera boletas de garantía a Democracia Viva, y tampoco se hiciera en los demás casos similares.
“En el caso de los programas de asentamientos precarios, originalmente las transferencias eran realizadas a los municipios, cuando usted organiza transferencias entre organismos públicos en general no se requieren boletas de garantía, y cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro se mantuvo una inercia y no se exigieron tampoco boletas de garantía”.
Horas más tarde, Cordero se volvió a referir a la falta de boletas de garantía, asegurando que no son un requisito que exija la ley, sino que solo sería una “medida de buena administración.
“Los servicios podrían requerir cauciones como medida de buena administración. En otros términos, la propia Contraloría ha señalado que, en los casos de las transferencias de capital, en los asuntos vinculados al Programa de Asentamientos Precarios no se requieren cauciones, salvo como medida de buena administración, entendiendo buena administración que esas transferencias de capital buscan la ejecución de programas de trabajo en el tiempo”, explicó.
Y agregó: “Qué tienen en común las transferencias realizadas en el contexto de este programa a las entidades sin fines de lucro: que no se les ha exigido boletas de garantía”
Asimismo, aseguró que el gobierno, a través de su par de Vivienda, Carlos Montes, advirtió al Congreso sobre la falta de boletas de garantía en muchos de los convenios con fundaciones.
“El ministro Carlos Montes, en su comparecencia al Congreso, los días 4 y 5 de julio, advirtió en todas las comisiones en las cuales él se presentó, que uno de los defectos que él identificó, y su equipo, es que, en estos contratos, pese a que eran transferencia de capital, no existían boletas de garantía”, aseveró el secretario de Estado.
Sobre las medidas que ha tomado el gobierno para intentar que los dineros transferidos a las fundaciones cuestionadas sean reintegrados, dijo que, por ejemplo, Montes hizo la solicitud al Consejo de Defensa del Estado para retener los fondos de Democracia Viva.
“El término del contrato con Democracia Viva, que fue el día 14 de julio, y que además llevaba la liquidación del monto de 391 millones, ese día reservadamente, el Ministerio de Vivienda le solicitó al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una medida prejudicial precautoria para resguardar los fondos públicos que se encontraban en esa cuenta corriente”, aseguró.
Como se conoció, la fundación Democracia Viva interpuso un recurso de reposición con el objeto de evitar devolver los dineros a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. En efecto, se trata de 391 millones de pesos, correspondiente al 92% de los recursos entregados a fines de 2022, los que el fisco pidió reintegrar.
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