A sólo tres firmas estuvo el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) de presentar el requerimiento al Tribunal Constitucional con el que buscaba impugnar la ley de reforma previsional que se aprobó el pasado 29 de enero en la Cámara de Diputados.

El plazo que tenía el parlamentario para presentar el documento culminó ayer en la noche, pues contaba con cinco días corridos una vez despachada la norma desde el Congreso Nacional.

En el transcurso de esos días, el legislador opositor buscó las firmas necesarias para llegar hasta el TC con el objetivo de derribar la norma completa. La apuesta de Arroyo era que los 38 diputados que votaron en contra en la Cámara se sumaran a la ofensiva que estaba liderando. Incluso, existía una fuerte presión a nivel de redes sociales para que más diputados se sumaran a esta jugada.

Sin embargo, culminado el plazo, Arroyo fracasó en su intento. “El tramitar esta ley a última hora y ad portas de que salieran todos de vacaciones podría pensar que se actuó no de buena fe”, se lamentó el diputado, complementando que “si hubiera sido semana normal el día lunes los habría encontrado en la sala haciendo que todos firmaran y cumplieran su compromiso”.

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En ese contexto, la última carta que le queda a Arroyo es elevar un “téngase presente” al TC, que es un mero documento que, de acuerdo a la doctrina que ha establecido el órgano constitucional, es un oficio de menor peso jurídico y ante el cual no está obligado a pronunciarse.

Frente a esta posibilidad, el parlamentario socialcristiano tiene otro antecedente que haría fracasar esta ofensiva. Dado el amplio respaldo que recibió el proyecto previsional en su segundo y tercer trámite, el TC operaría con el criterio de “deferencia con el legislador”, es decir, no hacer una revisión exhaustiva de la norma dada la alta cantidad de votos a favor que recibió en las dos cámaras del Poder Legislativo.

En ese marco, el TC únicamente entrará a revisar las normas que son de rango constitucional.

En diciembre pasado, cuando la ley antiterrorista -que se promulgará hoy en el Palacio La Moneda- enfrentaba su último trámite en el Congreso, las bancadas de los diputados del PC y el FA anunciaron que recurrirían al Tribunal Constitucional para impugnar una serie de artículos del proyecto.

Sin embargo, al igual como le ocurrió a Arroyo, los bloques oficialistas no consiguieron la cantidad de rúbricas necesarias para ir hasta el órgano constitucional.

El reparo decía relación con la autorización para usar dispositivos electrónicos, denominados IMSI catcher, que permiten rastrear metadatos de los teléfonos celulares en un radio de kilómetros con el fin de detectar individuos sospechosos y neutralizar amenazas.

La idea de recurrir al TC fue levantada por la diputada Alejandra Placencia (PC). Fue ella quien hizo la reserva de constitucionalidad, invocando el numeral 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales”.

“Lo que se abre es algo muy peligroso, es un espionaje masivo a la ciudadanía, eso es lo que se ha abierto con esta herramienta”, cuestionó Placencia antes de que el proyecto fuera votado por ambas salas del Congreso en su último trámite.