Fast track de seguridad: los proyectos en recta final y los nudos que siguen tensionando a los parlamentarios

“El segundo proyecto que aprobamos fue el de los funerales de alto riesgo, en donde a partir de lo que se determina como la muerte de una persona, cualquiera -pero estamos orientándolo hacia el crimen organizado, pero puede ser cualquiera que genere funeral de alto riesgo- hoy día va derechito desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar de cremación. Y estamos discutiendo si es con velorio o sin velorio, porque si no, transgredimos otras normas que tienen que ver con libertad de culto”.

Con esas palabras, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), en la sesión del 29 de agosto daba cuenta del estado de avance del fast track en materia de seguridad que está alojado en la instancia de la que es titular.

Los funerales de alto riesgo -o narcofunerales- que han paralizado el funcionamiento de colegios, ha debido ser abordado en sede legislativa, por lo que el gobierno del Presidente Gabriel Boric lo incluyó en el fast track -agenda de seguridad destinada a despacharse con celeridad desde el Congreso- y que está próximo a convertirse en ley.

Sin embargo, el senador Flores también sinceró uno de los nudos que le quedan a la iniciativa, que dice relación con cuándo empieza a contarse el plazo para la inhumación del cuerpo. Al respecto, desde el Ministerio del Interior aseguran que, más que un nudo del proyecto, lo que plantea el senador Flores son “dudas operativas” que deben resolverse mirando con cuidado la ley de culto, pues la alusión que hizo el senador respecto al velorio, tiene que ver, señalan las mismas fuentes, con el “rito mortuorio” que se lleve adelante.

Para resolver esas dudas, transmiten desde el gobierno, a la sesión de este lunes -convocada para las 15.30 en el ex Congreso de Santiago hasta total despacho- irá el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, además de asesores de Interior, como Ana Lya Uriarte.

El pasado 6 de agosto se constituyó la comisión mixta, conformada por senadores y diputados miembros de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras, para resolver los nudos críticos del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad.

Luego de un mes de discusión -en donde sus protagonistas transmiten que tendrán un segundo mes de debate para despachar la iniciativa-, los nudos que van quedando son tres.

Uno de ellos es el diseño final de la Subsecretaría de Prevención del Delito que, según transmiten, debiese quedar articulado de mejor manera con otros ministerios, pues la tarea de prevenir una actividad delictiva -o que una persona o un menor caiga en ella- puede darse en diferentes áreas y no únicamente en lo que se refiere a la seguridad pública.

Junto con ello, en la última sesión de la comisión se instaló una duda, principalmente por parte de parlamentarios opositores, que tiene que ver con el tipo de información que va a manejar el subsecretario de esa repartición.

Quien se encargó de transparentar la inquietud fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien indicó que “la problemática que tiene el subsecretario de Prevención del Delito es que él no participa del tema operativo, por lo tanto, entre más restrinjamos esta información que pueda mal usarla, lo encuentro superpeligroso”.

En ese sentido, continuó Ossandón, “en la lógica de la planificación de los programas no necesitas tener acceso a inteligencia, necesitas la información que le tiene que dar otro ministerio, pero no es que él pida directamente a inteligencia, sino que, por ejemplo, yo le puedo pedir al subsecretario de seguridad pública, ‘oiga, dígame usted cuáles son los barrios críticos donde están las bandas’”.

“No tiene por qué acceder a un informe de inteligencia”, cuestionó el senador.

Inmediatamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se hizo cargo del planteamiento de Ossandón, respondiendo que “en el marco normativo en que esto está inscrito, las sanciones por relevar información son altas”. Y añadió: “Es importante que el subsecretario tenga responsabilidad por la información que va a manejar”.

En la oposición también cuestionan que el jefe de la cartera de Interior podría quedar como un “superministro”, dado los poderes políticos con los que contaría. “Podría vulnerar el régimen político presidencial que impera en Chile”, critican en privado.

El último nudo dice relación con el seremi de Seguridad o el comisario de la región. La duda que se ha instalado con esta figura es quién se entenderá con el director de zona de Carabineros, si el seremi o el delegado presidencial.

Sin embargo, desde Interior señalan que será el delegado presidencial. Incluso, aseguran que esa autoridad “va a ser el jefe”. “No queremos que exista un doble mando”, agregan desde ese ministerio.

Respecto a la proyección de la discusión, aseguran que deberían quedar cuatro sesiones, estimando que entre fines de septiembre y principios de octubre debería estar despachado el proyecto.

Esta iniciativa, alojada en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, tiene por objetivo fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia.

Aunque sus integrantes se muestran optimistas para un pronto despacho de la iniciativa, confiesan que ahora están entrando a uno de las materias clave: la Agencia Nacional de Inteligencia Civil.

Desde la oposición, se muestran reacios a esta institución. La presidenta de la instancia, la diputada Camila Flores (RN), manifestó que está en contra de este cuerpo que se crea y adelantó que la discusión al respecto “se va a venir intensa”.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Brito (FA) indicó que “nuestra postura en torno a esto ha sido invariable en todos los años de tramitación de la nueva ley de inteligencia y es fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, dotándola de capacidades suficientes para el control, mando y conducción del sistema de inteligencia del Estado”.

“El Presidente de la República necesita de informes que puedan adelantarse a sucesos que afecten a nuestro país. Para eso los servicios de inteligencia militar, policial y civil deben orientarse a funcionar como un sistema que permita robustecer las capacidades del Estado de Chile”, complementó Brito.

Aunque en la comisión esperan despachar el proyecto a la sala de la Cámara a finales de este mes, la discusión sobre este punto podría alargar los plazos.

“La meta que nos hemos impuesto es intentar sacar este proyecto durante el mes de septiembre, vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra, sin perjuicio de tener muy claro que este es un proyecto que impacta muy fuertemente en la sociedad y que por lo tanto hay que hacerlo rigurosamente a pesar de la premura que tenemos en cumplir con los plazos”, manifestó la presidenta de la comisión.

Para cumplir con los tiempos, incluso, la comisión está sesionando de forma especial durante la mañana, aparte de las sesiones ordinarias que se dan durante la tarde.

Entre todos los protagonistas hay una coincidencia: esta semana la Comisión de Seguridad de la Cámara debería despachar a la sala de la Cámara la ley antiterrorista.

Resueltos los nudos críticos -como el terrorista individual y el catálogo de autoridades que entran como víctimas de un atentado terrorista-, la comisión ha avanzado con cierta celeridad.

De hecho, entre los parlamentarios del oficialismo y de la oposición, además del gobierno, se muestran confiados en que esta semana -a más tardar el miércoles- la comisión pueda evacuar el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados.

De no lograrlo, la discusión podría prolongarse hasta la semana del 23 de septiembre, de regreso de la distrital, donde los parlamentarios tienen trabajo territorial en sus regiones.

La presidenta de la comisión, Gloria Naveillán (IND), dijo que “si el ideal se diera y no hubiera ningún problema el miércoles, no hubiera que suspender la sesión antes ni nada por el estilo, podríamos citar hasta total despacho el miércoles y sacar el proyecto de la comisión”.

La complicación que desliza Naveillán se da porque el miércoles es 11 de septiembre, un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973, lo que podría motivar a algunos parlamentarios a regresar con anticipación a sus respectivas residencias, ante hechos que puedan generar especial congestión vehicular en las calles de Valparaíso.

“La urgencia de discusión inmediata vencía este lunes, lo cual me permitía a mí citar hasta total despacho, pero el gobierno, no tengo idea por una falta de comunicación interna, obviamente por una falta de comunicación conmigo, le renovó la urgencia, y eso significa que ya no puedo citar el lunes hasta total despacho, y con una sesión normal más no alcanza”, agregó Naveillán, aventurando que podrían tomarse el lunes y miércoles para despachar el proyecto.