GOPE allana sedes de Comunes y fiscal Barros acude a casa de Karina Oliva para realizar diligencias en el marco de investigación por presunto fraude en gastos de campaña

Esta tarde, el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, llegó hasta la sede del partido Comunes, ubicada en el barrio Concha y Toro, en la comuna de Santiago, para realizar una serie de diligencias en el marco de la indagatoria por presunto fraude de subvenciones.

Indagatoria que se enmarca en la denuncia realizada por Ciper respecto al caso de millonarios pagos a asesores de la campaña a gobernadora regional de Oliva. El citado medio dio a conocer que el equipo asesor de la actual postulante al Senado por Comunes presentó ante el Servicio Electoral (Servel) boletas de honorarios por un total de $137 millones.

La autoridad arribó hasta el lugar acompañada de personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE), el cual forzó la reja y la puerta del inmueble -tras una orden del 7° Juzgado de Garantía- para permitir el ingreso del persecutor, junto a personal de la Unidad de Lavado de Activos de la institución uniformada. Asimismo, se ingresó a otra sede del partido ubicada en calle Merced.

Al respecto, el fiscal de Alta Complejidad Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó desde una de las sedes allanadas que “en virtud de una denuncia que se realizó sobre el posible financiamiento ilegal de la política, se realizaron a partir de ayer distintas diligencias (...) para tratar de establecer de la forma más clara posible, la comisión o no de hechos constitutivos de delito y la participación o no de determinadas personas”.

En este sentido, explicó que el allanamiento a la sede de Comunes se realizó tras una autorización judicial, solicitada luego de que les fuera negado el ingreso voluntario al domicilio.

“En primer lugar se intentó solicitar la autorización voluntaria para el ingreso y registro en distintos lugares. Como no se logró, se pidió autorización judicial respectiva y se están realizando estas distintas diligencias a través del día para reunir la mayor cantidad de antecedentes”, indicó el fiscal Bugueño.

Desde el lugar se incautaron computadores y documentación. “Lo que se encontró dentro del domicilio y lo que se incauta es parte de la investigación y, en ese sentido, esta documentación nos va a dar las luces de la existencia o no del delito denunciado”, agregó el persecutor.

El actuar policial fue criticado desde Apruebo Dignidad por el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, quien en su cuenta de Twitter reiteró que aunque el caso del equipo de Karina Oliva “debe ser investigado sin matices”, destacó que “en la democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras con transmisión en vivo a horas de una elección”.

Mediante un comunicado, la directiva transitoria de Comunes rechazó la acción policial, calificándola como “desproporcionada” e “injustificada”, ya que, según afirmaron sus integrantes, “se realizó sin oposición de ninguna persona de nuestro partido y en nuestra ausencia”.

“Hemos conocido por televisión el allanamiento y registro de la sede de nuestro partido por parte de efectivos del GOPE de Carabineros de Chile. Ninguna de las integrantes de nuestra dirección fue informada previamente de la diligencia”, aseguraron.

“Queremos ser enfáticas en que los graves hechos denunciados por CIPER deben ser investigados, por eso hemos estado y seguiremos estando a disposición de colaborar y en ningún caso obstruir la investigación”, agregaron.

La misiva -firmada por la secretaria general Camila Rojas, y los vicepresidentes Carolina García, Doris González, Gonzalo Montoya y Emilia Schneider- destaca que, a raíz de la investigación contra el equipo de Karina Oliva, fueron ellas quienes pidieron la renuncia al partido de los involucrados, “lo que se concretó con la renuncia de Jorge Ramírez, ex presidente de Comunes” y que “mediante dispositivos partidarios propios, en este caso el Tribunal Supremo, fuimos quienes establecimos la suspensión de dichos militantes”.

Agregaron que, de esta manera, “desde el punto de vista de la investigación, la acción judicial, realizada en nuestra ausencia y televisada, carece de toda lógica, desde el punto de vista judicial. Condenamos las medidas desproporcionadas e injustificadas que tomó la Fiscalía y Carabineros de Chile. Y hacemos notar que a días de las elecciones nos parecen un acto que falta al debido proceso y más grave aún se constituye como una ofensiva de intervencionismo electoral”.

La directiva transitoria además informó que envió una carta al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, para que se pronuncie el organismo sobre estos hechos y se tomen medidas judiciales.

Los allanamientos sucedieron horas después de que el fiscal Héctor Barrios se trasladara esta tarde hasta la casa de la excandidata a la gobernación de la RM y actual postulante al Senado, Karina Oliva, con el fin de tomar contacto voluntario con la involucrada.

Sin embargo, el fiscal Milibor Bugueño informó que, en esa diligencia, “no hubo contacto con doña Karina Oliva. En el lugar nos informaron que ella no se encontraba, pero si se han realizado muchas otras diligencias tendientes efectivamente a que pudiéramos obtener la mayor cantidad de información posible en esta etapa temprana de la investigación”.

La decisión del Ministerio Público de abrir una investigación de oficio se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), causa que quedó a cargo del fiscal Barros, por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott.

En la mañana, el fiscal Barros dio un punto de prensa donde explicó que “hemos dispuesto una serie de diligencias ya que las está trabajando directamente Carabineros de Chile a través de la unidad de lavados de activos que ellos tienen, donde ya están realizándose ciertas diligencias y donde también hemos requerido al Servicio Electoral la remisión de los antecedentes que constan también en su poder para efectos de poder delinear la investigación”. Personal especializado del Departamento OS-7 de Carabineros desarrolla esas tareas.

Es así como esta tarde se concretó la diligencia en la casa de Oliva, pero también, según pudo confirmar La Tercera, la Fiscalía está actuando en “diversos puntos”. El objetivo de la visita a la residencia de la candidata al Senado, según fuentes de la investigación, fue para tomar contacto voluntario con ella.

“Nosotros lo que estamos investigando actualmente es un fraude a las subvenciones en el fondo, que está establecido como delito en el artículo 470, número 8, del Código Penal”, que sanciona “a los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas”, agregó en la mañana el persecutor.

El fiscal Barros comentó que “no tenemos facultades para meternos en la ley electoral”, señalando que “es de competencia la denuncia exclusivamente del Servel”.

El caso generó diversas repercusiones políticas. La más importante, fue que Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, pacto por el que Oliva postula al Senado, le quitó su apoyo. Lo mismo hicieron diversos partidos del bloque quienes dieron libertad de acción a sus militantes (como Comunes) o, derechamente, llamaron a respaldar a otros postulantes.